La reforma de la Ley General Tributaria para poder dar a conocer el nombre de los grandes defraudadores de este país sigue en marcha y la intención del departamento que dirige Cristóbal Montoro es ponerla sobre la mesa del Consejo de Ministros antes de que acabe este mes. Pero no sólo, porque Hacienda quiere incluir en esos listados también a los morosos, es decir, a aquellos que sin haber ocultado sus ingresos con voluntad de engañar a la Hacienda Pública mantienen deudas fiscales con ella. Esta es la última novedad de una reforma que está dando más quebraderos de cabeza de los previstos pero a la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio carta de naturaleza el pasado martes durante la sesión de control al Gobierno en el Senado al expresar su intención de que "los incumplimientos tributarios más relevantes puedan ser objeto de publicación", como hacen otros países de nuestro entorno, tema que el Ejecutivo estudia "en profundidad" al fin de que sea una realidad "lo antes posible".
¿Y quiénes son esos grandes morosos?. Pues la lista puede incluir desde partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación o clubes de futbol. De hecho, a finales del año pasado los equipos debían a Hacienda la friolera de 700 millones de euros, eso después de recaudar 133 a lo largo de 2012. Ayer también se conocía supuesta deuda de formaciones políticas como Izquierda Unida, de un millón de euros, después de arrastrar durante años una situación económica más que comprometida. Y decimos supuesta porque el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, explicó que su partido "no debe ni un duro" a las administraciones públicas y que la deuda atribuida a IU Madrid "ya la está pagando".
También este miércoles el ministro Montoro dio algunas pistas al respecto en un nuevo amago contra otro colectivo. Después de acusar a actores, medios de comunicación y partidos de no cumplir con sus obligaciones tributarias, le tocó el turno a los tertulianos. Lo hizo en una entrevista en TVE cuando afirmó que "comprendo que muchas veces los llamados creadores de opinión tienen problemas con la Hacienda Pública, pero no lo admito. Los creadores de opinión tienen una responsabilidad ante la sociedad igual que los políticos, ¿o es que sólo la tenemos los políticos?". Aquel que "está ejerciendo un cargo social --continuó-- ha de tener una conducta transparente y ejemplarizante en la relación tributaria (...) Para eso tiene esa proyección social, que no es la misma que pueda tener cualquier ciudadano normal que no es conocido". En definitiva, "no se puede estar sentando cátedra todo el día sobre la justicia social y luego no pagar a Hacienda".
Debate entre la abogacía del Estado y la agencia Tributaria en torno a cuándo deben perder los datos su condición de reservados
Pero la reforma del artículo 95 de la Ley General Tributaria "no está siendo fácil", según han admitido fuentes de Hacienda. Ese es el artículo que hoy por hoy bloquea que se hagan públicos los listados de los que no cumplen con sus obligaciones fiscales, bien por hurtar al conocimiento de Hacienda sus ingresos, lo que les convierte en defraudadores, o por no pagar lo que deben aunque no haya ocultamiento. Aunque se está estudiando la legislación internacional parece que pierde fuelle el criterio de "relevancia social" que hace pocas semanas manejó el ministro. La Abogacía del Estado y los abogados de la Agencia Tributaria están volcados en este "complicadísimo" capítulo. El concepto de "relevancia social" tiene una gran carga de arbitrariedad aunque el ministro argumente que "no es lo mismo una gran empresa, un medio de comunicación, un equipo de fútbol o los sindicatos que una persona que tienen una frutería". Éste último "no tiene la responsabilidad social" que los otros, y "ése es el corte que estamos buscando".
No menos "verde" que este asunto, a decir de los medios consultados, lo está el momento en que esos datos pueden perder su condición de reservados. Si sólo fuera con sentencia firme por delito fiscal, --esto es, de más de 120.000 euros, con un subtipo agravado cuando lo defraudado supera los 600.000--, pocas diferencias habría con respecto a la situación anterior. En el caso de los morosos las dudas son similares, puesto que no se sabe si deben publicitarse esos nombres "cuando se abre un acta, cuando se hace una paralela, cuando es firme, cuando se ha recurrido...".
En fin, una cuestión de gran complejidad que va a exigir también reformar la Ley de Protección de Datos. Aún así, desde Hacienda insisten en que la reforma sigue adelante, que el compromiso era tenerla preparada en el primer trimestre del año y que se piensa cumplir ese plazo para que la reforma pueda ser remitida a los órganos consultivos e inicie su trámite parlamentario.
