El contratista imputado en el 'caso Cuarteles', Ángel Ramón Tejera de León (alias 'Mon'), ha remitido un escrito al juzgado en el que explica que ha realizado trabajos para la Guardia Civil desde el año 2000 hasta la actualidad, lo que afecta a gobiernos del PP y también del PSOE. El pronunciamiento del empresario se produce en paralelo a la decisión de la magistrada de interrogarle el próximo 15 de noviembre.
Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid le ha citado ese día a las 13.00 horas para que responda por las obras que están bajo el foco de la Justicia. El empresario fue uno de los primeros imputados en las diligencias que arrancaron en un juzgado de Ávila por las obras de 25 acuartelamientos de dicha provincia. Tras ello se detectaron irregularidades en 13 comandancias de todo el país. Se apunta a un fraude de 3,3 millones de euros.
Tras el estallido del caso, que se produjo a consecuencia de la investigación contra 'tito Berni', el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuntó al Partido Popular. El ministro vinculó esta causa de corrupción al gobierno de Mariano Rajoy, ya que se investigan las adjudicaciones concedidas entre 2014 y 2019. No obstante, el empresario habla de licitaciones que se remontan al año 2000.
En su escrito, que avanza Vozpópuli, defiende la legalidad de su actuación y anuncia que realizará una pericial propia en paralelo al peritaje independiente del juzgado. Además pide a la magistrada María Isabel Durántez que cite como testigo al que fuera director general de la Guardia Civil entre 2016 y 2018, José Manuel Holgado.
Más obras en los cuarteles
El motivo reside en que Holgado, magistrado de carrera que sustituyó a Arsenio Fernández de Mesa, dictó el 27 de diciembre de 2017 el archivo definitivo de la investigación que realizó Asuntos Internos en relación con las obras de los cuarteles. Al respecto, el contratista apela a una información del diario El País del pasado 14 de marzo que apuntó a órdenes del entonces gobierno del PP para archivar estas diligencias.
El empresario canario, que se ha visto salpicado en el caso del 'tito Berni', subraya en su escrito que "resulta especialmente relevante" destacar que ha trabajado en obras de acuartelamientos de toda España desde hace más de dos décadas. Por ello pide que se recabe recabe de la Dirección General de la Guardia Civil el expediente completo y el informe que se puso fin a esta investigación.
Resulta especialmente relevante poner de manifiesto que mi representado, con sus distintas empresas, ha realizado trabajos para el Cuerpo de la Guardia Civil desde el año 2000. Igualmente continuó haciendo obras con posterioridad al cese del teniente general Pedro Vázquez Jarava
Las obras, según defiende, se realizaron en los cuarteles de las localidades onubenses de Almonte, Ayamonte y de Cerro de Andévalo, además de la Comandancia de Huelva; la reforma del pabellón de la Matalascañas; el cuartel de San García en Algeciras; trabajos en los calabozos de Canarias en 2004; cubiertas de la comandancia de Tenerife y adaptación de los calabozos en Lanzarote, Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma, entre otras.
Del mismo modo, pide que se libre oficio a la comandancia de la Guardia Civil de Tenerife para que aporte el expediente de demolición del acuartelamiento del municipio de Garachico. También a la comandancia de la Guardia Civil de Alicante para que aporte los expedientes completos de contratación de su trabajo en los cuarteles de Castalla, Cocentaiana, Jacarilla, Bañeres de Mariola, San Miguel de Salinas, Muro de Alcoy, Benidorm y la Comandancia de Alicante.
Al hilo reclama que se libre oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de que se remita información relativa a Solocorcho, Angrasurcos y CanaryCork; las empresas que se adjudicaron estos trabajos. Se trataron de obras sobre pintura y permeabilización de algunos cuarteles que, según la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, se habrían abultado llegando incluso a no terminarse y, en algunos casos, ni empezarse.
"Meras conjeturas" de la Fiscalía
Al respecto, 'Mon' carga contra las principales acusaciones del caso, a las que reprocha que no detallen los presuntos pufos ni enumeren las obras que no se han realizado. Por ello les acusa de actuar sin rigor y de exponer "meras conjeturas".
Además, rebate el criterio del Ministerio Público acerca de que se adjudicó estas obras gracias a la intervención del teniente general Pedro Vázquez Jarava. La Fiscalía sostiene que los trabajos se habrían troceado para facturarlos como contratos menores y que se costearon desde una asignación presupuestaria que se descentralizó desde la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, donde estaba destinado Vázquez Jarava.
El empresario rebate este criterio y dice que no existe prueba alguna de la imputación de los delitos de malversación, falsedad y ahora cohecho también. "Vázquez Jarava no tiene facultades de contratación en cada comandancia, no tiene facultades para adjudicar las obras y por lo tanto no tiene decisión sobre el contratista que la debe realizar", razona el escrito.
Al hilo sostiene que las trece comandancias que se han visto salpicadas en la causa de corrupción tienen autonomía para adjudicar este tipo de reformas. Además, apela a los tres años que transcurrieron entre que se adjudicó los trabajos en 2016 y se abrió la causa en un juzgado de Ávila en 2019. Según dice, no existe reclamación alguna contra él por parte de la Administración.
"No hubo desplazamiento patrimonial"
En lo que respecta a la empresa Angrasurcor dice que cuenta con una plantilla de empleados y que se dedica a trabajos de albañilería menor, proyección de corcho o pintura. Sobre esto alega que a día de hoy solo consta la investigación de la Comandancia de Ávila, la de Alicante y la obra de Garachico. El resto, dice, están pendientes del resultado del informe pericial que ha encargado el juzgado.
Finalmente, en lo que respecta a los presuntos pagos que habría girado 'Mon' a Vázquez Jarava en el mes de noviembre de 2016, sostiene que la acusación es falsa y que no se ha acreditado un desplazamiento patrimonial. Pese a su criterio, la juez ha abierto pieza separada para investigar el patrimonio del contratista canario.
Además, como avanzó este medio, dio orden de paralizar las obras que se pudieran estar llevando a cabo en los puestos de Tarifa (Cádiz); Tarazona de la Mancha (Albacete) y Jacarilla (Alicante) y que se habrían financiado con fondos europeos. La magistrada quiere esperar a que Patrimonio del Estado evalúe el estado real de las obras de cerca de una quincena de comandancias para esclarecer si hubo o no pufo.
Cabe recordar que las diligencias nacieron en un juzgado de Ávila al constatarse que el empresario canario se adjudicó obras de pintura y de impermeabilización en cuarteles de esta provincia. Sin embargo, un nuevo informe de Asuntos Internos apuntó ya a 13 cuarteles de todo el país, lo que propició la inhibición del juzgado en favor de los de Plaza Castilla. En estos momentos la magistrada ha ordenado que se reorganicen los peritajes que se están llevando a cabo en las provincias y ha pedido celeridad en la respuesta para poder avanzar en las diligencias.
Publio Cornelio
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