Balones fuera. El cambio de codificación en los contratos de los investigadores predoctorales sin previo aviso parece no tener responsables. Desde que la semana pasada saltasen las alarmas por una modificación que, según los contratados, ha generado problemas a la hora de ser contratados en prácticas por determinadas empresas y al tratar de obtener la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), los jóvenes no han obtenido respuesta oficial alguna por parte de las autoridades. Por ello, las movilizaciones en los distintos centros del país continúan sucediéndose y, de acuerdo a estimaciones de CCOO, ha afectado a más de 10.000 personas. Aprovechando la visita al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, el colectivo predoctoral de Madrid ha exigido la instauración de condiciones laborales que reduzcan la precariedad de su situación.
Disminuye nuestra cotización a la Seguridad Social, elimina nuestro derecho a indemnización al finalizar nuestro periodo contractual y dificulta el futuro acceso al mercado laboral
A través de una carta, que también han enviado al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y al director de su centro, Valentín Fuster, los investigadores han manifestado a Vela su "descontento generalizado" por la reciente modificación del modelo de contratación de los predoctorales, pasando de tener contratos por "obra y servicio" (401) a contratos "en prácticas" (420). "Nos perjudica gravemente. Disminuye nuestra cotización a la Seguridad Social, elimina nuestro derecho a indemnización al finalizar nuestro periodo contractual, dificulta el futuro acceso al mercado laboral debido al consumo del periodo legal en el que un trabajador puede estar contratado en prácticas, y afecta a nuestro derecho a la libre circulación en la Unión Europea mediante la imposibilidad de obtener la tarjeta sanitaria europea", denuncian.
Comparados con los MIR
Y critican que no haya habido "ningún tipo de información ni aviso" de la realización de este cambio por parte del CNIC ni de las Universidades y Ministerios de los que dependen. Aunque Vela les ha transmitido que está dispuesta a recibirles en su despacho, los afectados han explicado a este diario que "no les considera trabajadores, sino estudiantes" y así se lo ha hecho saber en varias ocasiones. "Nos ha comparado con los MIR y ha defendido que nos corresponde un contrato de prácticas, En definitiva, nos ha dado largas", dicen. También han tenido palabras para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien han recordado que, durante su visita a la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) en el año 2014, destacó el deber de las administraciones de crear un entorno adecuado de innovación, así como aumentar los esfuerzos para hacer más eficiente la estructura de la ciencia española. "Consideramos que, lejos de hacer efectivas estas palabras, se ha producido un retroceso en nuestros derechos y condiciones laborales, mostrando una clara despreocupación hacia el que constituye uno de los pilares de la investigación española y, por tanto, perjudicando gravemente el desempeño de nuestras funciones en condiciones profesionales apropiadas", critican los investigadores.
La comunidad científica está exigiendo la defensa pública y decidida de sus intereses por parte del Ministerio de Educación, entidad de la que consideran que depende la situación
Dada la "gravedad" de los acontecimientos, la comunidad científica está exigiendo la defensa pública y decidida de sus intereses por parte del Ejecutivo, del propio centro y del Ministerio de Educación, entidad de la que consideran que depende la situación en último término. Este periódico se ha vuelto a poner en contacto con las instituciones pertinentes y desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social insisten en que el cambio solo es de tipo administrativo y no perjudica a las condiciones de trabajo de los afectados. Además, explican se encuentran investigando la situación para solventar los problemas que hayan podido ocurrir con las TSE. No obstante, destacan que la responsabilidad de ese cambio no es suya y que se hizo a petición de los rectores. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), por su parte, ha respondido a las dudas sobre su implicación en la modificación que en mayo de 2014 realizó una consulta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social "con el fin de plantear una solución a las disfunciones que se estaban produciendo en los contratos predoctorales" al adaptarlos a la Ley de la Ciencia. Algunas universidades habían preguntado de forma individual esta cuestión, obteniendo respuestas contradictorias".
Los rectores
Mientras que la Seguridad Social defiende que la medida se ejecutó en 2015 a raíz de una petición de los académicos, las universidades españolas señalan que, tras consultas a servicios jurídicos, de personal y de investigación de diferentes universidades, han podido contrastar que "el cambio de código, acompañado de un subcódigo que le da carácter especial, se ha efectuado en las prórrogas y nuevas altas por parte de las universidades según las directrices de la Seguridad Social". Así pues, según CRUE, la modificación de los códigos de cotización en las vidas laborales con efectos retroactivos "ha sido realizada por la Seguridad Social". Estas contradicciones han llevado a los investigadores a pedir la nulidad del cambio de tipo de contrato de manera retroactiva, realizado de forma ilegal, así como el reconocimiento de la situación de fraude de ley de los contratos en prácticas firmados con posterioridad, dada la duración de los mismos. "El cambio de dichos contratos ilegales por el tipo de contrato adecuado a nuestro desempeño laboral. Es decir, a contratos indefinidos, tanto para los contratos ya celebrados como para los que se firmen en el futuro", añaden.
