Dolores Agenjo, hoy jubilada para dedicarse a su tesis doctoral, ha decidido relatar a Vozpópuli cómo desde la Consejería de Educación de la Generalitat, dirigida hace un año por Irene Rigau que ha declarado esta semana por organizar junto con Artur Mas y su exvicepresidenta Joana Ortega en la consulta ilegal del 9N, se le presionó a ella y a otros directores de institutos públicos catalanes para que abrieran sus centros y permitieran la celebración de la consulta el 9 de noviembre de 2014. Agenjo se negó porque no recibió ninguna notificación escrita de aquella petición de apertura que se enfrentaba radicalmente a la decisión del Tribunal Constitucional.
Mientras desde la Generalitat se presionaba sin facilitar orden por escrito para no tener consecuencias legales a los directores de los centros educativos para que abrieran sus puertas, buscaran voluntarios y colocaran las urnas, Dolores Agenjo se sentía entre “la espada y la pared” porque ella quería cumplir la ley como funcionaria.
Pregunta. ¿Por qué se negó a entregar las llaves para que abriera su instituto para celebrar el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014?
Respuesta. Me negué a entregar las llaves porque la Directora de los Servicios Territoriales no me lo ordenó por escrito, mediante acto administrativo. La consulta catalana que impulsó el gobierno de Artur Mas, según el Tribunal Constitucional y la carta remitida por la Delegada del Gobierno a los directores de los centros públicos, era ilegal. Por tanto, si el director del centro no disponía de una orden, sería presumible que el centro se había abierto para albergar la consulta por iniciativa del propio director del centro. Los directores no son los propietarios del centro, pero sí los responsables de todo cuanto pueda ocurrir en las dependencias del mismo, incluso en período de vacaciones escolares.
Las responsabilidades judiciales serían, sin orden escrita, del propio director. Me parecía que yo, como funcionaria, no debía incurrir en una ilegalidad y no entendía cómo nuestros superiores jerárquicos pretendían dejarnos en una situación de indefensión. Daba la impresión de que pretendían escudarse en nosotros, eludiendo así su responsabilidad.
"Sin orden escrita las responsabilidades judiciales serían del director; daba la impresión de que pretendían escudarse en nosotros", cuenta Dolores Agenjo
P. - ¿Los días previos a esa fecha, recibió usted como directora del centro presiones verbales o escritas de la Generalitat y de su conselleria de Educación, encabezada por Irene Rigau, para que abriera el colegio y participara en el 9N?
R. En octubre fuimos convocados todos los directores de Barcelona-Comarcas a una reunión en la calle Caspe de la capital catalana, sede de los Servicios Territoriales. La convocatoria se remitió por correo electrónico e indicaba como motivo informar sobre la jornada de reflexión de la cual algunos centros seríamos sede. En caso de no poder asistir, se nos instaba a comunicarlo urgentemente vía telefónica, de manera que se entendía claramente que era muy importante nuestra asistencia. Una vez en la reunión, la directora de Servicios Territoriales nos dijo que todos los centros seríamos sede electoral y que buscáramos tres voluntarios entre el profesorado, uno de los cuales se ocuparía de las cuestiones informáticas y otro sería el coordinador. Añadió que iríamos recibiendo información sobre lo que había que hacer, que recibiríamos material que deberíamos custodiar en el centro y facilitar las mesas y las sillas para las votaciones. Por último, dijo que, si entre los voluntarios no había nadie del equipo directivo, deberíamos entregar las llaves del centro a uno de los voluntarios.
P. - ¿Pero les enviaron una orden por escrito de parte de la Generalitat para abrir los centros públicos educativos para permitir instalar las urnas?
R. Un director preguntó si nos iban a facilitar una orden por escrito para entregar las llaves, a lo que la directora respondió que no era necesario, que la Generalitat es la propietaria de los centros educativos y que simplemente debíamos entregarlas si así se nos requería, aunque solo fuese verbalmente. Ante la insistencia de otros directores, añadió que como veía que ese tema nos preocupaba, estudiaría la posibilidad de facilitarnos algún escrito. Antes de concluir la reunión, yo pregunté si era obligatorio reclutar voluntarios. Inmediatamente algunos directores se anticiparon a su respuesta diciendo que obviamente si la Directora de Servicios Territoriales nos hacía esta petición se debía entender como obligatoria.
Yo insistí en que quería que me respondiera la directora de Servicios Territoriales, quien, después de una breve vacilación, me contestó que no era obligatorio, pero sí pertinente y que, si algún profesor se dirigía a mí para ofrecerse como voluntario, yo debía comunicárselo al Departamento de Enseñanza.
P. Veo que esa reunión le dejó realmente preocupada…
R. Así las cosas, la sensación entre bastantes directores fue la de sentirnos entre la espada y la pared, la sensación de que si cumplíamos la ley y nos negábamos a colaborar íbamos a quedar en una situación muy difícil delante de nuestros superiores, de los cuales dependían nuestros cargos y nuestra evaluación. Si, por el contrario, complacíamos a la Directora de Servicios Territoriales podíamos incurrir en una grave responsabilidad de la que se nos podría pedir cuentas. A algunos, además, esta colaboración nos suponía violentar nuestras convicciones. La situación era, por tanto, de tensión y de honda preocupación. Durante el tiempo que medió desde la reunión hasta el 9 de noviembre, los directores mantuvimos una reunión para hablar del tema e intercambiamos numerosos correos electrónicos en los que expresábamos nuestros temores y malestar.
P. ¿Y usted accedió a convocar a voluntarios para el 9N?
R. La Directora de Servicios Territoriales convocó una nueva reunión, pero, esta vez solo con los directores que habían colaborado aportando voluntarios. Como yo no quise prestarme a esa tarea, no recibí la nueva convocatoria y pensé que ya no me dirían nada más pues había quedado claro mi voluntad de no participar en modo alguno en la “jornada de reflexión”. Sin embargo, el jueves 6 de noviembre, me llamó una persona del Departamento de Enseñanza diciéndome que era el coordinador de los voluntarios y que vendría al centro para que le entregara las llaves. Como le contesté que sin orden escrita no lo haría, al cabo de poco tiempo me llamó la directora de Servicios Territoriales para requerirme la entrega de las llaves. Me reiteré en mi petición de la orden y me contestó que ya lo consultaría. Esa misma mañana hablé con otros dos directores que tampoco habían entregado las llaves y que se sentían muy angustiados por la situación. Dolores Agenjo saltó a la luz pública hace poco menos de un año cuando decidió, de forma valiente, respetar la ley y la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Agenjo se negó a entregar las llaves a la consellería de Educación de la Generalitat para que pudiera abrir el instituto que dirigía en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y se pudieran instalar las urnas, algo que declaró ilegal el Alto Tribunal. Varios profesores nos sentimos presionados al no recibir la orden de entrega de llaves para abrir los centros educativos el 9N por escrito.
P. ¿La directora accedió finalmente a entregarle la orden por escrito para que usted abriera su instituto y colocaran las urnas?
R. El viernes, 7 de noviembre, cuando ya pensaba que todo había pasado, volvió a llamarme la directora de Servicios Territoriales para reclamarme las llaves, diciéndome que era la última que quedaba sin entregarlas. Me mantuve en mi petición, a pesar –le dije- de que no era mi voluntad desobedecerla y la Directora de Servicios Territoriales me contestó que parecía que sí quería desobedecerla y que ya me diría algo. Al cabo de una hora, más o menos, volvió a llamarme para decirme que me daría la orden por escrito y que ella misma se personaría en el centro a recoger las llaves.
Después de colgar, me di cuenta de que no habíamos acordado la hora en que se pasaría y la llamé yo para preguntárselo. Me dijo que vendría a última hora, antes de que cerráramos el centro, a las 21h30; yo le recordé que trajera la orden y que quedara claro que se me ordenaba la entrega de las llaves; me respondió que así sería, pero que no le enseñara la orden a nadie. Me quedé perpleja por este comentario y le respondí que inmediatamente se lo remitiría a la Delegada del Gobierno en Cataluña, pues así lo indicaba su escrito y era la única forma en que quedaba claro que yo no colaboraba ni encubría la consulta y cumplía con mi obligación de comunicar a la autoridad lo que posiblemente sería un uso ilegal del centro. Esto hizo cambiar de opinión a la directora de Servicios Territoriales, quien me dijo que debía volver a consultar si se me entregaba orden o no, que ya me diría algo. Pero ya no volvió a llamarme ni se presentó a recoger las llaves.
"Le dije a la directora de Servicios territoriales que me diese una orden escrita, pero me pido que no la enseñase; yo me negué", cuenta la antigua directora de instituto
P. - ¿Desde entonces, sigue siendo usted directora? ¿Ha recibido el apoyo de la Generalitat o? ¿A qué se dedica actualmente?
El día 10 de octubre de 2014 yo había solicitado acogerme a la jubilación anticipada, dado que podía hacerlo y por la difícil situación familiar en que me encontraba por la enfermedad de mi padre. A principios de diciembre, la situación se resolvió, de modo que yo podría perfectamente haber seguido trabajando. El 12 de diciembre de 2014, un mes antes de la fecha solicitada de jubilación, yo podía retractarme, simplemente no firmado la conformación de la solicitud, como hacen otros muchos profesores que, después de haber solicitado la jubilación, cambian de opinión y deciden continuar trabajando. Pero, evidentemente, mi situación no era la más adecuada para seguir trabajando, a pesar de sentirme con fuerzas y disposición para ello.
El día 10 de noviembre, cuando llegué al instituto, encontré en el correo del centro, numerosas amenazas e insultos anónimos, que, en su momento, aparecieron en la prensa. El Departamento de Enseñanza lo sabía, porque incluso algún superior mío lo comentó con un miembro de mi equipo directivo, y no me dieron ningún tipo de apoyo ni moral ni jurídico. Cabe señalar que todos los directores, cuando en el ejercicio de sus funciones, sufren amenazas, como era mi caso, reciben el apoyo de los servicios jurídicos del Departamento. Mi sensación fue la de total abandono por parte de mis superiores. En la actualidad, estoy jubilada y me dedico a realizar mi tesis doctoral, pues en su momento, no tuve la oportunidad, y colaboro en la medida de mis posibilidades en la defensa de los derechos lingüísticos de los catalanes de lengua española en Cataluña y en la permanencia de Cataluña dentro de España.
P. - ¿Conoce a otros directores que aunque apoyen la ley y la Constitución finalmente cedieron y tuvieron que abrir sus colegios para la consulta del 9N?
R. Sí los conozco. Varios de mis compañeros directores de L’ Hospitalet de Llobregat opinaban como yo y se resistieron hasta el último momento.
P. - ¿Cree que en las últimas décadas la Generalitat catalana impone un sesgo nacionalista en las clases que se imparten en las escuelas públicas de Cataluña?
R. En primer lugar, la Generalitat impone que la lengua vehicular de la enseñanza sea única y exclusivamente el catalán, de modo que el español queda reducido como mucho a las tres horas de lengua española. Eso, en mi opinión, constituye una forma de transmitir la idea de que la lengua de Cataluña es exclusivamente el catalán y un intento de sustituir, en una o dos generaciones, la lengua española, como lengua familiar de muchos estudiantes catalanes, por la lengua catalana. Además de la lengua, el otro instrumento de transmisión del nacionalismo es el relato tergiversado que se hace de la historia de Cataluña y de la historia de España.
No hay más que revisar los contenidos de los libros de historia para comprobar cómo se presenta la relación entre España y Cataluña y las implicaciones que eso tiene en la construcción de un ideario nacionalista. Sin embargo, hay que decir que la fuerza con que el nacionalismo presiona depende de las zonas y de los centros. En mi centro, por ejemplo, no había ninguna presión nacionalista. Yo como directora nunca me dediqué a controlar que los profesores diesen las clases en catalán, ni a influir para que los contenidos curriculares transmitiesen una visión nacionalista de la historia.
P. - ¿Cómo cree usted que se solucionará la presión independentista que se ha instalado en el gobierno de la Generalitat?
R. No lo sé. Se equivocan los que creen que no van en serio en su desafío nacionalista. Yo creo que es urgente que se preste mucha atención a este asunto y se actúe con mucha delicadeza e inteligencia. Las últimas elecciones han demostrado que Cataluña está dividida. Por ello, hay que dialogar, pero, humildemente, pienso que antes que abordar el llamado encaje de Cataluña en España, es imprescindible que Cataluña misma aborde el encaje de sus dos mitades. Por desgracia, hay un gobierno de la Generalitat que parece que quiere ignorar al 52% de catalanes que no quiere la independencia; un gobierno que quiere imponer la independencia incluso aun después de que se han podido contar los votos y comprobar que no tienen suficiente respaldo popular para tal empresa. Pienso que el 48% que dice querer la independencia constituye un sector muy importante de la población, pienso que hay que darles una respuesta satisfactoria, pero que nunca esa respuesta puede ser a costa de sacrificar al otro 52%. Veo, con preocupación, que entre algunos se impone la idea de darles a los independentistas casi todo (competencia en lengua, cultura, justicia, impuestos…) sin pensar en que eso puede contrariar, disgustar y desamparar gravemente al otro 52%. Hay que llegar a una solución buena para los dos sectores. Es difícil, pero para eso están los políticos.
