Todo para los profesores, pero sin los profesores. Las prácticas "absolutistas" de algunos departamentos de la Universidad Carlos III de las que se quejan incesantemente varios docentes vinculados a la institución atienden cada vez menos a la razón de la que tratara de guiarse el monarca que da nombre al centro, en la era del despotismo ilustrado.
Mientras llueven las acusaciones por parte de varios docentes, la Universidad Carlos III opta por guardar silencio. También el Instituto asociado a la Fundación Juan March
De las protestas por nombramientos supuestamente amañados en el Instituto Carlos III - Juan March de Ciencias Sociales a las denuncias del CSI-F sobre normativas por considerar que "incumplen la ley", pasando por un recurso por fraude de cátedra "colocada" para un miembro de la Fundación Juan March. La batería de acusaciones sobre casos de "nepotismo" no ha servido, en cambio, para que la cúpula de la universidad se pronuncie al respecto.
Situada como tercera mejor en el 'U-Ranking sobre el Sistema Universitario Español' de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigación Económica entre un total de 61 instituciones, la Carlos III prefiere guardar silencio, tal y como ha podido comprobar este diario al ponerse en contacto con los departamentos pertinentes. Tampoco dan explicaciones desde el Instituto dirigido por Ignacio Sánchez-Cuenca.
70% de temporalidad
Según fuentes del CSI-F, los casos de "nepotismo" se dan en la mayoría de universidades españolas, no solo en la Carlos III, pero sí advierten de que esta institución ha sacado una normativa por la que los catedráticos "solo son de promoción interna", mientras que los profesores titulares "solo se sacan a concurso si hay un candidato adecuado", unas reglas que han decidido recurrir en el tribunal contencioso administrativo.
"Todo se queda en casa. Y mientras, la temporalidad en el profesorado supera el 70%, con renovaciones anuales, así que nadie se atreve a hablar y hay un clima de terror", revelan fuentes del sindicato. "Al que levanta la voz le castigan sin renovación o le mandan al Campus de Colmenarejo, que está más lejos e implica coger su coche particular para llegar", cuentan a Vozpópuli.
La autonomía universitaria es mucho más independiente que los catalanes que reclaman un referéndum"
"La autonomía universitaria es mucho más independiente que los catalanes que reclaman un referéndum para independizarse. Algunas universidades llevan haciendo lo que les da la gana desde finales de los 80, es endogamia pura y dura", lamentan.
Otra de las situaciones que denuncian es que "han instado al personal administrativo", como pueden ser los auxiliares técnicos (antes llamados bedeles), "a firmar con empresas de trabajo temporal externas". Siendo funcionarios interinos se han visto obligados a renunciar a su interinidad para seguir manteniendo su empleo", señalan.
Recurso de reposición
Además, la polémica por la colonización de miembros de la Fundación Juan March en el centro de enseñanza superior de la que informan determinados docentes puso en alerta a un profesor que presentó su candidatura a una cátedra de sociología convocada por el Departamento de Ciencias Sociales, por la que competiría con otros dos candidatos del área de sociología del mismo departamento con nexos con el Instituto Juan March-UC3M.
Al considerar que se habían cometido infracciones de las normas legales y reglamentarias dirigidas a garantizar la objetividad y la imparcialidad de los procesos de selección, el docente, llamado Jesús Sánchez Barricarte, decidió interponer un recurso de reposición contra la resolución universitaria por la que se llamaba a concursar para acceder a la plaza.
Entre las tropelías que se le atribuyen al Departamento de Ciencias Sociales destaca que hay miembros de un tribunal de cátedra "amigos" de algunos candidatos
Entre las tropelías que se le atribuyen al Departamento destacan que hay miembros que no deberían formar parte del tribunal por "amistad manifiesta" con los aspirantes, profesores extranjeros que no dispondrían de la necesaria cualificación e, incluso, se habla de falsificación de documento público. Sin embargo, el profesor Barricarte, con el que este medio se ha puesto en contacto, prefiere esperar a que el rectorado se pronuncie porque defiende que "estamos en un Estado de derecho" y hay que respetar el "ordenamiento jurídico".
Por otra parte, ha reconocido sentirse "utilizado para otras batallas", refiriéndose a las fuentes que han destapado públicamente su recurso. "Me incomoda, porque, aunque les entienda, estoy concursando a ese departamento", apunta.
