De naturaleza impulsivo, éste ha sido casi siempre uno de los rasgos que ha frenado la carrera política de Alberto Ruiz-Gallardón desde que hace casi tres décadas ocupó de forma efímera la secretaria general de la vieja Alianza Popular. Su regreso un tanto forzado al Congreso de los Diputados y su posterior nombramiento como ministro de Justicia a finales de 2011, no han limado estas aristas en su carácter. La mayoría de las reformas legislativas que ha querido promover –la del Código Penal, la del Poder Judicial, la de Enjuiciamiento Criminal y la del aborto– se encuentran empantanadas envueltas en periódicos globos sonda y sometidas a una seria controversia dentro del PP y también de los distintos colectivos judiciales que se juegan algo en ellas. La principal novedad, aseguran fuentes muy cercanas al ministro, es que con su actitud aparentemente hiperactiva, se está ganando a sus espaldas, siempre en privado, las críticas de muchos de los cargos a los que él mismo ha aupado en los dos últimos años a altas responsabilidades.
Jueces que conocen el paño aseguran que no se podrá convertir a los fiscales en motores de la investigación judicial sin darles medios
“La soberbia con la que se mueve el ministro es lo que ha terminado por desquiciar a muchos de los que en principio le apoyaron y confiaron en él”, aseguran estas fuentes. Solo algunas señales de este malestar se perciben en determinadas comparecencias públicas. Un ejemplo se dio recientemente en la comisión Constitucional del Congreso cuando el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no tuvo empacho en denunciar la falta de medios y de leyes para combatir la corrupción y la forma tan alegre con la que se conceden algunos indultos. La procesión de este desasosiego circula también por otras autopistas del mundo judicial. “Dado lo avanzado de la legislatura, es improbable que el ministro consiga que prosperen las grandes reformas que ha lanzado al vuelo, después de implicar en ellas al Constitucional, al Poder Judicial, al Supremo, a los Tribunales Superiores de Justicia, a la Fiscalía, al Consejo de Estado y a la mayoría de las asociaciones de jueces. Un gran lío para nada”, resume una alta fuente muy cercana al propio ministro.
Para observadores cercanos al ministro, Gallardón está humillando al fiscal general del Estado al no consultarle las principales reformas
El Tribunal Constitucional parece que finalmente ha enfilado la recta final de sus deliberaciones para publicar la sentencia sobre la ley de plazos y responder así al recurso que el PP y el Gobierno de Navarra pusieron hace cuatro años contra la reforma del aborto promovida por el Gobierno de Zapatero. Gallardón, en contra del sentido común que muchos ahora le reclaman en el propio Gabinete, asumió como algo propio esta contrarreforma hasta que Mariano Rajoy la puso en suspenso al reconocer públicamente en el Congreso que albergaba puntos controvertidos.
A este parón legislativo se suma el del Código Penal, con una ley pendiente todavía de las enmiendas parciales, y el de la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal. “Por mucho que el ministro quiera convertir a los fiscales en motor de la investigación judicial, mientras no se pongan medios materiales y humanos para ello, solo será un brindis al sol”, asegura un alto cargo judicial, convencido de que este cambio tampoco verá la luz en esta legislatura. Algo similar pasa con la reforma del Poder Judicial, en fase todavía de anteproyecto, a la espera de que se pronuncien más de una veintena de instituciones y colectivos afectados.
En Justicia se espera que el Constitucional se pronuncie en breve sobre la ley de plazos de Zapatero
“No se puede nombrar a dedo a un fiscal general y luego humillarle al no consultarle ninguna de las reformas. Tampoco se puede convertir al Consejo del Poder Judicial en una especie de dirección general del Ministerio de Justicia sin provocar un grave incendio. Esto no se arregla con un concurso de ideas, como el que se ha convocado para cambiar el logo del Supremo. A menos, claro está, que lo único que se persiga sea influir con los nombramientos en todos los órganos de gobierno de los jueces y solo aparentar hiperactividad en la conducción de muchas reformas que se sabe de antemano que no van a salir adelante”, concluyen estas fuentes.
Algunos magistrados comparan la estrategia de Gallardón en Justicia con la tuneladora que introdujo en la M-30 en su polémica etapa como alcalde de Madrid
Hay quien compara la estrategia de Gallardón en el ámbito judicial con la tuneladora que introdujo en la M-30 en sus polémicos tiempos como alcalde de Madrid. “Ha abierto el gran boquete, pero esto no es tan fácil como el soterramiento de una autopista, aquí no se puede trabajar por decreto”, concluye un magistrado que conoce bien el paño. Y como ejemplo pone el enterramiento de la llamada Justicia Universal, una reforma exprés que está a punto de posibilitar la excarcelación de casi medio centenar de narcos y que, recurso de casación mediante, tiene altísimas posibilidades de ser reconsiderada en breve.
