El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha escuchado las plegarias de los padres de niños prematuros, aquellos que nacen antes de haberse completado 37 semanas de gestación -cuando el embarazo dura unas 40 semanas-, y, en las próximas semanas, enviará una instrucción a los centros educativos de Ceuta y Melilla, únicos en los que tiene competencias, permitiendo a los progenitores elegir como referencia de escolarización la fecha de nacimiento de sus hijos prevista y no la real. La denominada "edad corregida". "Será algo que puedan elegir los padres y que se pondrá en marcha el curso que viene", confirman a este diario fuentes ministeriales.
Esta medida, que es opcional para las familias, puede ser tomada como referencia por las comunidades autónomas para desarrollar sus propias normas, según el departamento dirigido por Iñigo Méndez de Vigo, que ya estudiaba esta posibilidad tras las quejas registradas por el Defensor del Pueblo. Según el informe anual correspondiente a 2016 presentado por la institución, las demandas de los padres de niños prematuros ponen de manifiesto los problemas que se derivan del hecho de que las administraciones educativas no tengan en cuenta, a efectos de su escolarización, el concepto de edad corregida que utilizan los profesionales especializados en valorar el desarrollo de estos niños, que toma como referencia no la fecha en que tuvo lugar su nacimiento anticipado, sino aquella en la que hubiese debido producirse de haber evolucionado normalmente su gestación.
Proceso de aprendizaje
"Los padres autores de dichas quejas señalan que las circunstancias en que se produce el nacimiento de estos niños afectan a su proceso madurativo y de aprendizaje, según se describe en numerosos documentos clínicos, y hacen notar que estos problemas se agudizan, en lo que se refiere a su evolución escolar, en aquellos casos en que el nacimiento prematuro se produce en el año anterior al previsto para su nacimiento a término", señalan desde el Defensor del Pueblo.
Hasta el anuncio de la nueva instrucción, la normativa sobre ordenación académica vigente señalaba que los alumnos debían cumplir la edad establecida para iniciar las distintas enseñanzas dentro del año natural
en que comience el respectivo curso, prescripción que, según la institución, determina dificultades para los alumnos que nacen en los últimos meses del año, que resultan más notorias cuando el nacimiento en este período se produce de manera anticipada.
Por ello, el Defensor del Pueblo decidió iniciar una actuación de oficio ante todas las administraciones educativas con la finalidad de recabar de cada una de ellas los datos necesarios para disponer de información, concluyendo que el Principado de Asturias y las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia y la Comunitat Valenciana manifiestan que los mecanismos ya establecidos de atención a la diversidad proporcionan instrumentos suficientes para ajustar la respuesta educativa a la situación de cada alumno.
El modelo aragonés
En el caso de Andalucía, Cataluña y País Vasco, estas expresaron su opinión de que la aplicación de la "edad corregida" a efectos de escolarización en el curso correspondiente resultaría contraria al marco regulador de la admisión de alumnos. "La intervención de oficio practicada ha permitido determinar que solo la Comunidad Autónoma de Aragón contempla la posibilidad de que, siempre que los padres de los alumnos lo soliciten, la incorporación escolar de los niños grandes prematuros se produzca en el curso que les corresponde atendiendo a su edad corregida", señala el informe.
"A la vista de los argumentos que expuso esta institución al iniciar su intervención para apoyar la conveniencia de que se implantasen modificaciones en la línea ya seguida por la Comunidad Autónoma de Aragón, las comunidades autónomas de las Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura y Murcia han manifestado su intención de estudiar e implantar soluciones normativas como la que ya aplica aquella comunidad autónoma", añaden.
Desde la Federación Nacional de Asociaciones Prematuros (Fnap) celebran la decisión del Ministerio de Educación de enviar una instrucción siguiendo el modelo aragonés pues es "un paso adelante" tras 20 años de reivindicaciones. "Estos niños nacen con un mayor grado de inmadurez y de vulnerabilidad que hace que hace que su proceso de desarrollo evolutivo sea un poquito más lento porque aunque su edad es una, sus condicionamientos son otros. Estaría muy bien que la etapa escolar se tuviera en cuenta la edad corregida", dice la presidenta de la Fnap, María Emilia Pérez Sanjuan.
Evitar esfuerzo y recursos
"Normalmente se nos dice que hay muchas herramientas y adaptaciones curriculares para que poco a poco el niño vaya adaptándose, pero es que se trata de que empiece bien desde el principio de su incorporación al sistema escolar. Es como si vas a participar en una carrera y dispones de todo el equipamiento menos de las zapatillas", compara. "Llevamos 20 años intentando que cale nuestro discurso. Ahora ya hay 11 asociaciones, se conocen más casos, por lo que manejamos más datos. También se nos ha dicho muchas veces que repitan un curso después de la Educación Infantil, es decir, a los cinco años", lamenta.
Para Pérez Sanjuán, si finalmente todas las comunidades abogan por permitir a los padres de niños prematuros escolarizarlos en base a la edad corregida, los pequeños irían con menos estrés al colegio, además de que las familias y los cuidadores también estarían más tranquilos. "No dudamos de los procesos curriculares adaptativos ni de la profesionalidad de todos los educadores ni de los docentes, pero si que cuestionamos que los niños prematuros tengan que encontrarse con un entorno con mayor dificultad si, a lo mejor, teniéndose en cuenta su edad corregida se puede evitar toda esa problemática. Si se regula desde un principio, nos olvidaríamos de todo ese esfuerzo, todo ese tiempo y todos esos recursos económicos", considera.
