El Ministerio del Interior y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional han reducido la presión sobre los presos de ETA en las cárceles durante las últimas semanas en las que se han acumulado los traslados y se han aprobado permisos de salida ordinarios. También ha habido progresiones de grado y una de ellas ya se ha materializado en una libertad condicional. En menos de dos meses, son 17 los terroristas que han visto mejorada su situación gracias a estas medidas, algunos de ellos con delitos de sangre.
Los dos últimos han sido Igor González Sola y José Luis Barrios, que han sido trasladados a San Sebastián y a Zaragoza procedentes de Soria y Granada, respectivamente. El segundo fue condenado por el asesinato de Jiménez Becerril y se le aplicará además el 100.2 del Reglamento Penitenciario que permite flexibilizar el cumplimiento de la condena. Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ha pedido una reunión urgente con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska al que le acusan de no cumplir sus compromisos.
Esta semana ha sido también Ramón Foruria, condenado por participar en un atentado del comando Eibar que mató a cuatro guardias civiles en 1980. El juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, le ha concedido la libertad condicional a propuesta de la cárcel de Bilbao en la que se encontraba en tercer grado por cuestiones de salud desde mayo. Tiene “un pronóstico vital a corto plazo”, según el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, que le impone la condición de no participar en ningún acto que suponga una agravio a las víctimas.
El mismo juzgado ha firmado recientemente varios permisos de salida ordinarios, dos de ellos para el interno Txus Martín Hernando. Es un histórico de las reivindicaciones del entorno etarra por su estado de salud. Integrante del comando Vizcaya y asesino de un ertzaina, que lleva años alegando un trastorno mental para salir de la cárcel. El 27 de mayo lo consiguió por primera vez. Recibió autorización para salir tres días. El juez le ha otorgado un segundo permiso de otros cuatro días a propuesta del centro penitenciario, pero le recuerda que no puede ir a Bilbao hasta seis años después de cumplir su condena en 2022.
Permisos de salida
El magistrado ha otorgado otros seis días de salida al terrorista Oier Urrutia, condenado a 14 años de prisión por integración en ETA y tenencia de explosivos. Responde afirmativamente a la propuesta formulada en marzo por la cárcel. También saldrá seis días en las mismas condiciones Asier Ormazábal. Ha manifestado por escrito su ruptura con su pasado y es monitor de yoga y profesor de alemán en la cárcel de Teruel. Cuenta con varias condenas por atentados. En 2004 la Audiencia Nacional le impuso 351 años de prisión por atacar un autobús militar en Córdoba en el que murió el sargento Miguel Ángel Ayllón.
Otro de los que ha recibido este beneficio penitenciario es Marta Igarriz Iceta, condenada por alojar a un comando de ETA y esconder sus armas. En su caso saldrá durante 12 días de permiso. Estas salidas están contempladas en la ley para todos aquellos que estén clasificados en segundo grado penitenciario y hayan cumplido un cuarto de su condena. Pueden salir un total de 36 días al año.
En mayo, el juez de vigilancia penitenciaria autorizó además excarcelar a Kepa Arronategui, preso en Zuera (Zaragoza) para ingresar en una unidad psiquiátrica cerrada de Guipúzcoa. Fue detenido cuando preparaba un atentado contra el rey emérito Juan Carlos I coincidiendo con la inauguración del museo Guggenheim de Bilbao en 1997. Le quedan siete años de condena.
“Otro momento histórico”
“Ahora la sociedad está en otro momento histórico por suerte para todos”. El ministro Fernando Grande-Marlaska defendió así hace días en el Congreso de los Diputados su plan de poner fin a tres décadas de dispersión de etarras. El ritmo de las últimas semanas se ha incrementado si se tienen en cuenta los dos años de Gobierno socialista en los que han sido trasladados un total de 43 internos, según los datos recabados por la AVT. Solo en junio se aprobaron más traslados que en todo el año.
Las víctimas han visto en dos años cómo el Ministerio ha ido acelerando su política penitenciaria con respecto a sus primeros mensajes. En los traslados ya se incluyen presos con delitos de sangre, con largas condenas por cumplir y algunos de los traslados ya son directamente al País Vasco y Navarra. "Consideramos que por parte del entorno de ETA y sus presos se está utilizando esta nueva política penitenciaria como 'método de lucha' no sólo para ser trasladados a prisiones próximas al País Vasco, sino para conseguir la libertad, verdadero objetivo del colectivo de presos", sostiene la AVT, ausente el pasado 27 junio del acto oficial de homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso.
El Ministerio del Interior tiene la última palabra sobre el lugar en el que cumple condena cualquier preso. Pese a las reivindicaciones históricas del mundo proetarra, la Ley no obliga al Gobierno a que lo hagan en centros próximos a su domicilio. Así lo reconoció el propio Grande-Marlaska cuando avaló la dispersión en un auto de 2015 cuando era juez de la Audiencia Nacional. Defendía que era una medida pensada en romper los lazos que existen entre ellos y favorecer la reinserción.
Crece el ritmo de traslados
Sin embargo, en su escrito ponía de ejemplo la Vía Nanclares (acercamiento solo de etarras disidentes) para destacar la posibilidad de cambios en materia penitenciaria “a la vista de los acontecimientos sociales, tales como el cese definitivo de la actividad armada”. Ahora ETA lleva dos años disuelta. En las cárceles españolas permanecen 200 de sus integrantes, muy lejos de los 700 que había cuando la banda anunció el cese definitivo de la violencia en 2011.
El 18 de mayo, Instituciones Penitenciarias anunció el traslado de Murcia a Pamplona de Francisco José Ramada Estévez, condenado por los secuestros del abogado Cosme Delclaux y el empresario José María Aldaya. Unos días antes Interior comunicó los acercamientos de Foruria, Josune Oña y Arri Pascual, condenado por el asesinato del general Francisco Veguillas y Foruria. Balbino Saez, Asier Mardones, Asier Rodíguez y Julián Achurra fueron los siguientes en la lista de traslados de estas últimas semanas. Achurra fue condenado por secuestrar al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, cuya liberación ha cumplido ahora 23 años.
Los dos últimos se anunciaron el 22 de junio. Se trata de Garikoitz Arruarte, de Almería a Soria, y Gorka Lupiáñez, de Salamanca a Logroño. El primero fue condenado por la colocación de 28 kilos de dinamita en el Intercity Madrid-Irún en la Nochebuena de 2003. Según fuentes policiales, varios de estos traslados se han materializado en los últimos días una vez lo han permitido las condiciones tras el estado de alarma.
La crisis interna abertzale
Durante la crisis por la covid-19, el colectivo de presos de ETA vivió unas semanas convulsas por el empuje del sector más irredento del mundo proetarra que acusa de traición a la izquierda abertzale institucional que encabeza Otegi. A raíz de la huelga de hambre de uno de sus presos afines, Patxi Ruiz, este sector protagonizó un rebrote violento que agravó las tensiones internas. Se muestran contrarios a la estrategia impulsada por los herederos de la histórica Batasuna y asumida por el Colectivo de Presos de ETA (EPPK) de renunciar a la pedir la amnistía para asumir la legalidad penitenciaria.
En marzo, el diario Gara publicó una entrevista de uno de los presos que representan la línea oficial, Gorka Fraile. Le presentaba como el primer interno que ha logrado la libertad condicional por medio de las vías legales e individuales. Lo que siempre rechazó ETA por ser propio de presos comunes ahora se presenta como “una batalla legal”. “Con esto cae otra barrera, tenemos que creer que es posible vaciar las cárceles”, decía Fraile tras 22 años encarcelado.
