Una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) obligaba al Ministerio de Defensa a identificar a los pasajeros de los aviones oficiales a raíz de una petición de información de que la Fundación Civio. Pero el departamento que dirige María Dolores de Cospedal se niega a cumplir dicho mandato y cuestiona que el CTBG tenga competencias suficientes para obligarle a cumplir dicha resolución.
El abogado del estado Íñigo Dago Elorza ha presentado un recurso en el que afirma que “la sentencia atribuye al CTBG unas facultades que la ley no le confiere”, según un documento al que ha podido acceder Civio, que está personada en la causa. Lo que viene a decir es que el CTBG tiene la capacidad de dictar resoluciones, pero no puede obligar a que se cumplan.
Esto se debe, según el abogado del Estado, a que la Ley de Transparencia no está desarrollada mediante un reglamento, cuyo borrador lleva esperando en el cajón desde julio de 2015. Dado que el CTBG no supera en nivel de jerarquía al ministerio, a ojos del Gobierno, no tiene competencias para obligar a ejecutar sus resoluciones.
Por su parte, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no se ha posicionado ante el recurso del abogado del Estado mientras dure el proceso judicial. Pero defiende la pertinencia de que se facilite la identidad de los pasajeros de los viajes oficiales, por su carácter público.
La petición de información sobre pasajeros de los vuelos oficiales tuvo lugar el 29 de octubre de 2015, cuando era titular de la cartera de Defensa Pedro Morenés. Civio pidió el listado de los pasajeros trasladados por el Grupo 45 del Ejército, encargado del transporte de autoridades, pero el ministerio se negó.
