Desde que el Gobierno anunció la reforma del delito de sedición, las críticas no han parado de lloverle. No sólo por lo cuestionable de la medida, sino también por la rapidez con la que se ha aprobado. Y mientras Moncloa acelera con esta ley, criticable para la mayoría, sigue dejando en el olvido otras que llevan meses de prórrogas, de necesidad de reforma o de entrada en vigor.
Entre ellas, una de las más polémicas (y de las más solicitadas por los ciudadanos) es la reforma de la ley 'antiokupas'. El propio presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó este mismo miércoles que mientras cambian "la ley para favorecer a independentistas condenados", no escuchan la petición de los ciudadanos de desalojar a los 'okupas' en 24 horas.
El PP exige al Gobierno que revierta las leyes referidas a la 'okupación' de manera que quienes tengan que acudir a los tribunales sean los 'okupas' y no los propietarios y que el que ocupe ilegalmente sea desahuciado de manera inmediata si no muestra ningún título o documento que acredite que el propietario le ha permitido residir ahí en un plazo "de 24 horas".
Después de mucho tiempo de peticiones y exigencias, tanto por parte de la sociedad como por parte de la oposición, en septiembre el PSOE propuso una modificación legislativa para que los jueces puedan desalojar a los 'okupas' en un plazo máximo de 48 horas, desde que lo pide el propietario o recibe el atestado policial tanto en los casos de allanamiento de morada como de usurpación. Por ahora no hay avances más allá de la propuesta y de unas promesas que pueden quedarse en el aire.
Otra de las 'calladas por respuesta' de Moncloa ante una petición constante y recurrente es con el tema de la Ley ELA. Pese al ruido mediático que realizan quienes solicitan esta ley, el Gobierno ha vetado destinar 100 millones de euros del los presupuestos de 2023 para los enfermos de ELA y llevan dos vetos y 18 bloqueos enmiendas. Las peticiones de los enfermos, cuya voz más reconocida es la del twitero Jordi Sabaté Pons, es "garantizar ayudas integrales para que los enfermos de ELA y de otras enfermedades graves y mortales tengan la opción de no morir antes de tiempo por no tener recursos humanos y económicos para afrontar la enfermedad, y que no se sientan una carga para la familia"
En medio de la crisis de la Atención Primaria se hace especialmente importante la reclamación de los sanitarios de la aprobación de la Ley de Seguridad del Paciente, que establece que en los hospitales, como regla general, haya un máximo de seis pacientes por cada enfermera (pudiéndose asignar hasta ocho), y en los centros de salud, la asignación de población por cada enfermera no deberá superar nunca los 1.500 habitantes.
Sin embargo, y pese a la evidente saturación de los hospitales y centros sanitarios, el Sindicato de Enfermería (SATSE) reclaman que "dos años y cinco meses después, siguen sin poder garantizar la seguridad asistencial en los centros sanitarios y sociosanitarios", porque se mantiene "una excesiva asignación de pacientes por profesional" y "un grave bloqueo" de la tramitación de esta ley.
Por otro lado, hace unos meses Carlos San Juan movilizó a buena parte de España con su campaña "Soy mayor, no idiota", con la que reclamaba un trato más cercano a los mayores en las sucursales bancarias, para facilitarles la adaptación a los cambios tecnológicos. Gracias a su trabajo, consiguió que Calviño diera el visto bueno a la creación de la nueva Autoridad de defensa del cliente financiero, que serviría como vía oficial para denunciar los casos de abuso de la banca y de exclusión financiera.
Sin embargo, seis meses después siguen esperando la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados. "Rogamos a la señora Calviño que no lleguemos al parón electoral sin que se haya convertido en ley para evitar que caiga en la hibernación", solicitó el propio San Juan hace una semana en una entrevista con Vozpópuli.
Además, el líder de la campaña "Soy mayor, no idiota" explica que por ahora la medida tiene carácter voluntario, por lo que "el cumplimineto es muy desigual" y "la voluntariedad supone una fragilidad frente a los vaivenes económicos". "Y respecto a la adaptación de las aplicaciones y de los cajeros, una de nuestras grandes peticiones, no se ha modificado absolutamente nada, tal y como nos habían prometido".
Misma circunstancia para la Ley de Vivienda que tanto reclaman desde Unidas Podemos. Tras más de un año y medio de tira y afloja entre las partes del Gobierno de coalición, la ley ya tiene la aprobación del Consejo de Ministros. Sin embargo, y pese a la "necesidad clara y urgente" de que se apruebe, el compromiso de que sea aprobada definitivamente en el tercer trimestre de este año es bastante inviable y son muchas las voces que exigen la aprobación inmediata a una ley urgente en un contexto de subida de precios incesante.
