La financiación de clases de idiomas para empleados -en la mayoría de los casos, son altos cargos y personal directivo- de la Administración General del Estado (AGE), sus empresas públicas y organismos autónomos es ajena a la política de austeridad que predica el Gobierno de la Nación. El último caso lo protagoniza la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), presidida desde junio de 2012 por Francisco Gil-Ortega, exalcalde de Ciudad Real (PP) entre 1995 y 2007. Dicha entidad ha previsto un desembolso de algo más de 200.000 euros para que un grupo privilegiado de 30 empleados reciba clases de inglés y francés con cargo al presupuesto de la sociedad. Adscrita a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Enresa cuenta con una plantilla de 311 trabajadores, según las últimas cifras oficiales.
De momento, de esos 217.855 euros de presupuesto base de licitación, Enresa acaba de adjudicar un primer lote del contrato por valor de 69.079 euros para recibir lecciones de inglés. En cuanto a las clases de francés, la empresa pública aún está buscando academia a la que encargar la prestación de este servicio, cuya ejecución se prolongará durante los dos próximos años (su conclusión está programada para junio de 2015), con la posibilidad de prorrogarla otro ejercicio más.
Los clases se impartirán de manera presencial, telefónica y on-line, y también se contemplan "supuestos de inmersión", que se llevarán a cabo de forma residencial con una duración de entre tres y cinco días
En el pliego de condiciones técnicas del contrato, Enresa ya prevé el número de trabajadores en nómina que recibirán estas clases particulares. Así, estima que “podrá llegar a haber en torno a 23 alumnos interesados en realizar la formación en inglés”, y “en torno a siete” respecto a francés. Tales modalidades se impartirán de manera presencial, telefónica y on-line. Y también se contemplan "supuestos de inmersión", que se llevarán a cabo de forma residencial con una duración de entre tres y cinco días. Los cursos tendrán lugar mayoritariamente en las instalaciones de Enresa, sobre todo en las que tiene en Madrid.
Además, entre los requisitos que establece la entidad pública a la firma adjudicataria figura la capacidad para dar "formación intensiva" al personal de Enresa de cara a la preparación de presentaciones en estos idiomas y reuniones internacionales. Si bien el año pasado también se costearon estas clases, en 2011 la entidad pública sufragó incluso la enseñanza del catalán en el Centro Tecnológico Mestral Vandellós I (Tarragona).
Los estatutos se convierten en obstáculo
Este desembolso de la gestora nacional de residuos radiactivos llega justo cuando el Gobierno ha recortado su presupuesto de gasto por otra vía, la de la supresión de un órgano de su estructura, la Fundación Enresa. Dentro de su reforma de la Administración, con la que el Ejecutivo suprime, traslada o fusiona 57 entes públicos por cuestiones operativas y de ahorro, se incluye dicha institución, que pasa ahora a integrarse en su matriz, la sociedad mercantil Enresa.
El pasado 26 de septiembre, su presidente, Francisco Gil-Ortega, manifestó que pese a la desaparición de la fundación “hay actividades que desde la propia empresa se podrán seguir haciendo”. Sin embargo, acto seguido, reconoció que "habrá otras que quizá los estatutos de la entidad pública" impidan que puedan realizarse.
En este sentido, Gil-Ortega señaló que “hay que contar con las limitaciones que nos va a imponer esa nueva decisión", teniendo en cuenta, además, que "los presupuestos de Enresa, tanto de la empresa como de la fundación, no dependen de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino de las tasas de las eléctricas". De este modo, dijo que el propósito de Ensera será intentar "convencer" a quien sea posible "para seguir con tal actividad al máximo".
