El tipo impositivo que el Gobierno establecerá para gravar a las entidades bancarias por su volumen de depósitos se moverá entre el 0,1 y el 0,2 por ciento, según explicó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en los pasillos del Congreso, tras su comparecencia en el pleno de control al Gobierno, donde defendió la decisión del Ejecutivo de imponer un tipo "muy moderado" para este tributo.
Montoro ha defendido la decisión del Gobierno de establecer un impuesto estatal a la banca con el fin de compensar a las CC.AA. que vieron anulado su impuesto autonómico en este sentido, es decir, a Cataluña, Extremadura y Andalucía. El ministro ha insistido, durante su intervención, en diferenciar este tributo de uno sobre los ahorradores, como el que se trata de imponer en Chipre.
El titular de Hacienda alega que es preferible para las entidades bancarias un impuesto estatal que, insistió, será muy moderado, antes que tener impuestos dispersos y diferentes en cada una de las CC.AA. Explicó que el tipo del impuesto aún no está decidido, pero sí señaló que no será nunca superior al 0,2 por ciento, y que previsiblemente estaría en torno al 0,1 por ciento.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el responsable de Hacienda ha recalcado que el impuesto estatal no es "recaudatorio" sino "para implantar orden en el mercado bancario español a raíz de la demanda que hizo la Comisión Europea", y ha hecho hincapié en que en España "no existe, ni ha existido, ni va a existir un impuesto sobre los depositantes, sobre los ahorradores", como el chipriota.
"No hay impuesto sobre depositantes, ni lo va a haber, sino que es otro impuesto sobre entidades bancarias, que es modesto y no recaudatorio, y sobre el que Gobierno prevé introducir un tipo muy moderado para compensar a las comunidades autónomas", ha insistido.
A la vista de la previsión de resarcir a las tres comunidades, el ministro ha rechazado que pueda criticarse el impuesto estatal por mermar la capacidad recaudatoria de las regiones e ir en detrimento de la oferta de servicios públicos, y ha pedido que se "normalice el debate" y no se traslade a los ciudadanos una información errónea.
