La transparencia es, hoy y siempre, una virtud muy alabada dentro de las instituciones públicas y políticas. De hecho, en la Ley de Transparencia, publicada en el año 2013, se recoge explícitamente que "la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política". En la propia ley se establece como algo imprescindible porque "sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio [...] podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos".
Sin embargo, esta claridad a la hora de hacer pública la información no es el modus operandi de todas las instituciones políticas. Este año 2021 ha sido el año que más reclamaciones se han realizado a Transparencia, y en el que más resoluciones se han emitido desde 2015. Los datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) reflejan que los dos ministerios que más "tirones de orejas" han recibido por parte de este organismo son, con mucha diferencia, el de Sanidad y el de Interior, liderados por Carolina Darias y Fernando Grande-Marlaska respectivamente. Así se puede comprobar en la propia página web del CTBG y en un cálculo realizado por el diario Newtral.
Entre los dos ministerios concentran el 26,6% de todas las resoluciones analizadas por el organismo de Transparencia durante el año 2021. Ese porcentaje representa 242 de las denuncias evaluadas. De todas ellas, 149 fueron estimadas, dando la razón al individuo que interpuso la denuncia. Concretamente, Sanidad concentra 77 de estas resoluciones aceptadas e Interior 72.
A la lo largo del año que acabamos de terminar, el ministerio dirigido por Carolina Darias recibió 118 quejas por falta de transparencia. De ellas, 77 fueron estimadas total o parcialmente y solo 41 se archivaron, se desestimaron o fueron inadmitidas. Por otro lado, el de Interior concentra 124 denuncias, pero únicamente le dieron la razón al ciudadano en 72 ocasiones.
No solo son los ministerios que más reclamaciones han recibido por no ser lo suficientemente claros y transparentes, sino que además son los que, en proporción, más han tenido que hacer frente a correcciones por parte de Transparencia.
El resto de resoluciones de transparencia
Durante todo el 2021, el CTBG ha analizado un total de 910 peticiones por parte de los usuarios en las que se denunciaba a algún ministerio por no informar con la claridad y la rigurosidad necesaria. De las casi 1.000 denuncias, en el 48,6% de los casos se ha dado la razón al usuario y se ha obligado a la entidad correspondiente a ofrecer la información pedida.
Por detrás de Sanidad y de Interior, que ocupan con mucha diferencia el primer y el segundo puesto de los ministerios que más correcciones han tenido que hacer, se encuentra el ministerio de Hacienda y Función Pública, el de Trabajo y el de Asuntos Exteriores. Tuvieron que realizar 18, 17 y 16 rectificaciones respectivamente.
De los 22 ministerios que han recibido alguna denuncia en este sentido, en la mitad de ellos son más las solicitudes denegadas por parte de Transparencia que las aceptadas, considerando que la información exigida por el usuario no tiene por qué ser conocida. Las excepciones son, aparte de Sanidad e Interior, el ministerio de Trabajo, el de Cultura, el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el de Transportes, Defensa, Derechos Sociales, Igualdad, Agricultura y Consumo.
Darias, obligada a revelar actas
La última actuación de Transparencia implica, de nuevo, a Sanidad. El pasado jueves 20 de enero en Vozpópuli publicamos que este organismo obliga al ministerio de Darias a revelar las actas grabadas de la Comisión de Salud Pública. Hasta ahora, permanecían reservadas para el propio ministerio y para las Comunidades Autónomas que se reunieron con la ministra en esta comisión.
Sin embargo, tras la petición denegada de la patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, que solicitó a Sanidad acceso a todas las actas y al contenido de los acuerdos de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), Transparencia ha tenido que entrar en acción de nuevo. El silencio de la cartera de salud ante la solicitud de información ha provocado el CTBG de la razón a Farmaindustria, alegando que las decisiones de este órgano se consideran de "relevancia pública".
El argumento que utilizó entonces la cartera de Sanidad para desquitarse del asunto fue que "la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS no se considera un órgano colegiado, en los términos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que no hay obligación de generar actas ni órdenes del día de las reuniones del mismo". Sin embargo, estas palabras no han convencido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ha dado un margen de 20 días al ministerio para hacer público el contenido de las actas de la Comisión de Farmacia.
