¿Cómo puede un consistorio dejar de alquilar hasta 54 edificios otrora municipales y pagar más que antes por este concepto? La respuesta, si es que la hay, solo puede estar en el Ayuntamiento de Madrid. Cibeles ha demostrado cómo un verdadero esfuerzo ahorrador se ve desbaratado por ruinosas y puntuales operaciones inmobiliarias. El trabajo en este sentido de la alcaldesa Ana Botella, y también de la responsable de Hacienda, Concepción Dancausa, no ha tenido un impacto real en los recién presentados Presupuestos de 2014 porque el Ayuntamiento abonará en alquileres 46 millones de euros, un 0,5% más que el ejercicio pasado.
Necesitada de liquidez para pagar la deuda más grande de España y sus intereses, Botella ha tenido que enhebrar negocios inmobiliarios muy poco ventajosos para las arcas locales, deshaciendo así buena parte de los proyectos urbanísticos heredados del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Una desinversión con resultados positivos: de 78 contratos de arrendamiento, Hacienda ha conseguido quedarse con tan solo 24. Pero la letra pequeña de tales operaciones, especialmente la que concierne a la venta del edificio APOT el pasado mes de abril, ha tenido pésimas consecuencias para la cuenta de resultados.
El APOT, ubicado en Campo de las Naciones y adquirido en 2007 por Gallardón a través de la sociedad Madrid Espacios y Congresos con la pretensión de convertirlo en un hotel de cinco estrellas, le costó al Ayuntamiento 55 millones. Tras varios intentos de venta –entre ellas una oferta de 50 millones de la inmobiliaria Hermanos Revilla que fue rechazada por Botella en 2012-, finalmente fue traspasado por 42,5 millones a la constructora Rilafe. Con una contrapartida envenenada: tras venderlo, Cibeles lo realquila por 43 millones durante los próximos 10 años y envía allí al área de Urbanismo.
“Llevamos años denunciando la política de alquileres porque el Gobierno es incapaz de solucionar el problema”, lamenta David Ortega (UPyD)
Una transacción que implica pagar 4,7 millones a Rilafe en 2014 y que echa por tierra toda la política de ahorro. Por eso el portavoz de UPyD, David Ortega, desespera por un giro firme en materia inmobiliaria. “Llevamos denunciando la política de alquileres desde que entramos en el Ayuntamiento, hace dos años, y lo cierto es que el Gobierno municipal es incapaz de solucionar el problema”, destaca Ortega. “Al final, en 2014 se va a pagar aún más que en 2013 cuando se mantienen todavía edificios vacíos. Es un lujo que no se debería permitir un Ayuntamiento cuya deuda ronda los 7.000 millones de euros”.
La formación magenta critica otros contratos igualmente nocivos para la capital. Por ejemplo, se paga más por el alquiler de la Agencia Tributaria (Calle de Hierro, en Legazpi). O bajan las bonificaciones del alquiler de la sede del área de Hacienda, en la calle de Alcalá. O los 3,5 millones de euros anuales que el Ayuntamiento abona por un edificio que Botella alquiló hace 10 años como concejala de Servicios Sociales en pleno distrito de Salamanca. La suma de todo da 46 millones.
