El nombramiento del juez Enrique López-López (León, 1963) como titular de la nueva Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid detona posiciones encontradas en la Judicatura. Su cercanía a la Audiencia Nacional, de la que depende buena parte del destino jurídico del partido de la comunidad a la que ahora representará de forma más directa que nunca, es la piedra de toque de un cúmulo de asuntos polémicos que comentan sobre él sus colegas.
Y lo cierto es que lleva ya tiempo en el disparadero. "Dio el salto muy joven al Consejo General del Poder Judicial", inciden compañeros suyos. Lo hizo a propuesta precisamente del PP (de 2001 hasta 2008), y acabaría ejerciendo de vocal y portavoz del órgano de Gobierno de los jueces tras poco más de una década trabajando en los juzgados de todo un bastión popular como la comunidad de Castilla y León.
"Todo lo de Enrique López es muy llamativo", dice Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. Esta asociación, junto a la de Juezas y Jueces por la Democracia y Foro Judicial Independiente, ha mantenido una batalla jurídica encarnizada con el Consejo General del Poder Judicial después de que este haya adscrito reiteradamente desde 2017 a López en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional aún saltándose el criterio del Supremo.
Muchas ponencias y pocas sentencias
"Nos parece un poco feo todo lo que rodea a este juez, al que se le ve tanto el sesgo político", dicen fuentes jurídicas sobre un magistrado que ha dado 50 ponencias en el seno de la 'popular' Fundación FAES. Una cifra que representa casi la mitad del número de sentencias que ha redactado durante su tiempo en la Audiencia Nacional, en la que lleva más de una década, primero en la Sala de lo Penal, y ahora en la de Apelaciones.
"Cualquier juez que sepa algo ve el número de sentencias que ha realizado López-López y se da cuenta que, judicialmente, no puede ser experto de nada. Su trayectoria parece ser la de un juez que, más que ser juez, quiere ser político, y parece que en política se premia al que pone menos sentencias; ha pasado mucho tiempo en labores administrativas y ha efectuado pocas sentencias", dice Raimundo Prado.
Sentencias de las que no pudo participar fueron las de Gürtel y Bárcenas al ser recusado en 2015 por no cumplir con la apariencia de imparcialidad requerida. Poco antes, en 2013, había conseguido un lugar en el Tribunal Constitucional a manos, de nuevo, del Partido Popular; un cargo del que tuvo que dimitir tras encontrarle la policía conduciendo en Madrid una moto sin casco y en estado de ebriedad.
"Ahora que su nombramiento en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional está en cuestión, van y lo nombran consejero de Justicia; no parece bueno que un juez pueda intercambiar un puesto entre la carrera judicial y la política de forma tan sencilla", lamentan fuentes de la Judicatura.
"Si cuestionamos el caso de López-López, tenemos que sacarnos las caretas y cuestionar todo el sistema que funciona desde 1985"
Solo la Asociación de Profesionales de la Magistratura, a la que pertenece López-López, se ha desmarcado de cuestionarle.
"Su nombramiento nos parece positivo porque la política precisa un conocimiento de la legislación pero también una capacidad de gestionar recursos. Y creemos que Enrique López-López, que ha estado en las distintas áreas que afectan a la Administración de Justicia, la tiene", dice Manuel Almenar, presidente de la Asociación mayoritaria y conservadora.
"Entendemos además que los jueces no son ajenos a la sociedad en la que viven, y que López no es el primer juez que ha sido nombrado por un partido político", esgrime en suma Almenar. "Si cuestionamos eso, tenemos que sacarnos las caretas y cuestionar todo el sistema que funciona desde 1985 (gobernaba el PSOE) y que hace que el órgano de Gobierno de los jueces sea nombrado por los partidos".
