¿Qué responsabilidades políticas hay tras el presunto fraude detectado por la Guardia Civil en las obras del AVE Madrid-Barcelona? Los supuestos sobornos se hicieron con dinero público de por medio y con la Administración general como parte implicada. Entre los nueve detenidos este lunes por el Instituto Armado en la denominada Operación Yogui figuran dos directivos de la ferroviaria Adif, dependiente del Ministerio de Fomento, que si bien no han ocupado cargo político, sí que mantuvieron hilo directo con el responsable del Gobierno en la entidad estatal durante las fechas que están siendo investigadas.
Se tratan del director de la línea de alta velocidad de la zona noroeste, Rafael Rodríguez, y del gerente del área de Infraestructuras en el tramo Madrid-Barcelona-frontera francesa, Jaime García-Germán. Rodríguez, que tenía como subordinado a García-Germán, despachaba con Antonio González Marín, entonces presidente de Adif y ahora jefe del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) del Gobierno de Susana Díaz. Ambos también compartieron ponencias sobre el proyecto del AVE a Barcelona.
El 20 de febrero de 2008, Adif concedió a la firma de construcción Corsán Corviam las obras del AVE entre la futura estación de La Sagrera y el Nus de la Trinitat por un importe de casi 68 millones de euros. Los trabajos se materializaron entre aquel año y 2012. Según la Fiscalía Anticorrupción, se investiga si responsables de Corsán se concertaron con "cualificados funcionarios públicos" de Adif que se encargaban de las obras, así como con técnicos externos, para que la constructora resultara beneficiada con el macrocontrato.
La Fiscalía Anticorrupción estima que los detenidos generaron un sobreprecio ilícito a favor de la contratista de unos 6 millones de euros. Esta cantidad tiene carácter provisional, puesto que la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona se encuentra aún en fase inicial y las pesquisas están bajo secreto de sumario.
La exministra socialista convirtió a González Marín en su mano derecha para las cuestiones ferroviarias y mantuvieron un trato muy cercano durante cinco años
González Marín llegó a la dirección de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en 2004 de la mano de Magdalena Álvarez, ministra de Fomento del primero gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 'Maleni' le fichó procedente de la Junta andaluza, donde había sido, entre otros puestos, jefe del Servicio de Inspección de Entidades Financieras, jefe del Servicio de Tesorería y director general de Tesorería y Política Financiera.
La exministra convirtió a González Marín en su mano derecha para las cuestiones ferroviarias y mantuvieron un trato muy cercano durante cinco años. Tras la nevada del 9 de enero de 2009 que colapsó Madrid, ella y su hombre de confianza se desplazaron a Siberia en busca de métodos para posibilitar el transporte en las condiciones meteorológicas más extremas. El nombre de 'Maleni' vuelve a aparecer salpicado por otro presunto escándalo en una administración pública después de su imputación por la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía.
La dirigente socialista permaneció en el Ministerio Fomento hasta abril de 2009, casi un año después de que su departamento otorgara el contrato en cuestión a Corsán Corviam, según aparece recogido en el Boletín Oficial del Estado del 17 de marzo de 2008. Sin embargo, González Marín permaneció al frente de Adif con la llegada de José Blanco a esta cartera. Nada más conocerse ayer las primeras detenciones, Blanco, que forma parte de la candidatura del PSOE al Parlamento europeo, se desvinculó de los hechos y dejó en una situación complicada a su antecesora en el cargo, sin citarla expresamente. "El contrato que se está investigando es anterior (a su paso por Fomento) y las certificaciones parece que son de esta época", declaró Blanco.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los detenidos alteraron de forma repetida las mediciones técnicas de los trabajos realizados en las obras, falsearon posteriormente las certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflaron el desvío en la certificación final para dar aparente justificación a más trabajos de los que realmente habían efectuado. El Ministerio Público también investiga si la propia adjudicación pudo presentar irregularidades.
García-Germán y la escapada a Colorado
Asimismo, los directivos de Adif implicados --están acusados de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental-- podrían haber recibido dádivas o contraprestaciones económicas por su conducta ilícita, ordenadas por un directivo de la contratista. De momento, sólo ha trascendido que Corsán habría pagado a Jaime García-Germán y su familia un viaje de a las pistas de esquí de Aspen, en Colorado (Estados Unidos).
La ministra de Fomento, Ana Pastor, confirmó ayer que las autoridades judiciales "ya habían pedido documentación" sobre las presuntas irregularidades de la obra del AVE en Cataluña. En la misma línea, Adif señaló que viene colaborando desde junio de 2013 con la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.
