La Audiencia Nacional estudiará el próximo 15 de octubre el recurso de Dina Bousselham contra la decisión del magistrado Manuel García Castellón de seguir examinando su tarjeta telefónica. La Sala de lo Penal deliberará y votará en relación a la petición de la exasesora de Podemos de que la Policía cese en sus pesquisas acerca de cómo se inutilizó la SD, ya que sostiene que la misma se rompió en manos de la empresa de recuperación. Frente a este criterio, el magistrado García Castellón sigue apuntando a Pablo Iglesias como único responsable del destrozo del dispositivo.
En un escrito del pasado 4 de octubre, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la Sala nombra como ponente a Carlos Fraile Coloma. Este magistrado de la Sección Tercera también fue el ponente del auto en el cual la Audiencia Nacional devolvió la condición de perjudicado al exlíder de Podemos en septiembre del año pasado. Se da la circunstancia de que la deliberación de este recurso, que se interpone en el marco de la pieza bautizada como Dina, coincide con el arranque del primer juicio del caso Villarejo en el que se sientan en el banquillo los acusados de tres líneas de investigación diferentes.
Ahora la Sala va a estudiar el recurso de Bousselham contra un auto de junio de García Castellón el cual, a su vez, respalda su decisión de febrero de impulsar estas las pesquisas. El instructor consideró necesario seguir indagando en esta vía después de que el Tribunal Supremo le devolviera la exposición razonada que envió sobre Pablo Iglesias (en aquel momento vicepresidente del Gobierno y, por lo tanto, aforado). La Sala Segunda del alto tribunal respondió al instructor del caso Tándem que no podía abrir causa contra Iglesias con los indicios que le aportó y le instó a agotar la instrucción.
Por ello, el 5 de febrero decidió reabrir las actuaciones seguidas en esta pieza décima de la macrocausa requiriendo a la Policía Científica para que estudiase si técnicamente era posible acceder a la información contenida en la tarjeta telefónica de Bousselham. La exdirigente de Podemos sostiene que le robaron el teléfono en un centro comercial de Alcorcón en noviembre de 2015. La cúpula del partido atribuyó estos hechos a Villarejo y el resto de miembros de la policía patriótica, a quienes les acusó de difundir su contenido en prensa con la única intención de perjudicar al partido en pleno proceso electoral.
Pendientes de la Policía
Aunque en un principio otorgó la condición de perjudicado a Iglesias por estos hechos, el instructor acabó dándole la vuelta a la causa tras conocerse que el exlíder de la formación morada mantuvo bajo su dominio la tarjeta telefónica entre enero y verano del 2016, momento en que se la devolvió a su dueña. Para cuando la recibió, Bousselham ya no pudo recuperar su contenido, según confesó ella misma en sede judicial. Tiempo después, la exasesora de Iglesias en el Parlamento Europeo señaló a Recuperación Expréss como la única responsable del destrozo del dispositivo.
En el recurso que ahora estudiará la Sala, su defensa respalda al magistrado en cuanto a la necesidad de continuar con la instrucción, ahora bien, no como quiere el juez. El escrito propone que se ponga el foco en la cúpula policial de entonces y se requiera a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) para indagar si también tuvo acceso al contenido de su teléfono, teniendo en cuenta que se encontró parte del mismo en los registros al domicilio de Villarejo y que coincidió en tiempo con la elaboración del informe Pisa, un documento contra Iglesias elaborado por miembros de la brigada patriótica y que devino falso.
Del mismo modo solicitó declarar de nuevo en sede judicial. El objetivo de Bousselham es volver a la Audiencia Nacional para exonerar a Iglesias de cualquier responsabilidad por el borrado de la tarjeta y así librarle de la causa. Una propuesta que respalda la Fiscalía Anticorrupción pero no el magistrado Manuel García Castellón, el cual sigue a la espera de recabar las conclusiones policiales sobre la rotura de la SD. El instructor considera que hay indicios de sobra que estrechan el cerco en la figura del exlíder de Podemos, a quien atribuye los delitos de revelación de secretos, daños informáticos y simulación de delito.
El perdón selectivo
Al respecto, el magistrado ya aclaró en junio que aunque Dina ofrezca su perdón, el delito que pretende esclarecer la práctica de la pericial (daños informáticos) no requiere de este ofrecimiento. Mientras la defensa de Bousselham insiste en que la tarjeta llegó intacta a la empresa de recuperación y que se dañó con las técnicas de lijado, el instructor insiste en que ya venía defectuosa de serie puesto que no la pudieron recuperar utilizando su software especializado. Al respecto añadió que "la única explicación posible" era que se inutilizara mientras la retuvo Iglesias medio año ya que no la tuvo nadie más en ese tiempo.
Tampoco respaldan a Bousselham los dos periodistas investigados en el procedimiento. Tanto Luis Rendueles como Alberto Pozas (que tuvieron acceso al contenido del dispositivo) se opusieron al recurso de la exasesora de Iglesias aseguran que si esa tarjeta se llevó a recuperación fue porque era ilegible. También mantienen que el perdón de Bousselham no puede ser selectivo; es decir, no puede exonerar a Iglesias de estos hechos sin librarles también a ellos. Ambos fueron los que le dieron a Iglesias la tarjeta, ya en enero de 2016. Lo hicieron después de recibirla en Interviú y tras negarse a publicar el contenido.
A todas estas versiones hay que añadir dos más: la de José Manuel Villarejo y la del exabogado de Podemos José Manuel Calvente. El comisario jubilado declaró nada más abrirse esta pieza que él nunca envió a la prensa los pantallazos del móvil de Dina que aparecieron publicados y que fue ella la que lo hizo a modo de venganza contra Iglesias. También dijo que si tenía el contenido de su teléfono fue porque le llegó de un tercero en el marco de su investigación a Podemos en busca de una financiación irregular. Bousselham, por su parte, confirmó que hizo las capturas de pantalla pero aclaró que no las envió a prensa, sino que simplemente se las pasó a algunos compañeros de partido.
Finalmente, figura en la causa la versión de Calvente. El abogado purgado del partido por denunciar irregularidades declaró como testigo en esta pieza de la macrocausa Tándem hace ahora un año. Al respecto dijo que el partido mentía, que ocultaron datos clave al juez y que la propia Dina filtró esa información. Según explicó, Podemos pergeñó un montaje desde la cúpula y el área legal para intentar hacer ver que tras el robo y la difusión en prensa del contenido estaba la policía patriótica coincidiendo además con campaña de desprestigio que estaban sufriendo a tenor del falso informe PISA.
