La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se enfrenta a una asociación de fiscales que llevó a los tribunales su gestión del coronavirus. Este lunes, la Fiscalía de Madrid ha presentado un recurso contra el auto del Juzgado de lo Social número 13 de Madrid en el que se obliga al Ministerio de Justicia y al Ministerio Fiscal a dotar de "mascarillas, guantes, gel desinfectante y gafas, si fuera posible" en todas las sedes judiciales a los fiscales para protegerse de la pandemia.
En el recurso, recogido por Vozpópuli, la Fiscalía de Madrid ha cargado contra la juez María Sánchez Rivero por haber admitido la medida cautelar, "interpuesta a través de un procedimiento inadecuado", de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
"El Juzgado nº 13 no es que sea territorialmente incompetente, sino que está confundiendo la falta de competencia territorial con la falta de competencia funcional, pues (...) la competencia para el conocimiento de la demanda formulada le corresponde a la Audiencia Nacional, por lo que el citado Auto incurre en causa de nulidad", según consta en el recurso del ministerio público.
Desde el departamento dirigido por Delgado, han criticado que la magistrada se arrogara "competencias de las que carece" al admitir la demanda de la APIF. "Ha dictado un auto de medidas cautelarísimas in audita parte, sin precedentes conocidos, contra un órgano con relevancia constitucional que extiende sus competencias y atribuciones a todo el territorio del Estado, la Fiscalía General del Estado", ha señalado.
La denuncia de la APIF
La Apif planteaba "una eventual infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales afectante a la salud de “los fiscales, incluyendo al concreto demandante y funcionarios de las Oficinas Fiscales que deban realizar funciones presenciales durante la vigencia de la pandemia del Covid-19”.
La Fiscalía de Madrid ha alegado en su recurso que, según dicho planteamiento, "estamos ante una demanda de un conflicto colectivo al interponerse en representación del colectivo de fiscales". Así, ha insistido en que la petición de la asociación no se debería circunscribir únicamente "a los que desempeñan sus funciones en la Comunidad Autónoma de Madrid", ya que podría afectar a todas las Fiscalías del país. Y ha hecho hincapié en que la demanda tendría que haberse presentado en la Audiencia Nacional y no en un juzgado de Madrid.
Golpe al Juzgado
Según la Fiscalía, se trata de un "claro exceso" de la magistrada en el "ejercicio de sus competencias". Y así lo ha dejado claro en su recurso, al reprochar con dureza su presunto desconocimiento de las leyes: "Supone una falta de diligencia inadmisible en todo caso, pero mas aún, ante la terrible situación a la que nos enfrentamos día a día desde la justicia, en la que debiera ser predicable de quienes ejercen un poder del Estado un mínimo conocimiento del funcionamiento, extensión territorial y competencias específicas de otras instituciones constitucionales, como es el Ministerio Fiscal y uno de sus órganos: la Fiscalía General del Estado".
