Los socialistas se encuentran en mitad de una profunda crisis política. Por eso, el PSOE se conjura este 2025 que acaba de arrancar para tratar de borrar la mancha de la corrupción en la era Pedro Sánchez. Tras 9 años y 5 meses como secretario general, entre julio de 2014 y octubre de 2016, primero, y desde mayo de 2017, después, el desgaste al que el presidente del Gobierno está sometiendo al partido se empieza a hacer más que evidente.

Aún así, el líder socialista ya tiene algunas armas listas para defenderse. El equipo de persuasión de Moncloa se refugiará en la conmemoración del cincuenta aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco para evitar perder apoyo electoral mientras se publican informaciones en los medios sobre los casos que tienen al Gobierno bajo sospecha: el caso 'Koldo', el caso que afecta a la su mujer. Begoña Gómez, el caso que afecta a su hermano, David Sánchez, y el que amenaza con salpicar a su equipo próximo y tumbar al fiscal general, el de la filtración del documento secreto en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

El goteo es incensante. Y poco a poco va mermando el estado de ánimo del partido, porque afecta directamente a otros dirigentes. El temor del núcleo duro de Moncloa es que la Legislatura -lo que quede de ella- ya solo gire alrededor de estos asuntos. Moncloa intenta marcar la agenda a golpe de consejos de ministros y de homenajes a esa "España en libertad" que, por mucho que replique el Ejecutivo, no empezó, precisamente, el 20 de noviembre de 1975. La Ley para la Reforma Política, que disolvió las Cortes franquistas y desmontó el andamiaje de la dictadura, se aprobó el 18 de noviembre de 1976 y votada en referédum nacional en diciembre de ese mismo año. 

Lo cierto es que la tensión en Moncloa es evidente. No se detecta por las declaraciones públicas de sus miembros más destacados, sino más bien por su exagerada reacción de tranquilidad. Ninguno, empezando por el presidente Sánchez, da un ápice de credibilidad a todo lo que contó el comisionista de la trama Koldo, el empresario Victor de Aldama, ante el juez. Pero el líder socialista admite la mancha de la corrupción que, asegura, cortó de raíz en cuanto tuvo constancia de ella.

Figuras relevantes del PSOE explican que toca guardar toda discrepancia interna en el cajón, porque ahora solo hay una cosa que hacer: defender al partido y a su líder del acoso ultra, en el que meten a jueces y medios de comunicación. "Mientras Pedro Sánchez siga siendo presidente hará lo que quiera en el partido", sintetiza un resignado diputado autonómico. No cabía sorpresa alguna. Sánchez amplió su ejecutiva en el Congreso Federal de Sevilla y encajó los bolillos por territorios para resistir y tener listo el aparato en caso de que se precipiten unas elecciones generales.

El presidente parece decidido a seguir. Y quienes le conocen dicen que se irá cuando los españoles lo decidan en las urnas. El problema es que, en privado, relevantes dirigentes socialistas destacan que la expectativa política de la organización es "estirar la legislatura". "¿Qué proyecto es ese?", se preguntan.  En verdad, a medida que van avanzando las sospechas de corrupción y la mancha se va extendiendo, poco importa el nombre del caso -Koldo, Ábalos o Begoña Gómez-, los ataques del Ejecutivo y del PSOE para defenderse se hacen más virulentos. Y se verá, previsiblemente, este 2025. 

Como ya le ocurrió al juez instructor de la causa a la esposa de Sánchez, Juan Carlos Peinado, Ferraz anunció una querella contra Aldama que aún no se ha sellado. Fue el propio secretario de organización, Santos Cerdán, señalado por el comisionista por presuntamente haber recibido de su parte una mordida de 15.000 euros, quien la anunció. El partido, como avanzó este diario, estudia ampliar su equipo jurídico ante el duro invierno que se aproxima a la sede federal en la calle de Ferraz. Pero la cúpula dirigente del PSOE ha quedado muy tocada.

Tanto Sánchez como el PSOE llevan meses replicando que actuaron con celeridad cuando tuvieron conocimiento de la trama y esta saltó a los medios hace casi un año. Por eso, iniciaron el proceso de expulsión del exministro José Luis Ábalos tras negarse a entregar el acta de diputado. El Tribunal Supremo investiga formalmente al exministro de Transportes por su "papel principal" en la red que campó a sus anchas en su ministerio para sacar provecho personal de la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia. Sobre Ábalos penden los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Por todo ello, el Gobierno está en crisis. Nadie dentro pone la mano en el fuego por su excompañero -es más, le han tirado a los leones-, y lo que está por llegar puede ser una bomba aún mayor de consecuencias todavía más impredecibles. Sánchez pidió pruebas a Aldama tras sus "insinuaciones". Y este le replico que las tendrá. ¿Se verán este año? En el Ejecutivo dicen no creer que Aldama tenga material incriminatorio. Pero cuesta pensar que el empresario se haya lanzado a la yugular del "mitómano" Sánchez, como le definió, sin respaldo documental.

Sánchez y el PSOE viven su peor momento desde que llegaron a Moncloa hace más de seis años. El presidente del Gobierno prosigue su huida pese a los obstáculos, cada vez mayores, que se le ponen en un camino de incierto final. Pero por difícil que lo tenga, por mucho que la ética de la asunción de responsabilidades le demande volver a reflexionar sobre su dimisión -como le pide la oposición e hizo en abril de manera falsaria-, está obcecado y dispuesto a agotar los mil días de legislatura. La situación es insostenible, sin presupuestos a la vista y en manos de Carles Puigdemont.

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