Final sin gloria para José Luis González Clares, alias El Moro, y desde ahora ex policía. El Ministerio del Interior certificó la pérdida de su condición de funcionario una vez se hizo firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que le condenó a dos años y once meses de cárcel por un delito de detención ilegal y otro de falsedad documental. No obstante, el nombre de este agente y su apodo saltaron a la primera plana de los periódicos hace más de una década.
En concreto, estuvo implicado en una falsa incautación de tres cartuchos de Goma 2 ECO, el mismo explosivo que usaron los yihadistas de Atocha. En realidad, fue una entrega pactada entre El Moro y uno de sus confidentes, que levantó las sospechas de la propia Policía. Tras tener el explosivo en su poder por tiempo indeterminado, escenificaron la entrega justamente en Leganés, apenas a unos kilómetros de la calle Martín Gaite de la localidad madrileña en la que se inmoló la célula terrorista del 11-M.
Este hecho protagonizó un nuevo escenario de enfrentamiento entre los medios que aquellos días cuestionaban la investigación de la masacre y los que acusaban a estos de alimentar teorías conspirativas. El relato de hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial dice que entre el 14 y el 15 de agosto de 2006 El Moro y su confidente se pusieron en contacto. El colaborador policial le informó de que tenía una bolsa de explosivos y esa misma noche se la entregó al policía. Lo que pedía a cambio este confidente era una serie de ventajas para su padre, en ese momento en prisión.
Hechos probados
Eran tres cartuchos de Goma 2 ECO y seis detonadores robados un año antes en unas obras. El Moro se llevó el explosivo a su casa. En lugar de trasladarlo inmediatamente a una comisaría, el policía concertó con su confidente un nuevo encuentro, esta vez a las 3 de la madrugada y en el barrio de La Fortuna de Leganés. Desde allí llamaron a la Policía simulando que la entrega se acababa de hacer en ese momento y en ese lugar.
La sentencia recoge que el confidente alegó durante el juicio que la bolsa con el explosivo se la entregó un hombre árabe en un bar que él frecuentaba y que le dio 500 euros por llevarla hasta Alcorcón. Dijo que no sabía lo que portaba hasta que pasado un rato miró dentro de la bolsa y vio los explosivos. Añadió que se puso “muy nervioso acordándose de los trenes de Entrevías y Atocha”, razón por la que llamó a su contacto en la Policía, El Moro. Sin embargo, el tribunal considera que esta versión “no se sostiene” y por ello en 2016 condenó al confidente a un año de cárcel por un delito de tenencia ilícita de explosivos.
Fue a principios de diciembre de 2006 cuando El Moro, el confidente y cinco personas más fueron detenidas y enviadas a la Audiencia Nacional acusadas de integrar una trama de corrupción policial. El Moro estuvo casi un año en prisión preventiva. Entre los arrestados estaba también la esposa del confidente, un abogado, y otros tres policías. Dos de estos agentes fueron acusados de un delito de revelación de secretos con grave afectación a la causa pública por su relación con la prensa a la que aportaron datos de investigación. Durante su arresto, uno de ellos trató de suicidarse ingiriendo gran cantidad de pastillas. Finalmente el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo -el mismo que instruyó el 11-M- acabó derivando la causa a un Juzgado de Leganés.
Segundo montaje
Las pesquisas sobre este grupo permitieron determinar que, además, varios de ellos habían participado en un montaje para imputar a una ciudadana rusa un delito de tráfico de drogas. La víctima era la expareja del hijo del abogado de la trama y el objetivo en este caso era arrebatarle la custodia de sus hijos. Para ello trazaron un plan, en el que estaba inmerso de nuevo González Clares, El Moro.
La acción consistía en colocar un paquete de cocaína a la mujer y en ese momento proceder a su arresto como si hubiese sido sorprendida traficando con droga. Así lo hicieron el 19 de octubre de 2006, siendo el propio González Clares quien la arrestó y la llevó a comisaría procediendo a efectuar el atestado correspondiente. Su plan no tuvo final feliz y la trama, que ya estaba bajo vigilancia de la Policía, fue desarticulada dos meses después.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid condenó el 28 de marzo de 2016 (diez años después) a El Moro por estos hechos y fue el pasado lunes, una vez la sentencia fue firme, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución del Ministerio del Interior en la que se comunica su expulsión.
La decisión, firmada por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, declara la “pérdida de la condición de funcionario del Policía del Cuerpo Nacional de Policía don José Luis González Clares por las penas de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para el desempeño de empleo y cargo público a las que ha sido condenado”. Esta decisión de expulsarle se produce a pesar de que, como indica el propio BOE, El Moro, nacido hace 64 años, se encontraba actualmente jubilado. Su último destino lo tuvo en la Comisaría Local de Móstoles (Madrid).
