Por fin llegó la nubada, estalló la tormenta que el Gobierno Rajoy nos había anunciado el viernes 30 de diciembre y que ha tardado cuatro meses justos en descargar el esperado turbión de  recortes obligados por las circunstancias de la crisis que padecemos y por la obligación de hacer los deberes que nos imponen los hoy dueños de nuestra soberanía en Bruselas. Sentimientos encontrados tras el aguacero, ninguno que invite a la luz y la alegría, desde luego, a tono con la pobre performance ante las cámaras de un Cristóbal Montoro torpón e inseguro hasta decir basta, como si aún no se hubiera repuesto del disgusto del 25-M en Sevilla, incapaz de explicar de forma coherente las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda adelantaron a los medios los PGE para 2012 sin un cuadro macroeconómico ad hoc –se supone que lo harán el martes-, lo cual ya es de por sí asombroso, porque no se sabe muy bien cómo se pueden calcular ingresos y gastos sin esa referencia. Sabemos que las cuentas del Reino se basan en una caída del PIB del 1,7% para el año en curso, un guarismo en apariencia muy elevado, y ciertamente lo es, y en un ejercicio de voluntarismo para 2013, cuando, a tenor de una realidad que sigue marcada por el alto endeudamiento de familias y empresas, la restricción crediticia y el aumento del paro, sería necesaria una previsión mínimamente realista. Escenario macro muy negativo en 2012, y poco creíble, por optimista, para 2013, año en el cual es probable que España repita recesión y o se apunte un crecimiento plano.

La columna vertebral del proyecto anunciado el viernes es un ajuste de 27.300 millones, cifra a alcanzar por la doble vía del recorte de gastos (13.400 millones, incluidos los 8.900 de “no disposición” decretados el 30 de diciembre) y del aumento de ingresos (13.900 millones, procedentes fundamentalmente de la subida del IRPF de diciembre, del polémico “retoque” del Impuesto de Sociedades -5.350 millones- y de la no menos polémica regularización fiscal para la pasta escondida), todo ello obligado para pasar de un déficit del 8,51% en 2011 a otro del 5,3% a finales de 2012, según lo pactado con Bruselas. Para cercenar esos 3,2 puntos de PIB, la Administración central reducirá su déficit en 1,6 puntos; las CCAA, un 1,4%; los Ayuntamientos, un 0,1%, y la Seguridad Social, otro 0,1%.   

Si no se mete mano al gasto social, que supone el 60% de gasto publico total, el recorte del déficit no tendrá credibilidad

El gasto medio de todos los Ministerios se reduce en un 16,9%, pasando de 79.200 en 2011 a 65.800 millones en 2012, sin duda un ejercicio de austeridad importante en términos agregados, pero cuya credibilidad y efectividad dependerá, en primer lugar, de las partidas en que se realice y, segundo, de que efectivamente se acometa, de llevar a la práctica esos recortes, en suma, estando como está muy presente en el recuerdo la “ingeniería creativa” de los Presupuestos de la era Zapatero, donde cualquier parecido entre lo anunciado en su día y la posterior realidad era mera coincidencia. Mucho más importante aún, casi definitivo, es que el Gobierno Rajoy sigue sin atreverse a meterle mano a los cuatro pilares del Estado del Bienestar –Educación, Sanidad, Pensiones y Seguro de Desempleo- que es la raíz de los desequilibrios que subyace bajo el esquema de ingresos y gastos de las finanzas públicas, porque está claro que nuestra economía no genera la riqueza suficiente para sostener el sistema asistencial del que disfrutamos. Por mucho que presuma la Vicepresidenta, dominada, como el propio Montoro, por ese síndrome socialdemócrata contra el que nadie en Europa osa levantar la mano, si se mantienen los gastos sociales, que suponen alrededor del 60% del gasto público total, el recorte del déficit no tendrá credibilidad porque no será sostenible.

Soluciones socialdemócratas a palo seco

Y este Gobierno no toca ninguno de los componentes básicos de ese gasto público. Dando por bueno, que ya es dar, que se cumplirán las previsiones contenidas en el esquema del viernes, el Ejecutivo tiene que ponerse a trabajar de inmediato en los PGE de 2013, cuyo proyecto tendrá que presentar en sociedad en tres meses. Teniendo en cuenta que será necesario ajustar en las cuentas públicas del próximo año otros 24.000 millones para alcanzar el objetivo de déficit del 3%, no se alcanza de dónde podrá cortar el Ejecutivo, una vez consumido el tocino del gasto ministerial, sin meter el cuchillo en la veta de puro jabugo de aquel gasto social intocable. El resultado es que como no se quiere meter mano al gasto mollar y, por otro lado, la actividad se sigue deteriorando, no queda más remedio que acudir a los impuestos directos para recaudar, penalizando las finanzas de las personas físicas (IRPF) y de las grandes jurídicas (Sociedades). Soluciones socialdemócratas, pues, a palo seco.

Idénticas o parecidas incógnitas rodean la previsión de ingresos. La eliminación de deducciones en el Impuesto de Sociedades es llanamente una subida del tipo efectivo del tributo, lo que es malo en un escenario de recesión. Más aún cuando es discutible el impacto alcista de ese aumento impositivo sobre los ingresos del Estado, teniendo en cuenta que deprimirá la inversión privada, y desde luego reducirá la competitividad fiscal de España para atraer capital exterior, en un momento en el que necesita inversión extranjera.

Capítulo aparte merece la amnistía fiscal con la que el Gobierno sorprendió al respetable el viernes. Asunto siempre polémico donde los haya, se trata de aflorar 25.000 millones (modesta pretensión, cuando se habla de 200.000 millones de euros sumergidos) para, con un “peaje” del 10%, recaudar 2.500 millones. El agravio comparativo es obvio: la subida de IRPF de diciembre para obtener 4.100 millones (parece que sólo 3.300 a cuenta de la caída del empleo) casi dobla el peaje impuesto para aflorar esos 25.000. Ello sin olvidar que esa regularización blanquea ingresos, ahorro y patrimonio que hasta ahora no han pagado impuestos. En suma, estamos ante un “impuesto fijo” del 10% con el que se premia a quienes han eludido sus obligaciones fiscales, ello en un país con una presión fiscal del 40%. Acollonante. No es extraño que el señor Botín, uno de los beneficiados, un suponer, al igual que su familia, apoye resueltamente las medidas desde la Junta General del Santander, como muy probablemente hará también el señor Urdangarín, yerno del Rey. Y la pregunta del millón: ¿Cuánto va a entrar de verdad en las arcas públicas con semejante injusticia?

Una derecha no liberal

Si la consecución del objetivo de déficit en 2012 es difícil, el 3% del año próximo se antoja casi imposible, lo cual no es una buena noticia. El retraso en realizar el ajuste fiscal para no “estropear” las elecciones andaluzas de Javier Arenas ha sido un error clamoroso de Mariano Rajoy. Perdida Andalucía para la torpe causa del poder omnímodo, es probable que la presión de los mercados se acentúe de cara a los próximos PGE. El Ejecutivo tendría que haber desplegado ambición bastante como para haber realizado la parte del león del ajuste este mismo año, dejando para el próximo una cantidad más o menos simbólica, pretensión casi imposible, cierto, tratándose de un campeón del gradualismo como es el señor Rajoy, error que nos condena a ir siempre por detrás de los mercados y con la lengua fuera.

La izquierda derrocha por ideología y la derecha ajusta por obligación, pero de forma vergonzante, a tono con el paternalismo conservador que le distingue. Por desgracia, la derecha española no es liberal, de forma que cuando hay que meterle mano al welfare state se le encoge la mano, se arruga y se camufla so capa socialdemócrata. Lo dijo hace tiempo Alfonso Osorio, ministro de la Presidencia y vicepresidente del Gobierno que fue tras la muerte de Franco: “La izquierda hace las revoluciones sociales y nosotros las consolidamos”. Ahora Soraya saca pecho porque el Gobierno Rajoy no toca el gasto social. Es el síndrome de una derecha sin modelo ideológico y sin discurso político, resignada, por pura cobardía, a quedar convertida en mero taller de reparaciones de los despilfarros de la izquierda. En el pecado, su falta de un modelo de sociedad alternativo, llevarán la penitencia: la pérdida del Poder en cuanto sean capaces de arreglar mínimamente el estropicio socialista.