El Gobierno de Pedro Sánchez abre otro frente con los jueces y fiscales, esta vez en referencia a las condiciones laborales de los empleados de Justicia. Su negativa a ampliar la cartera de plazas prometida a los jueces hace meses a cambio de que no fuera a una huelga indefinida, ha sentado como un jarro de agua fría en la judicatura. No entienden que el Ministerio de Justicia justifique su inacción en que el Ejecutivo está en funciones desde el pasado mes de mayo.

Tres de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han emitido este jueves un comunicado conjunto en el que informan de que el Ejecutivo no ha cumplido los términos recogidos en el acuerdo, firmado el 23 de mayo. En concreto, han omitido la petición de aumentar en cien las plazas de acceso a ambas carreras en 2023.

Las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), explican en el escrito que el acuerdo incluía el compromiso de seguir trabajando en sus condiciones profesionales, incluyendo otros aspectos retributivos no tratados, mediante la continuación de la llamada 'mesa de retribuciones', que debía volver a reunirse en el plazo máximo de tres meses.

Fuentes del Ministerio de Justicia, por su parte, explican a Vozpópuli que el acuerdo firmado en el 23 de mayo exigía una modificación de los Presupuestos Generales del Estado 2023. Por ello, es "imposible" llevar a cabo esa ampliación de plazas hasta que se aprueben los próximos presupuestos generales.

Justicia no logra convencer a los jueces

Luis Ortiz Vigil, miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, explica a este medio que la convocatoria de oposiciones publicada este mismo jueves en el BOE, "es exactamente igual que la del año pasado". Se han convocado 120 plazas para jueces y 80 para fiscales, lo que es un "incumplimiento evidente" del acuerdo que se firmó con el Ministerio de Pilar Llop.

El juez declara que los términos de la firma no se han cumplido "por razones que no logran entender", ya que en "otras ocasiones se han conseguido habilitar mecanismos legales que han permitido llevar a cabo cambios" en los presupuestos, aun con un Gobierno en funciones en la Moncloa.

"Detrás de ese incumplimiento hay consecuencias que tienen cara y ojos. Esto repercute al final en que la ciudadanía no ve adecuadamente satisfechas sus demandas. Estamos viendo de forma constante que hay retraso en la Justicia, que los señalamientos se dilatan o que las personas tienen que esperar mucho tiempo", denuncia Ortiz Vigil.

Casi 20 años sin 'mesa de retribuciones'

Según defienden desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), las exigencias de jueces y fiscales, independientemente de la situación política, van más allá del partido que esté en el poder. Se trata de una petición al Gobierno de España, después de casi veinte años sin llegar a un acuerdo respecto a las condiciones laborales de ambas carreras. "No es un acuerdo que se firme todos los años. Nos ha costado muchísimo tiempo conseguirlo y, a pesar de todo ello, el Ejecutivo no está cumpliendo", añade.

Respecto a si existe la posibilidad de que se inicie de nuevo una huelga, Ortiz Vigil es prudente: "Habrá que ir valorando cada situación en cada momento y tomar las decisiones. Habrá que ver la posición del Ministerio y cuál puede ser la evolución".

Aprobación de los presupuestos

El representante de la AJFV recuerda que el incumplimiento del acuerdo no solo hace referencia a la creación de plazas. "El Ministerio se comprometió a tener reuniones con nosotros para activar una serie de cuestiones que afectan también a nuestro estatuto profesional", sin embargo, esos plazos no se han cumplido.

Fuentes del Ministerio de Justicia excusan la no ampliación de plazas en que las Cortes Generales se disolvieron seis días después de la firma del convenio, lo que impidió la actualización. Ahora, a la falta de la renovación del Gobierno de Sánchez, queda esperar a que el nuevo Congreso de los Diputados apruebe los Presupuestos Generales del Estado.

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