La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos afirma, en el auto que prorroga el secreto sumarial por sexto mes, que la documentación incautada por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Heracles', saldada con 22 detenidos, está resultando "muy relevante para la investigación" y puede abrir nuevas vías sobre la desviación de fondos.
En el auto de prórroga del secreto, al que ha tenido acceso Efe, la juez Mercedes Alaya afirma que la Guardia Civil aún debe analizar escritos relativos a los dos imputados pendientes de declarar y analizar "varias transacciones que revelarían el origen de los fondos objeto de las mismas y que están resultando muy relevantes para la investigación". Además, debe estudiar la "ingente documentación intervenida en los registros efectuados, cuyo análisis detenido podría abrir nuevas líneas de investigación".
Por ello, decreta un sexto mes de secreto sumarial sobre la nueva fase, centrada en las sobrecomisiones que cobraban las mediadoras en los ERE, para "salvaguardar el buen fin de la instrucción y evitar la manipulación, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba, o incluso que parte interesada pudiera influir en alguno de los implicados o testigos, anulando con todo ello la acción policial y judicial".
Todo ello con el objetivo final de "determinar si hubo desviación de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía hacia fines distintos de los legalmente establecidos". No obstante, la juez apremia a la Guardia Civil a que "emplee la máxima diligencia" y le dé cuenta periódica del avance de sus investigaciones.
El secreto se refiere a la parte de los ERE gestionados por los bufetes Villasís y Garrigues, por la que en marzo pasado declararon como imputadas veintidós personas y siete ingresaron en prisión.
La juez Mercedes Alaya tiene pendiente de tomar declaración a dos últimos imputados en esta fase: José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y el abogado Carlos Leal, del bufete Villasís.
La investigación sobre las comisiones "elevadísimas" se ha unido al sumario sobre los ERE falsos, en el que hay sesenta imputados, entre ellos siete ex altos cargos de la Junta.
