La Guardia Civil ha registrado este jueves la sede central del sindicato UGT Andalucía para realizar un registro por orden de la juez Mercedes Alaya en el marco de la investigación sobre el uso de fondos de formación, han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
Las mismas fuentes han agregado que, además del registro en el sindicato se está efectuando, dentro de esa misma operación, el registro en las sedes de dos empresas relacionadas con los cursos de formación de UGT-A, ubicadas ambas en la capital hispalense, en concreto en la avenida Menéndez Pelayo, número siete, y en la avenida de San Francisco Javier número nueve, según han indicado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.
Las fuentes han precisado que esta operación se denomina 'Cirene' y no se prevén efectuar detenciones. La operación la está llevando a cabo la Unidad de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y además hay 32 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, además de 20 agentes del Grupo de Delitos Económicos de la UCO.
El registro se ha iniciado sobre las 10,30 horas en la sede del sindicato ubicada en la calle Antonio Salado de la capital hispalense, que permanece cortada. Según las mismas fuentes, los agentes están solicitando y recogiendo documentación en papel y soporte digital sobre la contabilidad y las facturas del sindicato referentes a los fondos de formación.
Fuentes sindicales informaron de que los agentes de la UCO se encuentran reunidos en la sede con miembros de la Ejecutiva de UGT-A, entre los que no figura el secretario de Organización, Manuel Ferrer, responsable del sindicato desde la dimisión de Francisco Fernández Sevilla, que se encuentra de viaje.
La juez Mercedes Alaya, que ha vuelto a 'preimputar' a Chaves y a Griñán, asumió a principios de octubre la causa sobre las presuntas facturas falsas del sindicato UGT-A dada su conexión con ciertos aspectos de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.
La causa partió de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias donde ponía en conocimiento de la Justicia que UGT-A falseó supuestamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010 con fondos públicos concedidos por la Junta para la formación de desempleados.
