El juez del caso Púnica Eloy Velasco no tiene intención de proceder contra la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, pese a que la UCO en un informe señalara indicios de delito en su papel en la adjudicación de contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid, cuando era presidenta de la mesa de contratación.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción han encontrado pruebas de que tuviera una participación en la financiación ilegal del PP que se investiga en la pieza de Púnica cuyo secreto se ha levantado y en donde aparece el citado informe.
Este martes se ha conocido que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ve indicios de delito de cohecho y pevaricación en el papel de Cristina Cifuentes en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, en la que participó como presidenta de la mesa de contratación y que se pudo decidir "de antemano".
En un informe elaborado por los agentes del Instituto Armado donde se analiza exclusivamente estas adjudicaciones, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se concluye que podrían estar amañadas y se denuncia el papel que tuvo en ellas la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.
Según el citado informe, estos contratos de "adjudicación de los contratos del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011" a la empresa Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones".
Presidenta de la mesa de contratación
Entre las personas que formaron parte de ese comité y que la Guardia Civil menciona expresamente en su informe está Cifuentes, que fue presidenta de la mesa de contratación esos años (cuando era también vicepresidenta de la Asamblea de Madrid) pero que, advierte la Guardia Civil, está sujeta a aforamiento actualmente.
"En relación con los hechos expuestos deben de tenerse en cuenta las Grupo de Delitos contra la aportaciones económicas localizadas y efectuadas par el empresario Administración Arturo Fernández Álvarez a Ia Fundación Fundescam, en fechas anteriores a las adjudicaciones de los contratos analizados y que fueron en gran parte destinadas a sufragar gastos electorales de la formación política a la que pertenecía Cristina Cifuentescuando ésta formaba parte del Patronato de la referida Fundación; presidiendo las Mesas de contratación de las licitaciones de los contratos públicos analizados en el presente Informe Policial, a Ia vez que participaba coma componente de los comités de expertos que efectuaron las valoraciones de las ofertas de los licitadores, de donde dimanan las conductas expresadas en los párrafos anteriores", recalca la UCO.
Asimismo, en el informe se sostiene que la presidenta madrileña fue "interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria. Asimismo, Cristina Cifuentes pertenecía al Patronato de Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones de 160.000 euros al empresario Arturo Fernández y que fueron destinados a sufragar gastos de campaña y perteneció al comité regional de campaña del Partido Popular de Madrid en los referidos comicios".
Los agentes de la Guardia Civil consideran que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid pudo cometer delitos de cohecho y prevaricación administrativa en el marco de la trama Púnica. En el documento remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, la UCO recalca que Cifuentes goza en estos momentos del "aforamiento preceptivo según los estatutos de la Comunidad de Madrid".
