Ningún ministro de Defensa ha propuesto en democracia un indulto que no tuviese el visto bueno de la Fiscalía o el tribunal sentenciador, un hecho que sí concurre ahora en las medidas de gracia que el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ha redactado para los políticos condenados en el 'procés' y que el Gobierno aprobará este martes, según advierten fuentes jurídicas castrenses a Vozpópuli.
Defensa es, junto a Justicia, el único ministerio que puede llevar un indulto al Consejo de Ministros para su aprobación. En su caso, por causas juzgadas dentro de la jurisdicción militar y previa deliberación en la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios.
Los indultos que un ministro de Defensa lleva a la Moncloa para su refrendo son, numéricamente, muchos menos que los de Justicia, aunque la tercera medida de gracia más frecuente ha sido para delitos contra el deber de prestación del servicio militar. Todos estos indultos se concentraron en el año 2000 al término de la 'mili' y ocupan el tercer puesto en el ranking con 1.042, según los cálculos que la plataforma Civio ha recopilado entre 1996 y 2021.
En estos últimos 25 años de democracia también han habido 23 indultos en delitos de insulto a un superior, contra la Hacienda en el ámbito militar (9) o por abandonos del puesto de centinela (2) o de servicio de armas (2). Lo que une a todos estos casos es que las peticiones de gracia que llevó Defensa al Consejo de Ministros venían avaladas o bien por la Fiscalía o bien por el tribunal castrense que había dictado sentencia.
Ranking entre ministros de Defensa
Entre los ministros de Defensa, la que más indultos llevó al Consejo de Ministros fue Carme Chacón (110), seguida de Pedro Morenés (65), Federico Trillo (50), José Antonio Alonso (34), Eduardo Serra (29), José Bono (11), Gustavo Suárez Pertierra (4) y la actual titular del departamento, Margarita Robles, con solo dos indultos hasta el pasado 27 de mayo.
Antes de 1996 hubo dos casos de peticiones de indulto vinculados a la sentencia del golpe de Estado del 23-F. El de Alfonso Armada, condenado a 26 años y 8 meses de cárcel por un delito de rebelión militar por su implicación en la asonada, consiguió su indulto en 1988 tras solicitarlo en cinco ocasiones.
En su caso, la Sala de lo Militar del Supremo dictaminó por unanimidad a favor por "razones de equidad" pues desde prisión había manifestado de forma reiterada "su lealtad a la Corona y al ordenamiento constitucional", lo que autorizaba, según el tribunal sentenciador, "a tenerle por corregido y a prever que hará vida honrada en libertad, esto es, que no abusará de la misma para atentar contra la legalidad vigente".
El Gobierno de Felipe González aceptó la tesis y excarceló a Armada. Quien no tuvo éxito fue el teniente coronel Antonio Tejero, condenado a 30 años por la intentona golpista y cuyo indulto solicitó en 1993 una asociación de mujeres de militares.
Aunque el fiscal togado militar del Supremo informó en contra al considerar que no estaba arrepentido, el alto tribunal, por mayoría, lo apoyó al estimar que asumir como propia la petición de indulto era un "indicio de sumisión" y porque la "alarma pública" que provocaron los hechos en 1981 estaba ya "notoriamente menguada".
Sin embargo, el Ejecutivo de González denegó esta medida de gracia a Tejero ante la inexistencia de una petición explícita por parte del interesado y la falta de voluntad del reo a la hora de acatar el orden constitucional.
Tampoco pasaron desapercibidos los polémicos indultos concedidos en 2012, al poco de acceder Mariano Rajoy al poder, a dos militares condenados por falsear las identificaciones de varias de las víctimas del accidente del Yak-42 en Turquía.
