El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, asumirá la investigación que se acaba de abrir en este órgano para esclarecer si se produjo alguna irregularidad con el contrato de suministro de mascarillas a una empresa vinculada a Tomás Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De esta forma, el máximo responsable de Anticorrupción liderará estas pesquisas que, tal y como reflejó en un decreto firmado este martes, no se dirigen inicialmente contra ninguna persona física o jurídicas.
Aunque suele ser habitual el reparto de pesquisas entre la plantilla de fiscales de Anticorrupción, en este caso el jefe dirigirá directamente esta investigación, tal y como confirman fuentes del Ministerio Fiscal a Vozpópuli. La misma nace después de que el pasado viernes el PSOE-M, Más Madrid y Podemos denunciaran ante la Fiscalía la adjudicación en abril de 2020 de un contrato de suministro de mascarillas por 1,5 millones de euros a una empresa vinculada al entorno de la mandataria regional.
Aunque Ayuso rechazó irregularidades y se desligó de los cobros que percibió su hermano (cifrados en 55.850 euros) Anticorrupción considera que existen "claras reservas sobre la legalidad" de esta adjudicación a la empresa Priviet Sportive para la adquisición de 250.000 mascarillas. Por ese motivo ha aglutinado las denuncias y ha incoado diligencias en el marco de las cuáles se estudiará la información bancaria y fiscal de Tomás Ayuso. Según indicó la presidenta madrileña en un comunicado, su hermano no percibió una comisión, sino que cobró una única factura por las gestiones sobre este contrato.
Un contrato bajo sospecha
Respecto al papel de la mandataria regional, el fiscal jefe Anticorrupción expuso en su decreto de este martes que no existen "indicios razonablemente verosímiles" relativos a la presunta comisión de delito por parte de Díaz Ayuso. Por ese motivo las diligencias permanecerán, por el momento, en este órgano y no se remitirán a la Fiscalía del Tribunal Supremo, órgano en el que está aforada. Los representantes de los tres grupos parlamentarios que denunciaron estos hechos el viernes le atribuyen, indiciariamente, los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Aunque Anticorrupción no dirige las pesquisas contra ninguna persona en concreto, avisa en su decreto que los hechos denunciados son de "especial trascendencia" y, por tanto, se tienen que practicar diligencias de investigación para "confirmar o descartar" la posible comisión de un delito. El fiscal jefe de Anticorrupción aludió a dos motivos principalmente: la relevancia que tiene "el recto funcionamiento de la Administración de Justicia" y la "indiscutible trascendencia social del contexto". La adjudicación de este contrato se produjo en abril de 2020, momento en que escaseaba el material sanitario.
Junto con las denuncias -que se prevén ampliar este miércoles- los grupos parlamentarios aportaron copia de la resolución del expediente de contratación a la empresa de la que es dueño Daniel Alcázar. Más Madrid, por su parte, adjuntó también un total de 11 mensajes de texto que recibió el pasado 7 de noviembre la portavoz de la formación, Mónica García, en los que se le advertía de "un caso grave de corrupción" ligado al hermano de Díaz Ayuso. “Recurro a vosotros porque no sé como denunciarlo a Anticorrupción ni me puedo exponer personalmente”, reza uno de ellos.
Los mensajes anónimos
El denunciante anónimo transmitió que la empresa adjudicataria se dedicaba en realidad a "calzado y confección" y dijo que Alcázar era un "testaferro" del hermano de Ayuso. Por ese motivo, Mas Madrid expuso en su denuncia que trataron de registrar ante la Asamblea de Madrid la comparecencia de expediente de Tomás Díaz Ayuso en varias ocasiones pero fue inadmitida por la Mesa. "El conjunto de elementos existentes desde el día 7 de noviembre al momento en que se presenta la denuncia hace pensar que existe indicios suficientes de veracidad en lo relativo a esos mensajes", plasmaron.
A esta documental que ya estudia la Fiscalía Anticorrupción se añade la aportada por el Gobierno de Ayuso que, tal y como ella misma anunció, ha entregado la información relativa a este contrato antes de que lo requiriera el Ministerio Público. La presidenta madrileña informó la pasada semana de la existencia de un total de cuatro facturas sobre pagos de su hermano a Priviet Sportive, si bien matizó que tres de ellas no tenía que dar cuenta porque no tenían ninguna relación con la Comunidad de Madrid.
Denuncia contra Casado
La existencia de este contrato provocó un cisma dentro del Partido Popular que se recrudeció la pasada semana tras conocerse que 'fontaneros' de la formación habrían contactado con el detective Julio Gutiez para que espiase las cuentas bancarias del hermano de Ayuso; una solicitud que el jefe de Detectives Mira rechazó de plano. No obstante, la filtración en prensa de este movimiento desató una guerra sin precedentes entre la baronesa del PP y Pablo Casado que se ha recrudecido hasta el punto de dejar al presidente prácticamente sin apoyos internos y al borde de la dimisión.
En paralelo a la apertura de estas diligencias en Anticorrupción, un abogado ha presentado una denuncia en los juzgados de Madrid para pedir que se impute a Casado y al hasta ahora secretario general del PP, Teodoro García Egea, por presunta revelación de secretos. El denunciante se ampara en las declaraciones del presidente del partido el pasado viernes en una entrevista en la cadena Cope cuando dijo que a finales de verano recibió "una información con datos fiscales y bancarios" sobre el presunto cobro de una mordida de 280.000 euros por parte de Tomás Díaz Ayuso. "Deduje que venía de alguna entidad pública, pero no le dije a Ayuso que procedía del Gobierno", dijo Casado.
El denunciante expone ahora que "una o varias personas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria" podría estar detrás de la filtración de información confidencial del hermano de Ayuso y solicita que se cite a declarar en calidad de imputado tanto a Casado como a García Egea. Fuentes jurídicas explican a este medio que la denuncia está en decanato del juzgado de Plaza Castilla para su posterior reparto al juzgado que proceda.
