La información tiene un precio y, por tanto, es un lucrativo negocio. La presunta trama de tráfico de datos desarticulada en los últimos por la Policía dentro de la llamada Operación Pitiusa tenía como principales clientes a entidades financieras, que llegaban a pagar hasta 30.000 euros por un informe completo sobre algunos de sus clientes. La investigación ha permitido detener hasta ahora a 88 personas e imputar a otras ocho, la mayoría de ellos detectives privados, pero también a 15 funcionarios públicos, desde empleados de la Hacienda Foral vasca a guardias civiles, mossos y miembros de Vigilancia Aduanera, quienes supuestamente utilizaban las bases de datos a las que tenían acceso por su puesto para surtir de datos confidenciales a los diferentes integrantes de la trama, que se presentaban como honradas 'oficinas de confección de informes comerciales'.

La cuenta corriente de un funcionario de la Agencia Tributaria refleja múltiples ingresos de 150 y 300 euros

Según fuentes conocedoras de las pesquisas, la trama era en realidad una extensa red de empresarios repartidos por todo España sin un cabecilla que intercambiaban sus contactos en la Administración para conseguir la información que reclamaban los clientes de cada uno. Estos eran en la mayoría de los casos directivos de oficinas bancarias y gestorías que querían conocer los movimientos económicos y propiedades de clientes que, o bien habían pasado a ser morosos o bien solicitan la concesión de un crédito. Los datos que contenían estos informes iban desde la simple localización de los inmuebles y vehículos a nombre del investigado o sus familiares directos, hasta expedientes íntegros de la Agencia Tributaria, el tráfico de llamadas de sus teléfonos móviles, su vida laboral o el historial médico. Según el detalle, el precio también fluctuaba: desde 40 euros por datos sobre el puesto de trabajo o el vehículo de una persona, hasta los 30.000 por un completo informe con los datos confidenciales sobre la vida laboral y el estado financiero del investigado. Hasta el momento, ningún empleado de las entidades bancarias que los adquirían ha sido ni detenido ni imputado.

Para recabar la información, los empresarios contaban con la colaboración de una quincena de funcionarios de diferentes departamentos de la Administración. Así, había al menos dos guardias civiles, dos mossos d'Esquadra y un par de miembros de Vigilancia Aduanera. También había un grupo de al menos cinco empleados del Instituto de Empleo de la provincia de Barcelona, varios policías locales, funcionarios de catastros, un funcionario de la Hacienda Foral vasca y empleados de la Agencia Tributaria (AEAT). Todos ellos presuntamente cobraban de la trama cantidades que iban desde los 25 euros por datos sobre matriculaciones de vehículos hasta varios centenares de euros por la vida laboral de una persona o sus datos fiscales. Por ejemplo, las cuentas bancarias de un funcionario de la AEAT detenido refleja numerosos ingresos realizados por un miembro de la trama que fluctuaban entre los 150 y los 300 euros y que supuestamente correspondían a pagos por la información facilitada.

Entre los implicados también se encuentran gestores de datos de las tres principales compañías de telefonía, que están acusados de facilitar información confidencial sobre el tráfico de llamadas de clientes de sus empresas. El resto de los arrestados en esta primera fase de la operación son detectives privados (40) y los propietarios de las 'oficinas de informes comerciales' con las que contactaban las entidades financieras para solicitar los informes. Uno de ellos, detenido en La Coruña, era un viejo conocido de la Policía. Ya lo había arrestado también por tráfico de datos confidenciales en dos ocasiones: en 1999 y 2010. Había sido, incluso, condenado a 2 años de cárcel por revelación de secretos tras la primera de estas detenciones.

En breve, una segunda macrorredada

La operación policial, que se inició en marzo de 2011 después después de que los agentes de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía comenzasen a investigar las actividades de un ex detective privado de Barcelona que trabajaba en ese momento como policía local, no ha terminado todavía, según reconoció el pasado lunes el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. De hecho, fuentes de su equipo apuntan a que en breves fechas se va a desarrollar una segunda fase de esta operación que incluirá otra macrorredada que puede elevar el número total de detenidos al centenar y medio. La amplitud de las pesquisas -la primera fase ha incluido detenciones y registros en once comunidades autónomas- ha hecho que también participen agentes especializados de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y miembros de las Brigadas de Policía Judicial de las provincias donde se realizaron los arrestos. Los detenidos están acusados de los delitos de intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales.