Un problema no se puede abordar si no se conoce con exactitud cuál es su dimensión. Y para ello Moncloa ha puesto al Instituto Nacional de Estadística (INE) a funcionar con el objeto de conocer de manera exacta a cuántas familias le afectan los desahucios de su primera vivienda. Hasta ahora no hay más datos que los que las entidades financieras quieren ofrecer y los que manejan el Banco de España o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las entidades bancarias deberán seguir siendo las principales suministradoras de la información junto a los juzgados, pero se han dado tantas cifras y tan dispares, que no acaba de conocerse realmente cuál es la magnitud del drama que viven millones de personas de nuestro país.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó a un grupo de periodistas durante la celebración del aniversario constitucional que el Consejo de Ministros aprobará un Plan Estadístico Nacional para 2013 donde se incluirá un epígrafe dedicado a los desahucios, tanto desde el punto de vista cuantitativo, como cualitativo, esto es, cuántos son de primera o segunda vivienda, los locales comerciales, negocios, naves industriales y hasta garajes que se embargan. Hasta ahora se ha manejado la cifra de entre 350.000 y 400.000 ya ejecutados en los últimos cuatro años, pero se trata de un número aproximado.
De hecho, se cree que son muchos menos los que afectan a la primera vivienda. Miguel Temboury, subsecretario de Economía y de Competititividad, calculó en unos 15.000 los desahucios de primera vivienda y eso tirando por lo alto. Pero hasta ahora la confusión del Gobierno al respecto ha sido la tónica general. Cuando se aprobó el paquete de reformas urgentes para evitar las ejecuciones hipotecarias de las familias especialmente vulnerables, el ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó que beneficiaría a unas 600.000 familias. Días más tarde se enmendó a sí mismo y habló de unas 120.000, lo que también es una cifra considerablemente superior a la que más recientemente ha ofrecido su subsecretario, que además coordina el equipo de trabajo sobre lo desahucios.
En fin, todo un juego de confusiones que el Gobierno espera solucionar con una estadística propia, para lo que ha venido recabando información de los bancos y de los juzgados, dado que los procesos de desahucio son la culminación de un largo proceso que termina en los tribunales. Es por ello que desde el mundo de la Justicia se ha venido alertando sobre este problema social. El juez decano de Bilbao, Alfonso González, lo dijo de una manera muy gráfica: "no queremos ser meros cobradores del frac".
