Las autoridades españolas expulsaron en 2019 de territorio nacional a cuatro imanes que lanzaban proclamas radicales y trataban de captar adeptos desde las mezquitas en las que predicaban, ubicadas en Ceuta, Valencia, San Agustín (Almería) y Navalmoral de la Mata (Cáceres). Un quinto individuo, un predicador de Beniaján (Murcia), se fugó con su familia antes de que se tramitase su deportación. Los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fueron clave para acreditar que sus valores entraban en conflicto con los valores fundamentales de la sociedad democrática de España.
R.T., de 42 años, fue el primero en ser expulsado en 2019, de acuerdo a los datos que recoge el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en una reciente publicación en la que hace balance de la actividad durante el años pasado. Las autoridades españolas lo entregaron el 3 de enero a Marruecos, su país de procedencia. Los informes acreditaban que lanzaba proclamas salafistas desde la mezquita Assediq, en la localidad almeriense de San Agustín, donde criticaba a Occidente y al modelo de vida de los españoles. También celebraba reuniones nocturnas en su domicilio para adoctrinar a fieles extremistas.
En febrero de 2019 se tramitaron otras dos expulsiones. La primera incumbía a un imán que se desempeñaba en un templo de Ceuta. La segunda, a otro líder religioso que ejercía su poder de influencia en Valencia. De acuerdo a los informes de inteligencia que manejaba en Gobierno, ambos representaban una amenaza para la seguridad nacional.
Según el informe del Centro Memorial, la cuarta expulsión recayó en un imán egipcio que profesaba sus proclamas radicales desde una mezquita de Navalmoral de la Mata (Cáceres). El individuo abandonó el país por su propio pie después de que se le notificase la orden dictada por las autoridades españolas.
Fugado antes de su expulsión
La operación que no culminó con éxito fue la expulsión de Marwan Mohammad Aref Al Tahaineh, un imán de origen jordano que llevaba en España al menos una década. Ejercía en una mezquita de Beniaján (Murcia) cuando los servicios de inteligencia detectaron su actividad. “El intento de expulsarlo no se pudo consumar porque el afectado había abandonado su domicilio y había desaparecido con su familia”, detalla el documento.
El Gobierno español efectuó otras expulsiones a lo largo del año. Entre otras, fue devuelto a Marruecos Hassan el Haski, condenado a 14 años de prisión por los atentados del 11-M de Madrid. Las autoridades lo entregaron a Rabat para rendir cuentas por los atentados de Casablanca de 2003. También se entregaron a Marruecos a dos hermanos que habían llegado de forma ilegal a España tras luchar en las trincheras del Estado Islámico en Siria, así como a un ciudadano del mismo país que había sido detenido en Vitoria. Otro hombre de nacionalidad paquistaní completa la lista de personas expulsadas de nuestro país durante 2019.
Una práctica extendida en Europa
La expulsión de individuos radicalizados es una práctica que países vecinos de la Unión Europea -principalmente Francia- vienen desarrollando en los últimos años y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló en una sentencia de 2018. España ha seguido la misma senda desde entonces; sonado fue el caso de un imán instalado en la mezquita de Corella (Navarra) que fue expulsado en 2018. Los informes de inteligencia sugirieron que Yassine Lafraiki financiaba la construcción del templo con fondos procedentes de la Society of the Revival of Islamic Heritage (RIHS), organización a la que la ONU le atribuye vínculos con Al Qaeda. Ese año España echó a otros tres predicadores que ejercían en Logroño, El Ejido (Almería) y La Rábita (Granada).
La expulsión de individuos radicalizados es una decisión que implica a varios Ministerios: Interior, por el trabajo que desempeñan los servicios de información de Policía Nacional y Guardia Civil; Defensa, en tanto en cuanto buena parte de las pesquisas las desarrolla el CNI; y Exteriores, para tramitar su entrega a sus respectivos países de origen.
Como contó Vozpópuli, la crisis del coronavirus ha complicado la expulsión de España de los terroristas que salen de prisión. El cierre de fronteras ha impedido que se hicieran efectivos sus expedientes de deportación ya tramitados.
