"El presidente del Gobierno ha acercado a los reclusos de la banda a cambio de un puñado de votos de Bildu para seguir en la Moncloa", reprocha Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y presidente de la asociación Dignidad y Justicia, quien repasa en Vozpópuli algunos de los acontecimientos que se han vivido en las últimas jornadas: desde la polémica calificación del etarra Txapote como 'persona afectada por la violencia de motivación política' hasta la aparición de una pintada de 'Gora ETA' en la plaza que Granada dedicó a su padre, Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado el 9 de octubre del año 2000.

En la conversación, Portero lamenta la "soledad" de las asociaciones que denuncian aquellos episodios que, a su juicio, no sólo denigran a las víctimas del terrorismo, sino a la sociedad española en su conjunto. También repasa la situación judicial de las iniciativas que, desde Dignidad y Justicia, han permitido la imputación de los jefes de ETA en una serie de atentados que hasta ahora no tenían una condena.

Y añade: en las próximas elecciones, compaginará su candidatura a diputado de la Asamblea de Madrid con "el gesto de cerrar la lista en un municipio vasco en el que se pueda arrebatar la alcaldía a Bildu": "Será en una población vizcaína clave".

Pregunta. En la última semana, hemos visto cómo metían a Txapote y a otros terroristas en la denominación de ‘personas afectadas por la violencia de motivación política’. Esta polémica se puede abordar desde varias perspectivas. Vayamos con la moral: ¿Hacen daño a las víctimas y a la democracia esos calificativos?

Respuesta. Por supuesto. Es una humillación a las víctimas equiparar a éstas con sus verdugos. Es muy importante que la sociedad sitúe adecuadamente a cada uno en su lugar. Los asesinos no son víctimas, son los que provocan víctimas. Txapote es el asesino de Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica, Fernando Buesa o José Ignacio Iruretagoyena, entre otros. Ha acabado con la vida de políticos de todos los colores, militares, policías, periodistas, ertzainas, guardias civiles, funcionarios de prisiones. No puede ser incluido en la lista de quienes han padecido la violencia, sino en la de los que la han provocado.

P. Desde el punto de vista judicial, ¿cree que se puede emprender algún tipo de acción legal para evitar esos calificativos?

R. En estos momentos estamos estudiando el encaje que puede tener el asunto. Sin duda se trata de un comportamiento novedoso que también debe ser abordado con esta visión innovadora en el ámbito penal. Pero lo que está claro es que se trata de una decisión reprochable desde el punto de vista social y político y ni los ciudadanos que tanto deben a aquellos que perdieron la vida por la democracia que hoy disfrutan, ni los dirigentes pueden mirar para otro lado cuando esto ocurre.

P. El tercer prisma es el político. ¿Cree que ahora hay un mayor calado en los mensajes que justifican de algún modo la actividad de los terroristas?

R. Muchos jóvenes no conocen quién fue Miguel Ángel Blanco, un chaval como ellos, cuya vida y cuya muerte ayudó a levantar los pilares del estado de derecho que hoy permiten reconocer la libertad de todos. Pero también muchos mayores ya parece que no recuerdan al concejal acribillado porque ese estado de derecho no cedió al chantaje de los terroristas y se negó a acercar presos al País Vasco, extremo que hoy Pedro Sánchez también ha olvidado. El presidente del Gobierno ha acercado a los reclusos de la banda a cambio de un puñado de votos de Bildu para seguir en la Moncloa.

Hay mucha distancia moral entre aquel Gobierno de José María Aznar que entregó la vida de uno de los suyos por la democracia y éste de Sánchez que entrega la democracia por mantenerse en el sillón. No podemos olvidar que hace muy pocos años una organización terrorista acabó con la vida de más de 800 personas y tuvo aterrorizados al resto de españoles. Los asesinados no pueden haber dado todo lo que tenían por nada. Tenemos la obligación de honrarles.

P. A su juicio, ¿ha habido algún tipo de respuesta contundente desde el ámbito institucional y político a esta polémica? ¿Se sienten solas las asociaciones que, como Dignidad y Justicia, elevan la voz ante estas situaciones?

R. Muy solas. Echo de menos palabras de condena por parte, en primer lugar, del presidente del Gobierno, que ha dejado solo a su propio concejal, el socialista Víctor Trimiño, el primero que denunció lo que estaba pasando. Sánchez tiene que decir con claridad de parte de quién está, si de Txapote y sus amigos de Bildu o de la democracia, las víctimas y el estado de derecho que levantaron Miguel Ángel Blanco y Fernando Múgica.

P. Su asociación ha promovido varias iniciativas judiciales con el objetivo de condenar a miembros de ETA en atentados que hasta ahora no tenían una sentencia. ¿Cuál ha sido la principal estrategia para abrir estas nuevas vías de investigación?

R. Hay 379 asesinatos de ETA todavía sin autor conocido. Dicho de otro modo, casi la mitad de los atentados siguen estando sin resolver. Se trata de un número y un porcentaje muy elevado, que debería dar vergüenza a cualquier sistema democrático y a cualquier gobierno que considere a sus víctimas como héroes. El propio Parlamento Europeo ha pedido a España que haga todo lo posible por esclarecer ese agujero negro. Y es en ese contexto en el que está actuando Dignidad y Justicia. Hemos iniciado procedimientos judiciales en la Audiencia Nacional por la vía de la autoría mediata, para condenar no tanto a quienes apretaron el gatillo sino a los que dieron la orden o tenían autoridad dentro de la organización para evitar los asesinatos y no lo hicieron.

De este modo hemos logrado imputar a decenas de exjefes de ETA. Es una manera de ayudar a aclarar esos crímenes e incluso de cruzar datos para conseguir pistas y testimonios que permitan avanzar en las investigaciones dirigidas a identificar a los autores materiales. Esto, que debería ser aplaudido por el Gobierno, no está siendo bien recibido. Sánchez parece que no quiere que avancen estos procedimientos y por eso ordenó al fiscal general que pidiera el archivo de algunos. Los jueces y la mayoría de fiscales, afortunadamente, son independientes y siguen adelante.

P. ¿En qué situación se encuentran los procedimientos?

R. Algunos, como el de Pedrosa Urquiza, que investiga la expulsión de miles de vascos de su tierra, se encuentran más incipientes, porque aún tienen mucho recorrido, pero otros, como Miguel Ángel Blanco o el caso Querol o el que pone contra las cuerdas a los dirigentes etarras por lesa humanidad están más avanzados. Ahora mismo, los departamentos de antiterrorismo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil tienen mucho trabajo con estas causas. Están elaborando informes muy complejos.

P. Llama la atención que se lleven a cabo iniciativas en este sentido en un momento en que el entorno de los presos de ETA celebra el fin de la dispersión y ahora pide la impunidad de sus delitos, exigiendo la liberación de todos los terroristas encarcelados.

R. Está claro que ETA tiene una hoja de ruta. Después de acercar a sus presos al País Vasco y Navarra, trabajan en su salida de prisión, en acelerar la liberación de todos los reclusos. Así lo han mostrado abiertamente sus organizaciones satélites, como Etxerat, que cambió de símbolo semanas antes de que Sánchez ordenara el acercamiento de los últimos etarras. Un mapa con flechas hacia el País Vasco y Navarra reivindicó tradicionalmente ese acercamiento. Ahora eso ha cambiado porque ese objetivo está cumplido.

P. ¿Cree que llegará el día en que se promuevan iniciativas para que los terroristas salgan a la calle?

R. Estoy convencido de que es el próximo paso. Y con un presidente del Gobierno débil, que debe el sillón en el que se sienta a los votos de Bildu, esto será posible.

P. En fechas recientes se ha encontrado una pintada que rezaba “Gora ETA” en la plaza que Granada dedicó a su padre, asesinado por los terroristas. ¿Qué se siente en ese momento? ¿Qué respuesta encontró?

R. Una rabia inmensa. El terrorismo es un problema social, que no solo afecta a las víctimas, sino a todos los ciudadanos que en cualquier momento pueden sufrir sus consecuencias. Todos somos víctimas en potencia en una sociedad dirigida por el terror como fue España hasta hace muy poco. Ver cómo esos mensajes se repiten tan solo me confirma en que el problema sigue vivo, en que es necesario seguir poniendo toda la carne en el asador, sobre todo en el terreno judicial, pero también en el político. La altura moral demostrada por las víctimas y ganada a la violencia no puede permitirse ni un ápice de cesión. Los dirigentes deben estar al menos a ese nivel.

P. El terrorismo de ETA ha marcado la historia reciente de España, pero no es el único que busca objetivos mediante la violencia. El que ahora representa una mayor amenaza es el yihadista. Dignidad y Justicia se ha personado en el caso del ataque múltiple de Algeciras, en el que fue asesinada una persona. Hay quienes consideran que no se trata de un acto terrorista, sino de la actuación de una persona con problemas de salud mental. ¿Cómo lo ve usted?

R. Al Gobierno no le interesaba decir que aquel crimen fue terrorismo porque justo en ese momento se iba a celebrar una cumbre bilateral entre España y Marruecos. Tampoco le interesaba que fuera calificado en estos términos porque Sánchez había concedido a Marruecos lo que este país ha pedido con relación al Sáhara desde hace décadas. Sánchez quería mantener la fiesta en paz con el fin de que nuestros vecinos contuvieran las olas migratorias. Pero lo cierto es que la Audiencia Nacional definió el ataque como acto terrorista. Las cosas son lo que son y no dependen de las circunstancias políticas.

P. Usted en las elecciones municipales siempre se presenta en las listas de algún pueblo del País Vasco con el fin de apoyar a su partido. ¿Esta vez será así también?

Siempre compagino mi candidatura a diputado de la Asamblea de Madrid con el gesto de cerrar la lista en un municipio vasco en el que se pueda arrebatar la alcaldía a Bildu. Este año mi nombre también será así. Cerraré la lista de una población vizcaína clave hoy gobernada por Bildu y esperemos que en el futuro no. Trabajaré en el sentido contrario al que lo hace Sánchez, trataré de echar a los proetarras de las instituciones.

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