De los 224 supuestos yihadistas detenidos en España desde 2014, año en que se autoproclamó el Califato del Estado Islámico (EI), al menos un 30% fue acusado de "difusión de mensaje terrorista", lo que indica la importancia de la propaganda en internet para este grupo terrorista.
El general Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), ha destacado que el peso de la propaganda para el Estado Islámico se demuestra por la existencia en el Gobierno del Califato de un "ministerio" de propaganda al mismo nivel que el de la "guerra".
Conocido como Consejo de los Medios de Comunicación, ese "ministerio" está formado por mas de un centenar de personas con funciones diferentes. Un poderoso conglomerado propagandístico que incluye productoras de vídeo, emisoras de radio, una agencia de noticias, videojuegos y publicaciones escritas, incluida una revista en inglés, antes llamada Dabiq y ahora Rumiyah, de aparición mensual, asegura Ballesteros.
Desde estas plataformas reclutan a sus seguidores y enseñan a fabricar bombas o crear la mayor destrucción posible con objetos cotidianos, como camiones o cuchillos caseros, en las ciudades donde residen sus "mujaidines" (combatientes).
Además el EI controla miles cuentas en redes sociales, que solo entre enero de 2014 y junio de 2015 generaron 1,9 millones de mensajes en Twitter (tuits), según un estudio de Adam Badawy y Emilio Ferrara de la University of Southern California.
Un informe de 2016 de la NATO Strategic Communications Centre of Excellence considera que pueden existir hasta 338.00 cuentas con 67 millones de seguidores, que solo en 2015 generaron entre 5,000 y 30,000 tuits diarios.
Las cuentas desde las que se difunden estos tuits, algunas con más de 14 millones de seguidores, son a menudo borradas o suspendidas, según indica el mismo informe, que estima que el 49% de las principales cuentas tienen un plazo de vida de tres semanas.
En España la difusión de la propaganda oficial del EI se ha visto dificultada por el idioma, ya que habitualmente se publica en árabe e inglés, por lo que necesita de un activista encargado de traducirla y hacerla llegar a los posibles nuevos adeptos.
En un informe elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional español (DSN) se asegura que en el verano de 2016 el Estado Islámico lanzó una campaña para contratar traductores de español, lo que daba a entender el creciente interés del grupo terrorista por captar y reclutar a este tipo de combatientes.
Según los datos del Grupo de Estudios de Seguridad Internacional de la Universidad de Granada (GESI), España aparece mencionada en 44 comunicaciones del Estado Islámico, de los que 17 son amenazas directas.
La primera apareció en un vídeo el 17 de mayo de 2014, en la que un ciudadano kosovar anunciaba: "debemos conquistar España y Roma"; la última, en la revista Rumiyah el pasado mayo, donde bajo una fotografía de la Alhambra de Granada se afirma que "cayó en manos de los infieles por la división de los musulmanes".
La propaganda relativa a España destaca por las menciones a Al-Ándalus, nombre que los árabes daban a España, que forma parte de los mapas del califato como territorio propio y no de conquista, como sería el caso de otros países europeos. La mayor preocupación para las Fuerzas de Seguridad es la posibilidad de que los individuos captados a través de la propaganda pasen a la acción.
El general Ballesteros asegura que "desde que alguien entra en contacto con el Daesh a través de foros colectivos en internet puede ser captado en tres meses y desviado a redes ocultas". Para prevenirlo las Fuerzas de Seguridad españolas actúan ante las primeras alertas.
Una estrategia que ha dado como resultado la detención, según el ministerio del Interior, de 224 supuestos yihadistas en 144 operaciones desde 2014 hasta la última detención efectuada el pasado 4 de julio en Collado Mediano (Madrid).
De ellos al menos 75, la tercera parte, fueron acusados del delito de "difusión de mensaje terrorista" principalmente en redes sociales e internet en base al artículo 579 del Código Penal español. Este artículo castiga la difusión de mensajes o consignas que tengan como finalidad incitar a otros a la comisión de delitos de terrorismo.
