Ningún artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o de cualquier otro texto legal del ordenamiento jurídico español recoge que las investigaciones con implicaciones políticas deban sufrir un parón en campaña electoral para evitar influir en ella. Y, sin embargo, así había sido hasta ahora en aplicación de una 'norma no escrita' que casi todos los jueces parecían seguir a rajatabla. No se celebraban vistas con políticos en el banquillo y los casos cuya investigación estaban aún en marcha se ralentizaban de manera que dejaban de dar titulares a la prensa, según reconocen a este diario varias fuentes jurídicas consultadas. Sin embargo, todo ello parece estar a punto de saltar por los aires ante los comicios al Parlamento Europeo del 25 de mayo: en las próximas semanas al menos media docena de casos mediáticos con evidentes conexiones políticas atraerán la atención de la prensa y, por extensión, pueden terminar entrando en los discursos de los candidatos dado que salpican a varios partidos o a instituciones como la monarquía. El motivo: todos ellos afrontan diligencias clave.
Desde hace semanas se espera el final del 'caso Urdangarín'. Sin embargo, una providencia de este lunes del juez Castro retrasará ese momento al menos diez días más
Se trata, en concreto, de casos a puntos de finalizar. como el de Iñaki Urdangarín, el de la trama Gürtel y el de los ERE, y otros que acaban de dar sus primeros pasos, como la 'Operación Yogui' que acaba de destapar un supuesto fraude millonario en la obras del AVE Madrid-Barcelona, y la 'Operación Edu', que ha sacado a la luz el escándalo de la presunta malversación de las subvenciones en los cursos para parados en Andalucía. Todo ello, sin olvidar el 'caso Bárcenas', sobre la supuesta caja B del PP en la que cada paso del juez instructor, Pablo Ruz, provoca irremediablemente revuelo político. El primero de todos ellos, el que ha salpicado a la infanta Cristina y a su marido, lleva ya semanas en esa fase en la que todas las partes personadas dan por hecho que el juez José Castro está a punto de ordenar la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, trámite imprescindible para fijar fecha para la celebración de un juicio en el que casi todas las grandes incógnitas están ya aclaradas salvo una: ¿se sentará la hija del rey junto a su esposo en el banquillo de los acusados? De ser afirmativa la respuesta, PP y PSOE se verían obligados a salir a la arena pública, sobre todo tras la defensa a ultranza que han hecho de la infanta desde que ésta fuera imputada. Un tema con 'mala venta' electoral incluso entre sus votantes.
Sin embargo, ese cercano final del caso puede retrasarse aún algunos días, incluso más allá del 25 de mayo de los comicios europeos. El magistrado dictó ayer una providencia en la que aplaza como poco diez días el último trámite procesal de la causa. Ese es el plazo que el juez Castro ha dado a la Agencia Tributaria para que enmiende, corrija o ratifique su último informe sobre la supuesta existencia de dos delitos fiscales en las actividades de Iñaki Urangarín y Aizoon, la empresa que éste compartía con la hija del rey. El juez se ha visto obligado a ello después de que la defensa del duque de Palma presentara hace unos días un escrito con el que intentaba exculpar al marido de Cristina de Borbón de cualquier responsabilidad penal en sus infracciones contra Hacienda.
Los 'flecos' del 'caso Urdangarín'
No es éste, sin embargo, el único fleco pendiente. Al menos otros dos pueden ralentizar el 'sprint' final de la causa. Uno lo puso de manifiesto en la misma providencia de ayer. La acusación que ejerce el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia había pedido la imputación del vicealcalde del PP en esta ciudad, Alfonso Grau, quien hasta ahora había declarado en el caso únicamente como testigo. El juez pide a las partes, acusaciones y defensas, que se pronuncien antes de tomar una decisión. Si acepta la petición, deberá citarlo a declarar como imputado, lo que obligará a llevar más allá de los comicios el cierre de la causa. Por último, el tercer fleco es el enfrentamiento que mantienen las dos acusaciones populares, el sindicato Manos Limpias y el Frente Cívico Somos Mayoría, de Julio Anguita, sobre si deben unificar su "dirección técnica". Hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre este 'choque,' Castro no podrá cerrar la instrucción. Entre otros motivos, porque la organización del exdirigente de IU quiere plantear tres nuevas pruebas periciales que retrasarían de nuevo la causa.
Ruz lleva meses anunciando el próximo fin del caso Gürtel. Sin embargo, esta semana tomará declaración a varios testigos y aún espera el resultado de comisiones rogatorias
El otro gran caso cuyo final se vislumbra en el horizonte es el 'caso Gürtel'. Hace meses que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, señala expresamente en sus autos la cercanía del fin de la causa pese a que aún sigue realizando diligencias. Esta semana, por ejemplo, tomará declaración a varios testigos para concretar aún más la presunta implicación en la trama de corrupción de Jesús Sepúlveda, excalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exmarido de la ministra Ana Mato. Además, aún quedan por llegar a la Audiencia Nacional numerosas comisiones rogatorias pendientes. Sin embargo, el juez Ruz no está dispuesto a esperar mucho más, entre otros motivos porque su estancia al frente del juzgado está cerca de finalizar. En concreto, en junio. Varias fuentes jurídicas coinciden en señalar que el magistrado ha dado muestras de querer acabar, al menos, la parte principal de la causa, de la que puede desgajar algunas piezas separadas para que no retrasen más la vista. Hasta hace poco, estas mismas fuentes coincidían en señalar la pasada Semana Santa como la fecha clave para ello, sin embargo ésta ha pasado y el sumario sigue abierto y activo.
También próximo a su fin está el otro gran sumario mediático que lleva, el 'caso Bárcenas', en realidad una pieza separada del de la Gürtel. Tras los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en los que se consideraba prácticamente imposible demostrar la existencia de un delito cohecho en las donaciones supuestamente irregulares de empresarios al PP sólo con los apuntes contables del extesorero, las fuentes jurídicas consultadas creen que el magistrado optará en breve por 'trocear' la causa y remitir cada una de las partes al juzgado territorial competente. Así, por ejemplo, las supuestas irregularidades en el pago de la reforma de la sede 'popular' en Madrid acabaría en un juzgado de Madrid, y la presunta donación de 200.000 euros por parte de Sacyr al PP de Castilla-La Mancha a cambio de la adjudicación de un contrato de limpieza en Toledo, al Tribunal Superior de esta comunidad autónoma. Todo ello no evita que en las próximas semanas siga avanzando la investigación y que la salida a la luz de nuevos informes vuelva a sacudir el panorama político en plena campaña para las Europeas.
Alaya, los ERE y la 'Operación Edu'
Mucho más cerca de su fin está el caso de los ERE de Andalucía, que dirige la juez sevillana Mercedes Alaya. Ésta, que ya ha tomado decisiones polémicas con la imputación de dirigentes políticos regionales horas antes del inicio de una campaña elecctoral, ya anunció hace unos días en un escrito la cercanía del final de su labor como instructora en la causa ante la necesidad de elevar el sumario al Tribunal Supremo por la presencia de aforados entre los presuntos implicados. Fuentes cercanas a la investigación reconocen a este diario que las pesquisas están prácticamente terminadas a falta de "dos o tres" informes de la Guardia Civil. "Una vez estén éstos sobre la mesa, nada le impidirá enviar el sumario al Supremo, ni siquiera la cercanía de las elecciones", añaden.
Alaya está a punto de elevar el caso de los ERE al Supremo ante la presencia de aforados en la causa. La juez puede empezar a instruir en breve la 'Operación Edu'
Si así lo hace, Alaya posiblemente no desaparecerá de las primeras planas ya que es la principal candidata a instruir la llamada 'Operación Edu', una investigación de la UDEF sobre los cursos de formación para parados en Andalucía que destapó Vozpópuli el pasado 11 de abril. Esta causa salpìca de lleno al gobierno socialista de la Junta, que no ha dudado en cargar contra el Ministerio del Interior por lo que considera una 'filtración' interesada de Moncloa con fines precisamente electorales. Mucho ruido político y mediático pese a que aún no está judicializada. No obstante, fuentes conocedoras de las pesquisas confirman a este diario que las mismas están muy avanzadas como lo demuestra el hecho de que los agentes de la Policía hayan elaborado ya tres amplios informes sobre el fraude detectado sólo en la provincia de Málaga. Todo apunta a que será en las próximas semanas, una vez la Fiscalía presente la correspondiente denuncia en un juzgado, cuando los presuntos implicados en el escándalo sean llamados a declarar como imputados... o, incluso, detenidos, con el consiguiente chaparrón de imágenes en los medios de comunicación.
Es lo que ha ocurrido este lunes con la llamada 'Operación Yogui', una investigación de Anticorrupción y la Guardia Civil que ha permitido detener a nueve personas presuntamente implicadas en un desvío de dinero mediante facturas falsas de millones de euros de las obras del AVE Madrid-Barcelona. Aunque en un primer momento los detenidos son trabajadores de la sociedad concesionaria y funcionarios de Adif, el empresa pública que se encarga de gestionar la infraestructuras ferroviarias en nuestro país, rápidamente han salido a la luz las supuestas conexiones políticas de la causa. De hecho, dos de los principales implicados son altos cargos de esta última compañía con estrechas relaciones con personas cercanas a la que fuera ministra de Fomento cuando se hicieron las obras, la socialista Magdalena Álvarez, imputada en el caso de los ERE e Andalucía. Un detalle demasiado llamativo para que se pase por alto en una campaña electoral cuyos resultados las encuestas auguran ajustados.
