Han pasado 25 años desde que el 16 de noviembre de 1989 un comando militar asesinara a tiros y de forma especialmente salvaje en El Salvador al jesuita español Ignacio Ellacuría y a otras siete personas en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Pero esos muertos no descansan en paz: sus asesinos, y aquellos que los protegen, se ríen de la justicia, porque la Justicia no existe en el país centroamericano. Eso es lo que viene a decir el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo una “Exposición razonada” para que sus magistrados dictaminen si con el juicio con el que se solventó este caso en El Salvador se cometió un “fraude de ley”.
El juez español resuelve que hubo presiones militares, patomima de juicio y fraude de ley: según su exposición, Velasco quiere procesar a 20 militares y altos cargos salvadoreños por esos crueles asesinatos por “crímenes de lesa humanidad” y porque, según él, España sigue teniendo jurisdicción para investigar los hechos, aún a pesar de los nuevos límites a la justicia universal impuestos por el PP (el juez alega que cinco víctimas eran españolas: Ellacuría y cuatro sacerdotes más).
Velasco destroza la injusticia salvadoreña
En su “exposición razonada”, el juez de la Audiencia Nacional le dice a los magistrados del Tribunal Supremo que el crimen de “lesa humanidad” contra Ellacuría y los otros sacerdotes de origen español fue sin duda cometido por miembros del Batallón de Infantería Reacción Inmediata “ATLACATL”, “batallón del ejército salvadoreño, en ejecución de un plan concebido en la sede del Estado Mayor del ejército y en cumplimiento de las órdenes dadas por su superiores”.
El juez Velasco ofrece la lista completa de los implicados, incluyendo a Rafael Humberto Larios, ministro de Defensa Nacional en el momento del asesinato, y a René Emilio Ponce, coronel y jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador, y desarrolla una impresionante serie de irregularidades que habrían sido cometidas durante la investigación y el juicio. A saber:
- El jurado declaró haber sido "amenazado" y, además, se destruyeron pruebas clave. Paralelamente, el Ejército "obstaculizó" la labor del juez.
- “Existencia de inefectiva justicia por el mecanismo de procedimiento penal que terminó en impunidad absoluta”, un argumento con el que el juez Velasco evitaría la institución de cosa juzgada por “procedimiento penal simulado”.
- “Fraude en el juicio”, en un proceso “influido e intervenido” que llegó a “resultado de no justicia”.
Para conformar esas argumentaciones, el juez Velasco habla de documentos previsiblemente destruidos, así como de destrucción de libros de registro y pruebas clave; no haberse recibido “declaración a implicados evidentes”, como el coronel Benavides, y no se pudieron dilucidar ni judicialmente ni por observadores internacionales la validad de las 30 declaraciones extrajudiciales de miembros del ejército que, además, ocultó a los responsables.
Además, el juez Eloy Velazco achaca al régimen salvadoreño el haber dado órdenes al fiscal general para no impulsar el procedimiento que motivó la renuncia de los fiscales Campos y Blanco; la denegación de diligencias probatorias y el encubrimiento a los responsables del crimen; el “grave temor” con posibles “consecuencias lesivas” infundido a los que investigaban, lo que condicionó las investigaciones; en el juicio oral no se contradijo la prueba; hubo presiones militares exteriores durante el juicio para influir en el mismo “con el fin de alterar el ánimo del jurado”, y “los miembros del jurado declararon haber sido amenazados”.
La exposición del juez Eloy Velasco es terrible y pide a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que determine si esas actuaciones que en su día se siguieron para el enjuiciamiento de los hechos por el Tribunal de El Salvador “fueron fraudulentas o incompletas”. La pelota está ahora en el campo del Supremo.
El Salvador rechazó la entrega de los supuestos asesinos
Hay que recordar que en mayo de 2012, la Corte Suprema Justicia de El Salvador rechazó la entrega de los 13 exmilitares sospechosos de haber asesinado a seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y sus dos empleadas domésticas. Nueve de los 15 magistrados que integran el máximo órgano judicial denegaron la solicitud de la Audiencia Nacional Española porque la Constitución de El Salvador que estaba vigente en 1989 prohibía la extradición de nacionales a cualquier país. Tres magistrados votaron en contra y otros tres no estuvieron presentes en la votación.
Los exmilitares procesados son el ex ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios; el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; el general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; el comandante Carlos Camilo Hernández, y los tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.
