Un "error padecido". Así ha justicado el Ministerio de Hacienda ante el juez Pablo Ruz que en uno de los últimos informes que le había remitido no figurasen relacionados cinco de los contratos adjudicados a uno de los empresarios imputados en el 'caso de los papeles de Bárcenas'. La Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos ha entregado recientemente a la Audiencia Nacional un oficio en el que reconoce su equivocación por el 'extravío' y lo subsana incorporando los documentos que en su momento no hizo llegar al juzgado. El magistrado ha dado ya orden de que se dé traslado inmediato de los mismos a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, otro organismo dependiente del departamento de Cristobal Montoro) para que analicen dichos contratos y puedan incorporarlo a los informes que están realizando sobre la posible existencia de vínculos entre adjudicaciones y donaciones irregulares al PP. Ruz busca indicios de un posible delito de cohecho.
El "error padecido" por Hacienda se descubrió hace dos semanas, cuando el empresario beneficiado por los contratos reconoció ante el juez Ruz que las adjudicaciones no localizadas sí habían existido
El 'extravío' de Hacienda fue conocido el pasado 15 de enero, cuando acudió a declarar a la Audiencia Nacional Camiló José Alcalá, presidente de la constructora Cyopsa-Sicosia SA. El empresario figuraba en los apuntes contables del extesorero como el presunto autor de dos entregas de dinero en 2003 por un total de 150.000 euros y el juez lo había imputado por ello el pasado 4 de diciembre, después de que la acusación que representa a IU hubiera incluido su nombre en una ampliación a la querella con la que se inició el caso. En ese mismo auto, el juez solicitaba "al Registro Público de Contratos, dependiente de Hacienda", que en el plazo de cinco días aportase "certificación" de las adjudicaciones dadas por la Administración a dicha constructora y a otras siete mercantiles pertenecientes a otros empresarios a los que también encausaba con dicho escrito.
La sorpresa surgía cuando hace dos semanas Camiló José Alcalá compareció y el magistrado le interrogó sobre la existencia de cinco contratos por un valor superior a los 130 millones de euros que le habían sido adjudicados en fechas inmediatamente anteriores o posteriores a las fechas que figuraban en los 'papeles de Bárcenas' como de entrega de los supuestos donativos al PP. Ese día, el magistrado ya tenía en sus manos el informe del departamento de Montoro en el que se aseguraba que en su base de datos no figuraba ninguna adjudicación a Cyopsa-Sicosia en 2003, el periodo investigado. Pese a ello, el magistrado decidió preguntar al empresario por los mismos y éste reconoció su existencia. De hecho, la ampliación de la querella que había hecho IU incluía las copias de los BOE en los que constaban dichas adjudicaciones.
Paradores y carreteras
En concreto, los contratos extraviados y ahora encontrados se situaban en torno a febrero y diciembre de 2003, las fechas en la que Camilo José Alcalá hizo supuestamente las donaciones. Así, tan sólo un mes antes de la primera de estas supuestas entregas de dinero a la caja 'B' del PP, el Ministerio de Economía, a través del Instituto de Turismo de España, adjudicó a la mercantil bajo sospecha un contrato "negociado sin publicidad" de obras complementarias a la ejecución del nuevo Parador de Limpias, en Cantabria. Dos meses después, y cuando ya se había realizado supuestamente esa primera donación reflejada en los apuntes contables, la Secretaria de Estado de Infraestructura contrató con Cyopsa-Sicosia la ejecución del tramo entre Castellón y Teruel-Sarrión de la autovía Levante-Aragón-Somport. Este contrato tenía un importe de más de 71 millones de euros.
Los contratos bajo sospecha sumaban más de 130 millones de euros y se habían adjudicado en fechas próximas a las dos supuestas donaciones que, según los 'papeles de Bárcenas', había realizado el empresario
Los otros tres contratos bajo sospecha que Hacienda no había conseguido localizar hasta ahora se firmaron en fechas cercanas a la supuesta entrega de diciembre de 2003. El primero fue la adjudicación en septiembre de quel año por parte Dirección General de Carreteras del contrato de obras para dos puntos kilométricos de la variante de Salas de los Infantes de la CN-234 que une Sagunto y Burgos. El importe fue de 4 millones de euros. En septiembre, este mismo organismo de la Secretaría de Estado de Infraestructura le concedió un nuevo contrato, en este caso en un tramo de la Autovía de Castilla a su paso por la provincia de Salamanca. Finalmente, la Dirección General de Obras Hidráulicas le adjudicó en noviembre las obras complementarias de reparación de un canal en Huesca. Unos trabajos que reportaron a la empresa un millón de euros.
El empresario reconoció la existencia de todos estos contratos, pero negó la existencia de las donaciones reflejadas en los 'papeles de Bárcenas'. De hecho, se escudó en el 'baile' de una letra en las anotaciones manuscritas del extesorero para asegurar que se trataba de un error y que no era él quien aparecía en dichos apuntes contables como donante de los 150.000 euros. "Es una casualidad cacofónica", afirmó aprovechando que en las anotaciones del político ahora encarcelado figuraba, junto a su nombre de pila, la denominación Sisovia y no Sisocia, la segunda parte del nombre comercial de su compañía. Una 'v' por una 'c' que convirtió en su principal defensa. Alcalá incluso negó conocer personalmente a Bárcenas, al otro extesorero imputado, Álvaro Lapuerta, o a ningún otro dirigente del PP. También negó haber estado nunca en la sede de la calle Génova.
