El Gobierno quiere blindarse frente a problemas con los proveedores sanitarios que ya sufrió en el pasado, en los peores compases de la pandemia. El Ministerio de Sanidad estudia las propuestas que le han presentado 155 empresas para adjudicar varios contratos por un valor total de 2.500 millones de euros. El departamento dirigido por Salvador Illa, no obstante, lanza una advertencia en el pliego de cláusulas administrativas: multará a aquellas firmas que entreguen el stock más allá de las fechas fijadas en el calendario.
Así consta en el apartado 18.3 del pliego de cláusulas administrativas de esta megalicitación, bajo el apartado que define el “lugar, plazo de entrega y recepción” del material sanitario. El Ministerio de Sanidad advierte de que, “en caso de demora en el cumplimiento de los plazos de entrega por causas imputables al contratista”, podrá rescindir el contrato de forma unilateral o imponer una sanción económica a la empresa.
La cartera de Salvador Illa se acoge al artículo 193 de la Ley de Contratos del Sector Público para establecer la cantidad con la que sancionará a los proveedores en caso de retraso en la entrega: 0,60 euros diarios por cada 1.000 euros del contrato. En otros términos, si el contrato tiene un valor de 100 millones de euros -el historial de contrataciones durante la pandemia recoge varios ejemplos bajo esos parámetros-, el proveedor tendrá que abonar 60.000 euros por cada día en que retrase su entrega.
Como contó este diario, el Ministerio de Sanidad estudia 475 ofertas presentadas por 155 empresas para la compra de material sanitario por un valor total de 2.500 millones de euros, que incluye batas de protección de diferentes modelos, guantes, gafas, diferentes tipos de mascarillas, test de detección del coronavirus y kits de extracción. El Gobierno se había propuesto terminar con todos estos trámites antes de que se desencadenase la segunda oleada de la pandemia, que los expertos vaticinaban a partir de este mes de octubre.
Un proceso "arduo"
Ahora, con España sumida en una grave crisis sanitaria por los nuevos brotes, el Ministerio de Sanidad aún trabaja en la selección y estudio de todas esas ofertas. “El proceso ha sido y está siendo arduo, dado que se han presentado en plazo 155 empresas, con un total de 475 ofertas a los once lotes publicados. Esperamos poder concluir los primeros lotes en los próximos días”, señalaban fuentes de Sanidad a Vozpópuli.
El retraso en la adjudicación de este 'megacontrato' ya inquieta a Comunidades Autónomas y al propio sector sanitario. Regiones como Madrid ya se han lanzado al mercado internacional para adquirir el stock por su cuenta tras expresar sus dudas sobre los plazos de adjudicación. Los profesionales de la sanidad aseveran que se incurre en “el mismo error de marzo”, cuando el Gobierno sufrió el desabastecimiento de todo material y se lanzó a un mercado internacional convulso.
Regiones como Madrid ya se han lanzado al mercado internacional para adquirir el stock por su cuenta tras expresar sus dudas sobre los plazos de adjudicación
Sanidad quiere blindarse frente a las desventuras que sufrió en el pasado; así se entiende que advierta a los contratistas de las sanciones económicas que les impondrá en caso de retraso en la entrega. Pero hay más. El pliego de cláusulas fija que la entrega correrá a cargo de la empresa proveedora, evitando así el gran despliegue que el sector público y empresas privadas realizó los pasados meses para traer el stock desde países como China.
El Ministerio también establece que los pagos se realizarán “una vez realizado el suministro”. Durante el estado de alarma, Sanidad tuvo que gestionar la devolución del dinero de varios lotes de material sanitario defectuoso o que incumplían los parámetros exigidos.
