El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no viajará finalmente a Venezuela para declarar este miércoles ante la Asamblea Nacional sobre el dinero que el Gobierno bolivariano destinó a la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (Ceps). A este laboratorio pertenecieron los actuales dirigentes de la formación morada. Fuentes del equipo de Iglesias aseguraron a Vozpópuli que no han recibido ninguna notificación al respecto, remitiéndose así a lo que manifestó el líder morado en su día. Cuando hace dos semanas se conoció que la Comisión de Contraloría, presidida por los opositores al régimen de Nicolás Maduro, había citado a Iglesias, junto a Íñigo Errejón, Luis Alegre, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge, para que comparecieran este 6 de julio en Caracas, el exeurodiputado sentenció que la Asamblea venezolana no tenía competencia para convocarle.
Según señaló Iglesias en una entrevista en los Desayunos de RTVE y en RNE, en todo caso los encargados de investigar cualquier cuestión relativa a la financiación de las formaciones políticas españolas serían los tribunales de este país: "Es ridículo que un partido político extranjero pretenda tomar declaración a un partido español", enfatizó Iglesias, refiriéndose a Voluntad Popular, la organización del presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Guevara, y una de las integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Por su parte, Guevara, en conversación con Vozpópuli, insistió ayer en que la notificación de la Comisión de Contraloría se mandó a Iglesias y sus compañeros "por diferentes vías". "Tenemos todos los correos enviados", recalcó el opositor venezolano, al tiempo que quiso destacar que "lo más importante es que resulta obvio que se dieron por notificados cuando respondieron". El diputado de Voluntad Popular se refiere así a las declaraciones públicas, antes citadas, realizadas por Iglesias. Además, Guevara explicó a este diario que "intentamos enviar las notificaciones en físico vía cancillería, pero el Gobierno venezolano no ha sido muy diligente en la materia".
Guevara afirma a 'Vozpópuli' que la notificación de la Comisión de Contraloría se envió a Iglesias y sus compañeros "por diferentes vías"
El diputado comentó a Efe el pasado 22 de junio que estaban a la espera de que los dirigentes de Podemos respondieran y que incluso les habían dado la opción de proponer otra fecha para comparecer ante dicha comisión parlamentaria debido fundamentalmente a los problemas de agenda que acarrea tanta distancia. Guevara también apuntó que los diputados venezolanos no habían hablado con los dirigentes de Podemos directamente y afirmó que éstos "deberían ser los más interesados en aclarar este asunto, (decir) que ellos no están financiados por un gobierno extranjero". Sin embargo, desde la dirección del partido morado nunca se dio respuesta formal a la Comisión de Contraloría, puesto que, como sostienen, no recibieron notificación alguna.
Tras las declaraciones de Pablo Iglesias el 22 de junio, en las que criticaba la citación de la Asamblea venezolana, Guevara escribió una carta abierta al secretario general de Podemos donde calificó de "inmoral" que el dirigente morado pretenda ser bandera de la lucha contra la corrupción en España mientras "se niega a prestar colaboración en una investigación que busca conocer el destino real de fondos públicos".
Además, Guevara señaló en la misiva que la investigación no es iniciativa de un grupo de partidos políticos opositores, como consideró Iglesias para deslegitimarla, sino que se trata de un procedimiento con competencia y facultad de la Asamblea, titular del poder Legislativo venezolano. El diputado de Voluntad Popular recordó que el dinero a investigar se trata de algo más de 7 millones de euros que el Gobierno de Hugo Chávez "habría dado" entre 2003 y 2011 a "una fundación que está vinculada a Podemos y de la que ellos (por los citados) eran directivos". La Comisión de Contraloría también ha solicitado la "cooperación" y "colaboración internacional" de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial española, el Ministerio de Hacienda y el Registro Mercantil para recabar información sobre la fundación Ceps.
Un informe sin "membrete oficial"
Entretanto, el Juzgado Central de Instrucción 6 ha archivado la denuncia presentada por la Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (U.C. ESP) contra Podemos y la cúpula de la organización por los delitos de financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y delito fiscal.
En un auto, el juez de refuerzo de este órgano judicial, Alejandro Abascal, hace suyos los argumentos del informe del fiscal en el que señala que la denuncia es "un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa en las que se atribuye a los denunciados y otras personas recibir cantidades de dinero de paraísos fiscales o países de riesgo a través de la empresa 360º Global Media, propiedad supuestamente de un ciudadano iraní y ello a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales".
Añade que la denuncia se apoya en un "supuesto informe policial conocido como Informe Pisa, pero el documento que la acompaña carece de cualquier membrete oficial que acredite tal carácter oficial". Además, el instructor indica que la redacción de hechos "carece de toda virtualidad indiciaria como principio de prueba y estas carencias no pueden ser cubiertas con la actuación de oficio".
Junto a ello, el juez subraya que el Tribunal Supremo, en un auto de abril del pasado año, ya denegó la tramitación de una denuncia interpuesta por Manos Limpias basada en el mismo informe de atribución policial que sustentaría la denuncia actual y contra las mismas personas, lo que tendría el efecto de cosa juzgada.
