El presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, sostuvo en fechas recientes que la variedad de asociaciones judiciales que hay en España supone "un problema ya que estas tienen la culpa de la politización de la Justicia" porque "representan opciones ideológicas y se identifican con partidos políticos". Como era de esperar, estas declaraciones sentaron como un jarro de agua fría a los colectivos de jueces de nuestro país que criticaron abiertamente las manifestaciones realizadas por el presidente del Poder Judicial.
Pero, ¿qué hay de cierto o incierto en las polémicas declaraciones de Lesmes? ¿Hay un exceso de asociaciones judiciales en nuestro país? A continuación, analizamos la situación.
Según los últimos datos con los que cuenta el CGPJ, que han sido facilitados a Vozpópuli, el total de jueces y magistrados asociados en España es de 2.911, lo que supone el 54,2 por ciento de los 5.367 jueces y magistrados en activo a 1 de enero de 2017. De esos 2911 jueces asociaciones, la afiliación a las distintas asociaciones judiciales se reparte así: la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cuenta en la actualidad con 1.305 jueces asociados, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) con 752 asociados, la progresista Jueces para la Democracia (JpD) con 529 asociados, el Foro Judicial Independiente (FJI) con 320 asociados y, por último, la minoritaria Asociación Nacional de Jueces (ANJ), que tan sólo tiene cinco jueces asociados.
Pero, ¿cómo nació el espíritu asociativo en España? En marzo de 1980, tras un amplio debate en el mundo de la Judicatura sobre si los representantes del Poder Judicial podían y debían estar asociados, nació la Asociación Profesional de la Magistratura, con una afiliación que superaba al 70% de los jueces y magistrados en servicio activo. Tres años duró la unidad asociativa en nuestro país.
En 1983 se celebra el tercer congreso de la APM y allí surgen distintas corrientes de opinión que hacen que el 28 de mayo de ese mismo año se reúna en Madrid un grupo de jueces afiliados que crean el colectivo Jueces para la Democracia. Poco tiempo después, otro grupo grupo de miembro de la APM fundan la asociación Francisco de Vitoria. En el año 2002, nació la asociación Foro Judicial Independiente.
El derecho asociativo en Europa
Lo cierto es que España es, junto a Francia -país donde existe una regulación distinta- el único país de la Unión Europea en el que existe más de una asociación judicial. En Portugal, por ejemplo, solo existe la Associaçao Sindical dos Juizes Portugueses (ASJP), que tiene cerca de 2.100 afiliados. En Italia se encuentra la Associazione Nazionale dei Magistrati (ANM), que reúne a cerca del 90% de la judicatura italiana y en Alemania los jueces están agrupados en la Federación de Jueces Alemanes (Deutscher Richterbund).
Sin embargo, en Francia, al contrario que otros países de la Unión Europea, los jueces tienen libertad de sindicación existiendo un sindicato de jueces y magistrados que forma parte de la principal confederación sindical del país (Force Ouvrière). Es el Syndicat National de Magistrats Force Ouvrière.
Por su parte, en nuestro país la Constitución establece en su artículo 127 lo siguiente: "Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales".
Un derecho constitucional
Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge en su artículo 401 que "de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Constitución, se reconoce el derecho de libre asociación profesional de jueces y magistrados integrantes de la Carrera Judicial". Además, la LOPJ recalca que las asociaciones judiciales "podrán tener como fines lícitos la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos y la realización de actividades encaminadas al servicio de la Justicia en general. No podrán llevar a cabo actividades políticas ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos".
Por esta última razón, el colectivo asociativo ha recibido con perplejidad y asombro las palabras del presidente del Supremo, Carlos Lesmes. El portavoz de la APM, Celso Rodríguez Padrón, en declaraciones a este periódico, sostiene que uno de los cometidos de las distintas asociaciones judiciales que hay en España es realizar propuestas "para mejorar la Justicia" y "defender a los jueces".
El representante de la asociación mayoritaria subraya que las asociaciones nacieron con una intencionalidad "constructiva" de mejorar la Justicia y su imagen ante los ciudadanos. Rodríguez Padrón considera que calificar la variedad de asociaciones de jueces como un "problema" y no aludir a que la imagen de politización de la Justicia viene en parte provocada porque los miembros del CGPJ son elegidos por los grupos políticos en el Parlamento es no conocer la realidad.
En defensa de los jueces
Por su parte, desde la asociación Jueces para la Democracia, su portavoz Ignacio González, califica de "paradójico" que una persona que ha sido durante ocho años alto cargo en un Gobierno del Partido Popular (PP), como es el caso de Lesmes, hable de "politización" de la Justicia. Asimismo, desde la asociación progresista se recalca que las asociaciones judiciales "son imprescindibles en una sociedad democrática aunque el presidente del órgano que debe velar por la independencia de los jueces no esté acostumbrado a la pluralidad y sí al pensamiento único".
De la misma forma, González insiste en que las asociaciones judiciales velan por mejorar la Justicia y actúan en defensa de los representantes del tercer poder del Estado.
Desde el Foro Judicial Independiente su presidenta Concepción Rodríguez defienden que su colectivo "carece de ideología alguna" y prueba de ello es que los 320 jueces y magistrados que lo integran tienen una procedencia "variopinta". Asimismo, en FJI subrayan que ellos están claramente a favor de que los vocales que integran el CGPJ sean designados por los propios jueces en su totalidad vez de por el poder político. "Desde nuestra constitución como asociación defendemos que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos por jueces y magistrados", recalca la presidenta de Foro.
