Paso a paso. Adjudicación a adjudicación. Expediente a expediente. La 'Operación Edu', la investigación iniciada hace año y medio por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre un supuesto fraude masivo en los cursos de formación para parados en Andalucía, ha empezado a coger grandes dimensiones. En las últimas semanas, agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de esta Unidad han realizado avances "muy significativos" en las pesquisas que seguían en Granada y Almería, e, incluso, han hallado indicios de irregularidades en una nueva convocatoria en Málaga, la provincia donde habían centrado hasta ahora la investigación. El importante paso adelante se produce justo en el momento en el que la Fiscalía ha entregado al Decanato de la Audiencia Provincial de Málaga la primera denuncia para que finalmente pase a manos de un juez la investigación de un escándalo que ha provocado un terremoto mediático y político tras ser destapado por Vozpópuli el pasado 11 de abril.
Las investigaciones han recibido en las últimas semanas un impulso inesperado gracias a información anónima y la colaboración de trabjadores de las empresas implicadas
Según las fuentes consultadas, los mayores avances en las nuevas líneas de investigación se han producido en la provincia de Granada, donde la UDEF ha encontrado un complejo entramado societario que acaparaba las adjudicaciones de estos cursos con millonarios beneficios para un reducido número de empresarios. Según fuentes cercanas a las pesquisas, los agentes han tenido que hacer un minucioso trabajo de rastreo que ha incluido el análisis del importante flujo de facturas que las mercantiles de la red hacían circular entre ellas para justificar los gastos ante el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el organismo de la Junta de Andalucía encargado de adjudicar los cursos de formación para desempleados. Una labor en la que los agentes han encontrado una ayuda inesperada y "muy valiosa", según la califican fuentes policiales: la abundante información que les ha llegado en las últimas semanas en forma de anónimos y la colaboración voluntaria que han empezado a prestar algunos trabajadores de las empresas implicadas.
También muy avanzadas están las pesquisas en Almería, donde las fuentes consultadas no descartan que en los próximos días la Fiscalía pueda presentar una denuncia ante los juzgados como ha ocurrido ahora en Málaga. De hecho, sus colegas de esta última provincia le han remitido datos sobre el fraude que ya aparecían reflejados en los primeros informes de la UDEF. Además, en Málaga, los agentes han encontrado una segunda adjudicación con graves irregularidades. Hasta ahora, las pesquisas se habían centrado en los cursos de formación para parados de la convocatoria del 15 de diciembre de 2010. De las 20 empresas que resultaron beneficiadas en ésta, la UDEF ha hallado indicios de fraude en 17 de ellas, por un importe total de 1,52 millones de euros. Las sospechas se centran ahora en una adjudicación anterior del mismo año y en otras diez empresas. En este caso, el 'agujero' se sitúa cerca del millón de euros, según las fuentes consultadas.
El papel de la Junta
En un primer momento, las pesquisas apuntaban a que la implicación de la Junta en el escándalo se limitaba a la falta de control e, incluso, a la desidia de los responsables del órgano responsable de controlar dichos cursos, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la Consejería de Economía. Sin embargo, en el último informe los agentes de la UDEF sobre el fraude en Málaga y los avances de la investigación en Granada y Almería les ha permitido acumular indicios de que algunas de las adjudicaciones fueron realizadas a dedo por altos cargos a empresas que claramente no cumplían las condiciones exigidas por la Ley. De hecho, sólo en las primeras 17 empresas investigadas, la Policía ha encontrado varios vinculos estrechos con responsables de la Junta o con ayuntamientos andaluces regidos por socialistas con 'influencia' dentro del Gobierno autónomo. Todo indica también que, incluso, el propio ejecutivo regional podría haber detectado alguna práctica no ajustada a la legalidad hace tiempo, ya que varios de los responsables provinciales de la Consejería de Economía fueron cesados en los últimos tiempos.
No es la única actuación llamativa realizada por el gobierno andaluz en este sentido. Además de estos ceses y de la trasferencia de los cursos de la Consejería de Economía la de Eduación al poco de tener noticia de las pesquisas, la Cámara de Cuentas autonómica también hizo público por sorpresa el pasado 6 de marzo un duro informe sobre la gestión que había hecho el Servicio Andaluz de Empleo de los fondos de formación. Fuentes cercanas a la investigación muestran su convencimientos de que con este documento la Junta "se puso la tirita antes de que se conociera que había herida". De hecho, en dicho informe, referido a los ejercicios 2009 y 2010, este organismo destacaba que, tras analizar únicamente un tercio de los expedientes tramitadas en ese periodo, ya había encontrado deficiencias en cursos que costaron al erario 49 millones de euros. De mantenerse esa proporción, el fraude en los cuatro años bajo sospecha podría acercarse a los 300 millones de euros, muy lejos de las cifras manejadas por diversos medios, pero también mucho más elevado, por ejemplo, que las de la trama de los ERE.
Alaya, tras el caso
Precisamente, la sombra de la máximo responsable de investigar este útlimo caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha comenzado a planear sobre la 'Operación Edu'. En las últimas semanas, esta magistrada ha realizado varios movimientos judiciales que sugieren su interés por encargarse de la investigación del fraude en los cursos para parados. Así, el pasado mes de mayo pidió a la Fiscalía de Málaga copia del último informe que la UDEF le había entregado, un documento de más de 1.700 folios en el se desemenuzaban las irregularidades en la adjudicación de diciembre de 2010 en Málaga. El objetivo de Alaya es estudiar si hay conexiones entre estas diligencias y otras investigaciones abiertas por ella para, de este modo, reclamarlas.
En las últimas semanas, la juez Mercedes Alaya ha hecho varios movimientos judiciales que apuntan a su deseo de encargarse de la 'Operación Edu'
Ya antes había encargado un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que es con quien trabaja en el 'caso de los ERE', en el que se afirmaba que su juzgado era el que llevaba más tiempo investigando un caso de fraude en los cursos de formación para parados en Andalucía. En concreto, desde el año 2009, cuando abrió una pieza separada del célebre caso que instruye y que mantuvo secreta hasta hace sólo unos meses. Su existencia se conoce, de hecho, sólo desde octubre, cuando la juez ordenó al Instituto armado una operación en toda Andalucía en la que se registraron diversas sedes de la Unión General de Trabajadores (UGT), entre ellas la principal de Sevilla y el archivo que el sindicato tiene en la ciudad de Córdoba.
Con este informe de la Guardia Civil ya ha pedido hacerse cargo de la investigación que se instruye desde agosto de 2012 en el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras tras la denuncia de una profesora que destapó la existencia de supuestas irregularidades en un curso de auxiliar de geriatría que se impartía en esta localidad. El documento del Instituto armado ha tenido un efecto inmediato en este caso, ya que la titular de este juzgado gaditano, que acaba de asumir el puesto tras relevar a su antecesora la pasada Semana Santa, ha pedido ya inhibirse en la causa que instruye en favor de su colega sevillana. Queda por saber si conseguirá lo mismo con una 'Operación Edu' que es cada vez más grande.
