El Gobierno y los grupos parlamentarios han acordado este miércoles darse de plazo hasta final de este año para intentar pactar las nuevas medidas de regeneración democrática y lucha contra la corrupción, según ha avanzado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. El Gobierno y la oposición crearán en el Congreso un grupo de trabajo. En abril se celebrará una serie de comparecencias de expertos, en junio comenzarán las reuniones para poner en común las medidas, y en el último trimestre se tramitarán las reformas legislativas.
En ese grupo de trabajo, que se creará dentro de la Comisión Constitucional del Congreso, se empezarán analizando los dos proyectos que ha presentado el Gobierno y que ya se están tramitando en la Cámara: una nueva Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos y el proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
El acuerdo se ha alcanzado en una reunión convocada en el Congreso por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que ha expuesto a los grupos los dos proyectos de ley aprobados recientemente por el Gobierno sobre control de la financiación de partidos y el ejercicio de los altos cargos.
Ayllón ha explicado que se ha establecido un "diálogo sincero" entre todos los partidos que están de acuerdo en que es imprescindible buscar fórmulas para regenerar la democracia y mejorar la imagen pública de las instituciones. "Todos estamos de acuerdo en el qué, ahora hay que buscar la mejor fórmula para ponernos de acuerdo sobre el cómo conseguir el objetivo", ha subrayado Ayllón, que ha informado de que también se buscarán pactos en las medidas penales contra la corrupción.
Por lo pronto, ya han acordado convocar la Comisión Constitucional del Congreso la próxima semana para fijar el calendario de comparecencias de expertos en la materia.
La dificultad de llegar a un pacto a la gresca
Sobre las críticas que ha recibido el Gobierno por haber enviado unilateralmente a la Cámara los dos proyectos legislativos para después abrir el debate al resto de partidos, Ayllón ha recordado que el Ejecutivo sólo ha cumplido el mandato parlamentario de poner a disposición de los grupos "una guía de trabajo".
Ayllón también ha salido al paso de los reproches de IU por los casos de corrupción en el PP, y que supuestamente inhabilitan al Gobierno para impulsar medidas contra esta lacra. "Quienes tienen que investigar la corrupción lo están haciendo y la voluntad, obligación y responsabilidad de los dos poderes del Estado que se han reunido hoy es poner en marcha medidas para luchar contra corrupción", ha subrayado.
Le ha contestado la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, que se ha congratulado de que el Gobierno "se haya dado cuenta" de que no tiene "ni credibilidad ni legitimidad" como para liderar un pacto anticorrupción con los casos que tiene el PP y las explicaciones que "deben".
Según Rodríguez, sólo un gran acuerdo entre las fuerzas políticas en el Parlamento puede otorgar a ese plan anticorrupción la legitimidad necesaria como para transmitir confianza a la sociedad.
No obstante, ha lamentado que se hayan perdido seis meses para llegar a la conclusión que -dice- ya propuso su partido hace medio año para que las medidas destinadas a combatir la corrupción se debatieran en el Parlamento, con comparecencias de expertos.
