Alemania destinó el año pasado unos 21.700 millones de euros a afrontar las distintas vertientes de la crisis de los refugiados, cifra que incluye una línea de financiación específica destinada a las escuelas que acogen a menores dados su mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. En Suecia, existen programas de formación continua para los docentes que les dan clase y en el caso de Italia, cuentan con una legislación específica sobre menores no acompañados (MENA). ¿Qué está haciendo España para llevar a cabo la inclusión de los niños refugiados en los centros?
El derecho de las personas refugiadas a la educación está contemplado en el marco jurídico español"
Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) consideran que el país no cuenta con una "apuesta real" por poner en marcha medidas que favorezcan la integración educativa de los menores refugiados, de acuerdo a su estudio 'Educación: Los derechos de las niñas y niños refugiados en España', elaborado por la politóloga y socióloga Begoña López Cuesta en colaboración con la Internacional de la Educación (IE).
"El derecho de las personas refugiadas a la educación y a la protección internacional están contemplados en el marco jurídico español. En la práctica, sin embargo, este reconocimiento formal contrasta con la ausencia de un marco legal y una infraestructura institucional específicamente orientados a identificar las necesidades de este colectivo y ofrecer una respuesta apropiada", advierten en el sindicato.
Solicitudes recibidas
España recibe una fracción muy reducida del total de solicitudes de asilo de la Unión Europea. En 2016, por ejemplo, esta cifra se situaba en un 1% sobre el total, una cifra donde hay que tener en cuenta que, en la práctica, el Estado deniega alrededor de un 70% de estas solicitudes, según recoge el Informe 2016 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Desde CCOO destacan que existe una "cuasi-ausencia" de solicitudes de protección internacional formuladas por menores no acompañados (MENAS)
Tal y como recoge el informe, en el caso de las solicitudes de protección internacional presentadas por menores de edad, estas representaron un 25,2% del total de peticiones recibidas, según los últimos datos disponibles publicados por el Ministerio del Interior, correspondientes al año 2015. En términos absolutos, estas cifras se traducen en 3.750 solicitudes sobre una suma de 14.887. "Sin embargo, la mayor parte de estas solicitudes fueron denegadas, sólo se concedió algún tipo de protección a 389 del total de menores solicitantes, es decir, a un 10,4% del total", explican.
Por otro lado, desde CCOO destacan que existe una "cuasi-ausencia" de solicitudes de protección internacional formuladas por menores no acompañados. "El volumen total de estas fue de 25 para el año 2015 y de 26 para el año 2016, cifras que contrastan con las 14.440 demandas recibidas por Alemania o las 35.250 recibidas por Suecia, según datos de Eurostat correspondientes a 2015", apuntan.
Atención a la diversidad
Además, el sindicato lamenta que el descenso en el gasto en educación, especialmente el destinado a la atención a la diversidad -que bajó un 55,4% entre 2009 y 2012-, incida negativamente en su integración: para los refugiados, el centro educativo es esencial porque es la primera institución normalizada con la que tienen relación en el país. Para el secretario general de enseñanza de CCOO, Francisco García, las condiciones para una escolarización exitosa de los refugiados son "las peores". Y critica que "no existen datos oficiales actualizados sobre el número de refugiados menores que viven en España".
Dominique Marlet sostiene que en España que los directores y docentes "están solos para afrontar los retos"
La directora de Derechos Humanos de la Internacional de la Educación, Dominique Marlet, sostiene que en España, la inclusión en las escuelas se está produciendo entre recortes y que los directores y personal docente "están solos para afrontar los retos". "No hay un apoyo adicional a los directores para que se ocupen de la integración de los niños refugiados", indica. Marlet denuncia que los centros educativos segregan al alumnado y que se trata a los refugiados como un colectivo, sin tener en cuenta las necesidades individuales de cada menor.
Pero a pesar de la ausencia de un marco normativo e infraestructura institucional específicamente diseñados para la atención de menores refugiados, desplazados a la fuerza, solicitantes de protección internacional y migrantes, el estudio señala que la sociedad civil española y las autoridades locales han asumido frecuentemente una actitud de liderazgo en la atención a este colectivo. "A pesar de la situación de crisis económica del país, España es en la actualidad el mayor donante privado al ACNUR –elemento que, como señala la representante de la institución, Francesca Friz-Prguda, resulta indicativo de la predisposición ciudadana a la acogida y protección de refugiados", determinan.
Becas, leyes y protocolos
Asimismo, de acuerdo al estudio, desde los gobiernos locales y autonómicos, instituciones privadas y universidades se han puesto en marcha una serie líneas de actuación y programas especializados que, por lo menos de forma parcial, han contribuido significativamente a garantizar la protección del colectivo. Las universidades y otras organizaciones ligadas a la educación superior también se encontrarían entre los agentes sociales que han planteado respuestas en relación a la acogida de alumnado refugiado.
Desde los gobiernos locales y autonómicos, instituciones privadas y universidades sí se han puesto en marcha una serie líneas de actuación"
En este contexto, el conjunto de fuentes consultadas, testimonios y experiencias recogidas durante la realización del mencionado informe plantean al Gobierno una serie de recomendaciones para que las administraciones educativas españolas puedan hacer frente a los retos a la hora de garantizar el derecho a la educación de los menores refugiados y solicitantes de asilo. Estas son diez de ellas:
- Establecer una ley de financiación educativa con objetivos claros, que garantice un nivel de inversión equiparable a la media de la Unión Europea, y que proteja aquellas partidas con mayor capacidad redistributiva.
- Establecer un programa de becas y ayudas específicamente dirigidas a este colectivo, que permita compensar y paliar las dificultades socioeconómicas a las que frecuentemente se enfrenta el grupo.
- Establecer bases y estándares claros, así como procedimientos previsibles, que permitan el reconocimiento y convalidación de titulaciones extranjeras, con el objetivo de permitir la incorporación del alumnado refugiado a la educación secundaria superior, ya sea en su orientación académica o técnica.
- Elaborar protocolos de acogida orientados a la coordinación de las autoridades educativas locales con otros servicios sociales pertinentes, a fin de asegurar la atención integral a las distintas necesidades de los menores.
- Ofrecer dispositivos de refuerzo y/o asesoramiento lingüístico al alumnado refugiado y sus familias, con el objetivo de garantizar su progreso educativo y la paulatina familiarización con las lenguas vehiculares contempladas en los sistemas educativos de cada una de las comunidades autónomas.
- Desarrollar cursos de formación docente orientados a la atención de alumnado refugiado, incorporándolos a los planes de estudio de los grados universitarios orientados a la formación del profesorado; así como a la oferta de formación continua de las distintas comunidades autónomas.
- Dotar a los centros de recursos humanos y materiales, incluyendo profesionales de apoyo psicopedagógico y lingüístico y especialistas en mediación cultural, así como del personal de refuerzo.
- Proceder con la acogida en España de las personas refugiadas que se encuentran en Grecia e Italia, y según los acuerdos de reubicación adoptados por el Consejo Europeo.
- Poner fin a la devolución forzosa de personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla y facilitar el proceso de solicitud y tramitación de asilo para los MENAS
- Diseñar e implementar programas de formación en derechos humanos y género para los empleados públicos que tienen contacto con las personas desplazadas a la fuerza, migrantes, apátridas y solicitantes de protección internacional e instruyen sus expedientes.
