Menos escoltas y más control 'matemático' sobre las que se mantengan. El Ministerio del Interior anunció ayer la reducción de la mitad del número de escoltas que vigilan los domicilios de altos cargos, la mayoría de ellos residentes en Madrid. En total, más de 400 de los 774 agentes destinados a este menester dejarán de realizar estas labores para pasar a patrullar las calles. Un importante recorte que no será el último. En breve, otros 100 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que realizan idéntica misión también dejarán de hacerlo. El siguiente paso será eliminar parte de las escoltas dinámicas, las que acompañan en sus desplazamientos a las personas protegidas. Serán más de 500 agentes menos. El objetivo del departamento de Jorge Fernández Díaz es que dentro de unos meses sean poco más de 2.000 policías y guardias civiles los que realicen servicios de vigilancia, un tercio menos de los que había cuando el PP llegó al poder. Y`para hacerlo, Interior está aplicando los baremos recogidos en un protocolo de 1999 que incluye una sencilla fórmula matemática para saber el grado de riesgo de sufrir un atentado que tiene la personalidad y decidir si debe o no tener escolta y, en caso afirmativo, de qué tipo.
La norma contempla la retirada de la escolta si el alto cargo hace "uso inadecuado" de la misma
Ha sido el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, quien ha dado instrucciones a los responsables de Policía y Guardia Civil para que apliquen a rajatabla dicho documento, titulado "Normas generales para la evaluación del riesgo y asignación de protección de personalidades". El texto, de siete folios de extensión y al que que ha tenido acceso Vozpópuli, recoge también que dichas valoraciones de riesgo se revisarán obligatoriamente cada seis meses: "Los servicios de protección asignados a cualquier persona se mantendrán en tanto persistan los riesgos que motivaron su inicio y serán objeto de revisión semestral en cuanto a la posible variación de los niveles de riesgo y la correspondiente adaptación de los niveles de proteción, o retirada del servicio, en su caso". Además, los autores del texto detallan que si la persona protegida lo es "por razón del cargo que desempeña y cesa en el mismo, se hará la evaluación de la amenaza [en ese momento] para determinar si se mantiene o no la protección o si se modifica adaptándola a la nueva evaluación de riesgos".
Para ello, el documento policial fija los cinco baremos que se tendrán en cuenta para determinar el nivel de riesgo y, por tanto, el tipo de protección estática y dinámica que recibirá. En concreto, habla de "tipo de amenaza", "fuente de la amenaza", "credibilidad de la amenaza", "capacidad del sujeto amenazante" y "motivación de la amenaza". A cada una de las cuales los evaluadores policiales deberán adjudicar una puntuación de 0 a 4. "La media aritmética de las puntuaciones obtenidas por cada uno de los diferentes conceptos anteriores indicará el correspondiente nivel de riesgo", recoge textualmente el protocolo la sencilla fórmula matemática a aplicar.
Así, si la media es igual o superior a 3 se considerará "riesgo máximo", por lo que la personalidad contará con protección dinámica y estática "permanente". Si es igual o superior a 2, pero inferior a 3, el riesgo es calificado de "alto", y la protección será permanente en dinámica y temporal en la estática. Si va de 1 a 2, el nivel es "medio", y ambas protecciones serán "temporales". Si es inferior a 1, Interior considera que el riesgo es "bajo" y "no se prestará protección específica", aunque en estos casos deja la puerta abierta a que "por razones excepcionales la comisión podrá ordenar que se preste algún tipo de protección temporal". En cuanto al número de efectivos, el protocolo lo deja "a criterio del cuerpo policial que presta la protección teniendo en cuenta el cargo que ostenta o nivel de riesgo de la persona a proteger".
No obstante, el documento deja en mano de la Comisión que asigna los servicios, la capacidad para ordenar "la retirada del servicio de protección cuando la persona protegida haga un uso inadecuado del mismo o desminuya o anule el sentido de su establecimiento". Una situación que, recientemente, el propio secretario de Estado de Seguridad denunció que se daba en el caso del ex juez Baltasar Garzón, a quien redujo la escolta a un agente y le eliminó el vehículo blindado. Fuentes policiales consultadas insisten que este caso no es único y que los abusos por parte de las personalidades protegidas son muchos más. "Para algunos altos cargos, los policías son criados a su servicio que les traen y les llevan en coche, como si fueran un chófer", señalan estas fuentes que no dudan en aplaudir la medida de Interior.
Protestas de la judicatura
Sin embargo, no todos son halagos. Desde que el ministro anunció su intención de recortar las escoltas, jueces y fiscales han mostrado publicamente su desacuerdo. Las asociaciones mayoritarias de ambos colectivos criticaron la decisión por considerarla "radicalmente inadecuada" y pidieron que se les mantenga la protección policial porque, aunque ETA haya dejado de atentar, consideran que se mantiene el riesgo del terrorismo islamista y existe la nueva amenaza del crimen organizado. Sin embargo, el recorte finalmente también les afectará a ellos, según las fuentes policiales consultadas.
