Las redes sociales se están apoderando del tiempo libre de la juventud. Twitter, Tik Tok, Instagram, YouTube, Twitch... Un sinfín de aplicaciones donde las nuevas generaciones se pasan inmersos durante horas matando el rato y enganchados a la pantalla del móvil. Y es que los padres no son partidarios de que sus hijos dediquen tanto tiempo a las nuevas tecnologías o que sus ídolos sean los tan archiconocidos 'influencers'.
A coalición de esta demanda de las familias, el Gobierno, de la mano de la Unión Europea, ha querido establecer una serie de directrices que deben seguir las publicaciones de las principales redes sociales que se utilizan en nuestro país. Unas medidas que no están dirigidas a restringir el contenido en Instagram o en otras redes sociales, sino a controlarlo.
Para ello, el Ministerio de Consumo ha publicado un comunicado este martes 17 de octubre en el que informa que comenzarán a investigar las publicaciones de influencers y creadores de contenido con un objetivo claro: determinar si cumplen con la legislación de la Unión Europea (UE) sobre prácticas comerciales desleales y evitar así la publicidad engañosa.
Todas estas investigaciones que se llevarán a cabo en los próximos meses se efectuarán bajo las normativas de la UE. "La actuación, que se llevará a cabo en distintos países del Espacio Económico Europeo, estará coordinada desde la Oficina de Enlace Única de la red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC) de la Dirección General de Consumo y en ella también participarán autoridades competentes de algunas comunidades autónomas", explica Consumo en su comunicado.
Un nuevo paradigma. Las normativas se harán efectivas en las próximas semanas, aunque no se ha aclarado a los creadores de contenidos de Instagram, Tik Tok o Twitter cuál será el día exacto. En cuanto a la investigación, las autoridades nacionales de la red de CPC, tuteladas por la Comisión Europea, se encargarán de seleccionar, analizar e investigar las publicaciones de cada uno de los países miembros y certificar si se han seguido a rajatabla las indicaciones y obligaciones legales fijadas en las directivas europeas.
Erradicar la publicidad engañosa de Instagram, Twitter, Tik Tok...
"El objetivo es que el comercio online sea igual de seguro y ofrezca las mismas garantías a las personas consumidoras que el offline, ya que la legalidad de la publicidad en redes sociales es una de las prioridades comunes de las autoridades europeas en materia de protección al consumidor", asevera Consumo en lo que se refiere a las publicaciones de Instagram o Tik Tok.
En España este rastreo dio inicio el pasado mes de julio. La Subdirección General de Inspección y Procedimientos Sancionadores (SGIPS) lleva varios meses en funcionamiento y con rastreos simultáneos para erradicar la publicidad engañosa. No solo es cuestión de eliminar, sino que también pretenden identificar posibles casos de publicidad encubierta por parte de influencers y, como resultado, ha enviado advertencias de sanciones a importantes comunicadores al comprobar que han difundido mensajes sin revelaciones relevantes.
Una fase beta que ha desvelado una serie de datos preocupantes. Según el primer análisis preliminar del SGIPS el 77,75% de los contenidos investigados no cumplían con las obligaciones de divulgación. Hay que recalcar que esto se puede deber a que los influencers de Instagram, Tik Tok o Twitter no estuvieran al tanto de la legislación que se ha implantado desde la Unión Europea. Por ello, la Comisión Europea ha lanzado el Influencer Legal Hub, un espacio que proporciona información clave sobre la legislación europea en el ámbito de la protección al consumidor.
Para terminar, Consumo ha querido recalcar sus logros en lo que se refiere al paquete de medidas que han puesto en marcha en Instagram, Twitter o Tik Tok para hacer frente al consumo masivo de las redes sociales y el uso responsable de las mismas: "Con esta actuación coordinada a nivel europeo, el Ministerio de Consumo refuerza la protección de las personas consumidoras ante la publicidad que reciben en redes sociales y, en especial, la de la población más vulnerable, como es el caso de los menores".
