Los presuntos amaños en obra pública en Cataluña a través del sistema del 3 por ciento instaurado en Convergéncia Democrática de Cataluña (CDC) podrían ser investigados por la propia Unión Europea. No en vano, la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) remitió en marzo de 2016 un oficio a la Guardia Civil con el objetivo de recabar información sobre ocho operaciones adjudicadas entre los años 2009 y 2012 en dicha comunidad autónoma y que están siendo investigadas en la actualidad por el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de El Vendrell (Tarragona), el juez Josep Bosch Mitjavila, y la Fiscalía Anticorrupción.
Según consta en el sumario de esta causa de corrupción, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la OLAF explicó en el documento remitido al instructor que "ha tenido conocimiento de la investigación que ese juzgado está llevando a cabo en relación con la posible comisión del 3 por ciento pagada por empresas a las que se habrían concedido contratos públicos por parte de municipios o del Gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña".
El organismo europeo –creado en el año 1999 para luchar contra el fraude dentro de la UE- añadía en su escrito que el fundamento de intervención de dicha oficina en esta causa era "la posible cofinanciación de los mencionados contratos públicos con fondos europeos".
De la misma forma, la OLAF resaltaba en el escrito remitido al juez Bosch que sus expertos ya estaban "analizando la información disponible de cara a la posible apertura de una investigación en caso de haber sospecha suficiente de fraude, corrupción u otra actividad ilegal en detrimento de los intereses de los fondos de la Unión".
La OLAF sostiene que sus expertos ya estaban "analizando la información disponible de cara a la posible apertura de una investigación por fraude, corrupción u otra actividad ilegal"
Según ha podido saber este periódico, la información que la Oficina Antifraude europea solicitó al magistrado de El Vendrell sobre las ocho adjudicaciones de obra pública presuntamente amañadas en Cataluña no fue facilitada por Josep Bosch a la Unión Europea. La razón es que el juez argumentó que la causa se encontraba entonces bajo secreto de sumario y que, "de momento", la documentación pedida no podía ser entregada a la OLAF "sin perjuicio" –advertía el togado- de que en el futuro se pudiese hacer entrega de la misma al organismo europeo de lucha contra el fraude. El pasado jueves el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de El Vendrell alzó el secreto del sumario.
Por otro lado, fuentes jurídicas consultadas explican que si la OLAF decide finalmente abrir una investigación por estas adjudicaciones y llega a la conclusión de que se han malversado fondos de la Unión Europea habría dos vías para poder recuperar los mismos. Por un lado, la administrativa; a través de la que Europa podría reclamar al Estado español la devolución íntegra de los fondos desviados con el 3 por ciento por no haber velado suficientemente nuestro país por el uso que se hacían de los mismos y; por otro, la vía penal. La OLAF podría personarse en la causa que se investiga en el juzgado de El Vendrell como acusación particular -perjudicada directa del posible fraude- y tratar de recuperar así el dinero distraído a partir de una condena en sentencia firme.
