Las acciones violentas de Tsunami Democràtic en Cataluña provocaron pérdidas millonarias en el sector aéreo y también terrestre. De la decena de protestas que protagonizaron en 2019 destacan los cortes de la AP-7 a la altura de la Junquera así como la revuelta del aeropuerto de El Prat. Según la Guardia Civil ambas acciones costaron un total de 2,7 millones de euros sumando, además, que los camioneros cuantificaron unas pérdidas diarias de 15 millones de euros.
Así consta en el sumario de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Tsunami Democràtic por las acciones violentas que coordinaron en connivencia con un sector importante de ERC, como el exconsejero catalán Xavier Vendrell. Las diligencias policiales, a las que ha tenido acceso Vozpópuli, desglosan la factura que afrontó el erario público, destacando de entre todas ellas la revuelta que se produjo en el aeropuerto de la ciudad condal en octubre de 2019.
La Policía Judicial se hace eco de un informe del Ministerio de Fomento según el cual la acción se tradujo en cerca de 110 vuelos cancelados, lo que provocó un perjuicio patrimonial a la administración pública superior a de 1.217.595 euros. A ello hay que sumarle la valoración del daño estimada por Vueling, que cifró las pérdidas registradas en 978.000 euros. En total: 2,2 millones de euros.
"Resultado catastrófico"
Los agentes concluyen que el llamamiento de Tsunami Democrátic para reventar el tráfico aéreo tuvo como resultado un "movimiento masivo de miles de personas" que bloquearon los accesos impidiendo a los controladores aéreos acceder a sus puestos. La plataforma independentista difundió a través de Telegram tarjetas de embarque falsificadas para permitir la entrada de los asaltantes a las zonas restringidas.
Los disturbios se alargaron hasta la madrugada de esa jornada y se saldaron con 172 heridos, de los cuáles 47 eran policías. Según el peritaje, la peor parte se la llevó la flota de carritos portaequipajes, cuyos daños ascienden a más de medio millón de euros. Solo al reparación de las instalaciones costó 135.000 euros.
La acción de la plataforma no se quedó ahí. También trató de cerrar los accesos del centro de control aéreo de Enaire en Gavà, donde se gestiona el tráfico aéreo de unos 300.000 kilómetros cuadrados, desde las comunidades de Murcia hasta Aragón. Los Mossos lo frenaron cortando el transporte público que lleva hasta el lugar. "De no haber sido por la acertada actuación policial, habrían conseguido su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores, con un resultado catastrófico", reza la Guardia Civil.
Denuncia de los transportistas
Junto con la del Prat, la otra gran acción violenta por excelencia de Tsunami fue el corte total de la AP-7 a la altura de la Junquera. En este caso la Guardia Civil determina que los llamamientos en noviembre de 2019 a cortar la ruta terrestre en la frontera con Francia provocaron unas pérdidas de 566.115 euros. Los cortes, a los que se unieron una facción de los CDR, se prolongaron durante días y perjudicaron gravemente a los camioneros, que incluso llevaron este asunto ante los tribunales.
Al respecto la Guardia Civil precisa que la Comisión de Transportistas cifró en 15 millones de euros diarios el "grave perjuicio" que supusieron los cortes de tráfico. La finalidad de las barricadas, según reza el oficio, era "conminar al Estado español a ceder ante sus pretensiones mediante estas acciones que pretendían afectar "a las estructuras económicas y sociales del Estado".
Con todo, a estas acciones se suma cerca de una decena más que los radicales que ahora investiga la Audiencia Nacional perpetraron en aquellos meses. Destacan, entre otras, la organizada en el aeropuerto de Madrid bajo el lema 'Colapsemos Barajas' o el respaldo al a huelga general que se convocó en Cataluña el 18 de octubre de ese año; apenas cuatro días después de conocerse la sentencia del procés.
La financiación de Tsunami
Cabe recordar que esa jornada siguió a varios días de disturbios callejeros en la ciudad condal, también en protesta al fallo del Tribunal Supremo, que se saldaron con un total de más de 200 detenciones, unos 600 heridos, 800 contenedores calcinados y 107 vehículos de Policía atacados.
El movimiento publicó en su perfil de Twitter en noviembre de ese año que Tsunami había realizado una decena de acciones que le habían costado 138.818 euros. Por ese motivo, y aunque los agentes vinculan a líderes independentistas detrás de esta plataforma desde su mismo nacimiento, solicitaron donaciones a sus adeptos. "TD es una red horizontal de centenares de personas de todo el mundo comprometido con la autodeterminación. Estos donativos son necesarios porque se requieren muchos recursos", expusieron en su llamamiento para conseguir financiación.
La acusación de la Fiscalía
El informe de la Guardia Civil se conoce apenas semanas después de que el magistrado Manuel García Castellón levantara el secreto de sumario que ha estado vigente sobre estas diligencias desde el mismo momento en que arrancó la causa, en 2019. Como ya informó Vozpópuli, en estos momentos la Fiscalía analiza estos informes en aras a pedir que se actúe formalmente contra la cerca de decena de personas señaladas en los oficios policiales.
Al respecto, el Ministerio Público se está planteando pedir que se derive esta causa a los juzgados ordinarios de Cataluña a tenor de la desaparición del delito de sedición y también ante el hecho de que no se contempla que los hechos sean subsumibles en un delito de terrorismo. Así pues, de actuar en este sentido, la Audiencia Nacional perdería la competencia para seguir investigando los hechos y la causa se derivaría hacia los juzgados de Cataluña, a expensas siempre de lo que decida el magistrado instructor.
Situ
Lo deseable y comprobada la implicación de ERC sería que de las distintas subvenciones a percibir como partido le fueran embargadas para pagar el coste público de los destrozos