La Generalitat ya se ha cobrado su primera víctima en la comunidad educativa. Tan solo un día después del inicio del nuevo curso escolar en Cataluña, Puigdemont ha decidido cesar al presidente del consorcio de Educación de Barcelona, Lluís Baulenas, en plena búsqueda de locales en la capital catalana para que sean puntos de votación en el referéndum del 1 de octubre. Y ya tiene sustituta. Según publica este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc), será la propia consejera catalana de Enseñanza, Clara Ponsatí, - precisamente nombrada en julio por su firme compromiso con el referéndum- quien se encargue de reemplazarle.
Este cambio no ha hecho más que aumentar la incertidumbre entre los directivos y docentes de los colegios catalanes que han comenzado a dar clases este martes en medio de la vorágine secesionista y faltos de información sobre las consecuencias que tendrá colaborar con el desafío independentista. Una de las vías para que los barceloneses puedan votar es que la Generalitat use edificios de su titularidad y, entre estos, destacan los centros educativos públicos gestionados por el consorcio de Educación de Barcelona.
Repercusiones ante el 1-O
"El Consorcio supone casi la mitad de los centros de la capital y este cese da mucho que hablar. Que no hayan encontrado a nadie para que asuma ese desafío y tengan que poner a la propia consejera... Hace de presidenta y de barrendero, es decir, que solo se fían de ellos mismos porque ni siquiera saben lo que va a pasar", opinan fuentes del ámbito de la Educación catalana que prefieren mantenerse en el anonimato.
"Hay mucho miedo, nadie sabe qué repercusiones puede tener en sus puestos de trabajo abrir los centros el 1 de octubre. De hecho, muchos directores y docentes están esperando que las órdenes se les den por escrito desde los servicios territoriales porque son funcionarios y tienen que cumplir con su obligación. Cuando Artur Mas fue a juicio, habló de profesores voluntarios, así que piensan que no les protegió, ¡poco más que había sido iniciativa suya!", reconocen.
¿Política en las aulas?
Desde el sindicato Anpe Cataluña, explican que "el tema de la secesión es un tema complejo y entre los docentes, al igual que en el resto de la sociedad catalana, impera la división de opiniones al respecto". Sin embargo, aseguran que en el aula, los docentes, como buenos profesionales, siguen como siempre con su tarea escolar: enseñar y fortalecer los valores de la convivencia y el respeto.
Pese a que algunos docentes han reconocido su nerviosismo a este diario, en Anpe consideran que "la escalada de tensión entre unos y otros [secesionistas y unionistas] se ciñe al mundo de la política. En las aulas no se hace política e intentamos mantenernos al margen. Nuestra labor no es ésa", dicen.
En el caso del referéndum, si se tuviera que abrir algún centro para la votación, es la Administración la que se tendrá que poner de acuerdo con las direcciones, como ocurrió en el 9N y que contó con la colaboración de docentes voluntarios"
Con respecto a si existe alguna normativa a seguir por los centros educativos para explicar el referéndum, Anpe señala que no hay ninguna pauta: "Efectivamente, desde la libertad de cátedra, cada profesor puede expresar lo que crea, siempre desde el respeto y la tolerancia".
Y agregan que las cuestiones de la apertura o no de los centros, como muchas otras, no se consultan al profesorado. "En el caso del referéndum, si se tuviera que abrir algún centro para la votación, es la Administración la que se tendrá que poner de acuerdo con las direcciones, como ocurrió en el 9N y que contó con la colaboración de docentes voluntarios. Parece ser que ésta vez, serán los ayuntamientos, los que han manifestado su intención de colaborar, los que ofrecerán locales municipales", señalan.
El rol del Consorcio
Sin embargo, el primer cese educativo ya ha llegado. Barcelona es la ciudad más poblada de Cataluña y uno de los municipios en los que a día de hoy no se puede garantizar que el 1-O habrá los mismos puntos de votación que en las últimas autonómicas.
El Gobierno catalán ha instado al Ayuntamiento a ceder sus locales para ello, pero la alcaldesa, Ada Colau (BComú), ha pedido garantías para no poner en riesgo a los funcionarios ni a la institución, por lo que una forma para llevar a cabo su cometido es que la Generalitat use edificios de su titularidad sin obligar al Ayuntamiento a ceder los suyos.
Los centros educativos públicos de Infantil, Primaria, ESO y postobligatoria, gestionados por el consorcio de Educación de Barcelona -participado en un 60% por la Generalitat y en un 40% por el Ayuntamiento- suponen una alternativa de cara a la consulta. Con su máximo representante cesado y sustituido por Ponsatí, la apertura de institutos gestionados por el consorcio es más viable.
