Los grupos de la oposición se han lanzado a reclamar explicaciones por la manipulación de las cuentas públicas en la Comunidad Valenciana denunciada por Eurostat. Una semana después de que se hiciera pública la acusación de Bruselas, el montante de facturas ocultas y de gastos realizados pero no reconocidos supera los 2.650 millones de euros, según las cifras de la Unión Europea, sin que se haya depurado ninguna responsabilidad, razonan los grupos parlamentarios de Valencia y Madrid.
Los socialistas han pedido la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados. Por su parte, Compromís ha solicitado una comisión de investigación en el parlamento autonómico para pedir que se esclarezca el maquillaje de las cuentas públicas.
Los soclalistas han solicitado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparezca ante la Diputación Permanente del Congreso para "informar acerca de la práctica sistemática de 'guardar
facturas en los cajones' en la Comunidad Valenciana", según el escrito que ha registrado en la cámara baja el secretario del PSPV-PSOE, Ximo Puig. Según Puig, "el silencio del ministro no es una opción ante un escándalo de esta magnitud que amenaza con infectar a la credibilidad de las cuentas de otras autonomías", afirma.
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El PSOE ha desplegado también una iniciativa en las cortes autonómicas. Los socialistas reclaman igualmente que declaren los consellers de Hacienda y Sanidad en Les Corts, los departamentos que --según los socialistas-- han sido responsables de ocultar las facturas y de ocultar su contabilidad.
Compromís ha reclamado la creación de una comisión de investigación.
El síndico del grupo parlamentario, Enric Xavier Morera, ha solicitado ante el parlamento autonómico la "creación de una comisión de investigación para conocer los motivos y para depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar de la falsificación de las cuentas públicas valencianas de los últimos años y que ha puesto en observación la Unión Europea". La creación de una comisión de investigación será rechazada por el Partido Popular con mayoría suficiente en las Cortes Valencianas.
Dos propuestas de cambios legislativos
El PSPV ha planteado dos novedades legislativas para evitar que pueda perpetuarse la situación de manipulación contable:
- La aprobación de un nuevo proyecto de ley que impida al gobierno autonómico aflorar facturas por encima de un 5% del presupuesto oficial. "Cuando el importe de tales compromisos de gasto supere el 5% de los créditos iniciales del programa presupuestario al que corresponden, en el año en que se contrajeron de forma efectiva, se requerirá acuerdo del Pleno de Les Corts para su convalidación", plantea el proyecto. En el caso de facturas por importe inferior a un 5% del presupuesto, el gobierno autonómico podrá aprobarlas por sí mismo siempre que remita ese afloramiento "a Les Corts en el plazo máximo de diez días hábiles, acompañado de justificación documental bastante, acerca de la existencia y exigibilidad de los compromisos convalidados, así como de las causas que llevaron a que se adquieran indebidamente".
- La creación de incompatibilidades entre quien elabora o revisa esas cuentas desde la Generalitat y luego las fiscaliza desde la Sindicatura de Comptes, el organismo encargado de analizar esas cuentas de forma independiente. Esa iniciativa tiene en mente un nombre, el de Salvador Hernándiz, quien fue Interventor General durante los años cuestionados por Eurostat y que, a día de hoy, ocupa una plaza en el órgano de la Sindicatura.
Los textos legales que se intentarán pactar con todos los grupos de la oposición parten de la constatación de las irregularidades: "El Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat de 2012 ha puesto de manifiesto que en el citado ejercicio se produjo el afloramiento de un elevado número de facturas correspondientes a gastos realizados en ejercicios anteriores sin consignación presupuestaria".
