La Administración de Justicia afronta este 2022 con una serie de retos que pasan por hacerla más moderna y ágil. Aunque de un tiempo a esta parte suele ser objetivo clave reducir la carga de los juzgados, este año la prioridad va a ser desencallar con urgencia la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Máxime teniendo en cuenta que entrará en su cuarto año en funciones y que esta parálisis aboca al colapso en otros órganos como el Tribunal Supremo.
Pero el foco no va a estar solo en el desbloqueo del Poder Judicial. Las principales asociaciones de jueces reiteran que además se debe reformar la Ley para que sean los jueces los que elijan a sus homólogos. Se trata de una reivindicación bastante antigua pero que ha cobrado impulso en los últimos meses, especialmente después de que la Comisión Europea advirtiera este año que el sistema de elección tiene que basarse en los estándares europeos ya que, de lo contrario, aumenta el riesgo de politización del CGPJ.
"La prioridad es renovar y reformar. Lo deseable sería un Pacto de Estado por la Justicia pero lo veo bastante improbable", explica para este medio la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco. Misma tesis comparten Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), y Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente. Este último asegura que esta situación de interinidad del CGPJ no es la enfermedad, sino un síntoma de la enfermedad que consiste en politizar el órgano del gobierno del Poder Judicial.
Se deben acometer reformas procesales, sino seguiremos teniendo a cirujanos poniendo tiritas
Con todo, también hay otros dos retos determinantes que se deben abordar para mejorar el día a día de los trabajadores de esta administración. Se trata de la modernización de las estructuras judiciales y la implantación de una Justicia digital. Para Vaquero estos son dos objetivos prioritarios ya que redundan directamente en la independencia judicial. Tras la crisis del coronavirus algunas jurisdicciones (como la Social) se han visto desbordadas en parte por el aumento de litigiosidad relacionada con asuntos derivados de la conflictividad laboral.
Apuesta por la mediación
El Ministerio de Justicia y el CGPJ impulsaron el año pasado un plan de choque que pasaba por agilizar la jurisdicción Social y los órganos de lo Mercantil (con equipos de refuerzo), mejorar los medios tecnológicos para poder dictar sentencias 'in voce', incrementar el envío de datos telemáticos y potenciar el teletrabajo. Sin embargo, la carga sigue siendo todavía un lastre. Sirva como ejemplo un juzgado de lo Social de Sevilla, donde el colapso es tal que están señalando juicios para el año 2025.
"Se deben acometer reformas procesales, sino seguiremos teniendo a cirujanos poniendo tiritas", explica para este medio Natalia Velilla, magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Móstoles. En su opinión, los efectos de la crisis todavía no se han dejado sentir al completo en los tribunales. Queda lo peor. Y ante esa situación, habría que apostar no solo por una mayor inversión en la Administración, sino también por reformas legislativas. Una solución que debería potenciarse en 2022 es la mediación (aunque con posibilidad de revisión judicial). "Es la asignatura pendiente de España", dice.
Esta herramienta se utiliza cada vez con más frecuencia, aunque se busca una mayor implementación para aliviar la carga en los tribunales. Según datos del CGPJ, en 2015 el número de acuerdos alcanzados en la mediación Civil fue de 46,15% mientras que en lo Penal rondó el 80%. Al respecto, María Jesús del Barco hace hincapié en que la saturación traspasa la jurisdicción Mercantil y Social. "No hay manera de afrontar los juzgados de primera instancia. Siempre se obvian y es donde llegan las primeras demandas por impagos", explica.
Del mismo modo, la digitalización de la Justicia se convierte en un propósito determinante para el 2022, principalmente con la aprobación del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. El objetivo es seguir la senda marcada en el primer estado de alarma. Tras los primeros meses de parón de la actividad judicial, los tribunales reanudaron sus funciones apostando en muchos casos por la vía telemática. El Ejecutivo sostiene que durante la pandemia se llegaron a celebrar 590.000 juicios telemáticos que implicaron un ahorro para las arcas públicas de 12 millones de euros.
Papel cero: el reto pendiente
Aún así, el reto del 'papel cero' viene de lejos. En 2015 ya se apostó por incrementar las comunicaciones telemáticas de los juzgados. Pese a ello, hasta la fecha todavía hay mucha dependencia de las notificaciones en soporte papel en los juzgados, sin olvidar que Lexnet, la plataforma que emplean los operadores jurídicos para el intercambio de información, todavía suele presentar problemas técnicos. Precisamente, tanto estas cuestiones como los conflictos laborales también van a tener su protagonismo en 2022.
A los continuos reclamos de las asociaciones de jueces para conciliar la vida laboral y familiar se suma una reciente demanda de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) por la ausencia de un plan de prevención de riesgos en plena pandemia. Las acciones se dirigen contra el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y las doce comunidades autónomas con competencias transferidas. Todos ellos están llamados a un acto de conciliación el próximo 19 de enero previo paso a la celebración de juicio, también señalado para ese día.
El órgano que dirige Dolores Delgado seguirá en el foco, no solo por la polémica abierta con el cese de Ignacio Stampa como fiscal del caso Villarejo, sino también por otros asuntos que afectan a la carrera como la ausencia de convocatorias de plazas que ya urgen algunas asociaciones. A ello se le añaden la necesidad de nombrar al nuevo 'número dos' de la Fiscalía General del Estado tras el fallecimiento el pasado 15 de diciembre de Juan Ignacio Campos, hasta entonces teniente fiscal del Tribunal Supremo que dirigía las pesquisas abiertas contra Juan Carlos I.
La reforma del Código Penal
La ministra de Justicia, Pilar Llop, también hará frente a la primera huelga convocada bajo su mandato por los letrados de la Administración de Justicia. Los antiguos secretarios judiciales pararán el 26 de enero para reivindicar la equiparación salarial con el resto de funcionarios de su categoría y ante la falta de medios materiales y personales pese a la avalancha de asuntos que tratan día a día en las oficinas judiciales tras la crisis del coronavirus.
Finalmente, otro de los asuntos estrella que abordará Llop este 2022 y que no está exento de polémica es la reforma del Código Penal. El Gobierno que preside Pedro Sánchez se comprometió, por un lado, a despenalizar delitos de odio (como el delito de injurias a la Corona) y también a modificar otros como la rebelión y sedición. En lo que respecta al primer objetivo, impulsado a tenor de las condenas a raperos y cantantes por estos tipos penales, los cambios siguen encallados en el Congreso y ello pese a la urgencia manifiesta por Unidas Podemos de derogar estos tipos penales.
Tampoco hay muchos avances en lo que respecta a la modificación de la rebelión o sedición, delito este último por el que fueron condenados los líderes del procés. Fuentes del departamento de Justicia consultadas por este medio explican que se sigue trabajando para su modificación con el objetivo de armonizarlo con otros países de Europa donde las penas no son tan altas. Nuestro Código Penal contempla hasta 15 años de cárcel por este delito.
