Continúa la escalada de tensión entre Iberdrola y uno de sus exdirectivos por el caso Villarejo. El que fuera jefe de Funciones Corporativas de la eléctrica, José Antonio del Olmo, comparecerá el próximo 18 de enero en los juzgados de Plaza de Castilla para declarar en el marco de un procedimiento abierto por delito de revelación de secretos. Se trata de una comparecencia que se produce a petición propia y en paralelo al avance del procedimiento que sigue la Audiencia Nacional por los trabajos que el comisario jubilado gestionó para la multinacional vasca.
Según confirman fuentes jurídicas a Vozpopuli, la diligencia se produce en el marco de una causa abierta hace cerca de un año en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid a tenor de una denuncia interpuesta por la eléctrica por los documentos que sustrajo de la compañía relativos a Villarejo. En concreto, la firma acusa a este exalto cargo de haber sacado de la compañía facturas y documentos sin el permiso necesario. Se trata de un material que Del Olmo entregó a la Audiencia Nacional junto con un informe en el que denunciaba la existencia de un sistema de facturas falsas para pagar al comisario.
Iberdrola siempre ha negado la existencia de este documento pero, en lo relativo a las facturas (del año 2004), acusa a Del Olmo de habérselas apropiado de los archivos de la firma. El año pasado, el magistrado al frente del juzgado que dirige este asunto, Arturo Zamarriego, le citó a declarar en sede judicial, aunque Del Olmo prefirió no responder a muchas cuestiones. Por ese motivo ahora ha pedido comparecer de nuevo.
Cabe recordar que este no es el único frente que Iberdrola abrió contra él en los tribunales. Además de esta denuncia, actuó también en los juzgados de Bilbao por delito de falsedad en documento privado y por violación de secretos empresariales. En lo que respecta al primero de los puntos, el Juzgado de Instrucción número 3 asumió las diligencias pero se inhibió en favor de la Audiencia Nacional para que fuera este órgano en lo que investigara al tratarse de hechos conexos. Iberdrola se negó pero el magistrado del caso Villarejo lo adhirió a la macrocausa.
Condena previa
En el segundo caso el asunto se tramitó por la vía mercantil. El pasado 30 de septiembre el juzgado falló a favor de la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán y le obligó a entregar a Iberdrola "la totalidad de los documentos sustraídos ilícitamente". El fallo recogía sus confesiones acerca de que hizo copia de las facturas confidenciales, las conservó en su despacho, las depositó ante notario cuando todavía era controller de Iberdrola y luego, tras su jubilación en 2016, se llevó a casa estas copias. Todo ello sin el consentimiento de la compañía, que al descubrir de la existencia de su informe, declaró la guerra el exalto cargo.
En lo que respecta a la querella que se adhirió al caso Villarejo, cabe recordar que el magistrado Manuel García Castellón la archivó, siguiendo de este modo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. El instructor pidió criterio a los fiscales ante el requerimiento de Iberdrola de que le permitiesen figurar como perjudicada en la pieza en la que se investigan sus contrataciones con Villarejo cuando éste figura en activo dentro de la Policía Nacional. Los investigadores resolvieron este "conflicto de intereses" declinando permitirle figurar como perjudicado de Del Olmo y archivando la querella contra él.
Se trata de una decisión que Iberdrola recurrió ante la Sala de lo Penal y que, como avanzó este diario, se estudiará junto con otros recursos el próximo 5 de noviembre. De este modo, queda en manos de esta instancia superior la decisión acerca de las acciones que emprendió Iberdrola contra este exdirectivo díscolo que, en sus múltiples declaraciones en la sede de la Audiencia Nacional, apuntó que nunca se hizo nada en la eléctrica que no pasara por las manos de Sánchez Galán y que si no habló de sus acciones fue por temor a represalias.
Tanto es así que, en su famoso documento que llevó ante el notario Luis Ramallo, Del Olmo incluyó una serie de directivos de la eléctrica que estarían al corriente de que el primer encargo a Villarejo (proyecto Arrow) se costeó empleando a Casesa, entonces proveedora de seguridad de la eléctrica. Los fundadores de la firma negaron ante el juez relación de cualquier tipo con el comisario jubilado, pero la documental aportada a la causa por la Agencia Tributaria demuestra que se giraron facturas desde Casesa al entramado empresarial de Villarejo (grupo Cenyt).
Galán, pendiente del juez
Ante estos indicios, el magistrado Manuel García Castellón decidió imputar en junio a Sánchez Galán y otros altos cargos de Iberdrola como el director general de negocios de la eléctrica, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España Fernando Becker; y el que fuera jefe de gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo por los delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. El instructor les citó a declarar para el 8 de julio pero terminó suspendiendo estas diligencias para resolver primero en relación al futuro procesal de Iberdrola.
El resultado fue la imputación de Iberdrola Renovables por ser la firma que costeó el último encargo de espionaje al entramado de Villarejo (proyecto Wind). De hecho, esta imputación es uno de los asuntos que va a estudiar la Sala de lo Penal el próximo 5 de noviembre, en tanto la compañía asegura que no cometió delito alguno porque los pagos se efectuaron en 2016 cuando Villarejo ya no era policía en activo. Además recuerdan que contrataron con Cenyt y no con el policía, cuya condición policial desconocían, según dicen.
De este modo, y según confirman fuentes jurídicas a este diario, la declaración de Sánchez Galán así como la de la firma como persona jurídica, se producirá toda vez que la Sala de lo Penal resuelva sobre los recursos que tiene sobre la mesa. Entre ellos se encuentra, además, uno del propio Sánchez Galán en el que rebate la tesis del magistrado acerca de que fue presidente de esta filial de la matriz. El empresario insiste en que "jamás" ha formado parte de los consejos de administración de Iberdrola Renovables, aportando para ello documental del Registro Mercantil de Vizcaya.
