El Presidente de la Generalitat de Cataluña, señor Pere Aragonès, ha publicado un artículo en diversos medios europeos sobre la admisión del catalán como lengua oficial en la Unión Europea. La tesis del artículo es que el catalán es la lengua que cohesiona a los catalanes. No es cierto. La sociedad catalana es una sociedad en la que casi todos los ciudadanos conocen el español y, según los datos del gobierno regional, más del 55% de la población tiene como lengua materna el castellano y menos del 35% el catalán. Ambas lenguas son oficiales en toda Cataluña y debieran tener parecido tratamiento en sus instituciones y administraciones, pero no es así.
Los políticos nacionalistas han diseñado y aplican un proceso de sustitución lingüística que pretende reducir el uso del castellano. Por ejemplo, emplean prácticas totalitarias e hispanófobas en los centros educativos en los que utilizan el catalán como única lengua de enseñanza, llegando incluso a obligar a los profesores y al resto de la comunidad educativa a expresarse exclusivamente en este idioma. En un momento en que el catalán es prácticamente la lengua de uso normal y prácticamente único en las administraciones catalanas, es especialmente injusto que en un artículo de corte institucional (el señor Aragonès firma como presidente de la Generalitat) se apele a un falso victimismo para conseguir la oficialidad del catalán en Europa.
Son especialmente desafortunadas las referencias extemporáneas al “nacionalismo español excluyente”, al franquismo y las críticas a otros partidos españoles. Es cierto que en el siglo XVIII, se primó una política a favor del castellano, no solamente respecto a otras lenguas españolas, sino también en relación con el latín, que
seguía siendo usado en los tribunales. Esas políticas fueron similares a las que se desarrollaron en otros países europeos en la misma época. Es verdad que durante la práctica totalidad de la dictadura de Franco el catalán se trató como una lengua postergada -al no ser oficial-, pero no prohibida. Ahora bien, eso no justifica la pretensión monolingüe del nacionalismo catalán ni considerar como ataques a la lengua catalana las
legítimas aspiraciones de partidos políticos y entidades cívicas a unas instituciones y centros educativos bilingües.
Vistos los antecedentes, sería lamentable que el nacionalismo instrumentalizara el régimen lingüístico de la UE con el argumento de la “normalización” del catalán y lo utilizara para reforzar su plan de sustitución lingüística y la exclusión del castellano en Cataluña. Entendido así, es comprensible que por parte de algunos sectores exista resistencia a esa regulación.
Ello al margen de que no se puede obviar que la petición del nuevo estatus para el catalán y otras lenguas oficiales se realiza por el gobierno de España forzado por las exigencias de los partidos nacionalistas con los que se está negociando la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Lo anterior no tiene solamente relevancia política, sino también jurídica. El gobierno español en funciones, vulnerando lo que establece la Ley del gobierno, ha llevado a cabo una iniciativa política de enorme calado, como es la solicitud de modificación del Reglamento lingüístico de la Unión Europea. Esta ilegalidad podría contaminar también la legitimidad de la resolución que pudiera adoptar el Consejo.
No se puede obviar que la UE es una comunidad de Derecho y el respeto escrupuloso a 2 los procedimientos es uno de los principios esenciales del funcionamiento de sus instituciones. También es especialmente onerosa la alusión que se hace en el artículo a la mesa de diálogo para resolver el “conflicto de soberanía” entre el gobierno de España y de la Generalitat, creada como consecuencia de los acuerdos de investidura entre el señor Sánchez y los partidos nacionalistas de hace casi cuatro años. Esta mesa de diálogo es una anomalía constitucional y democrática, puesto que el gobierno de España no tiene legitimidad para negociar la soberanía de una parte del territorio nacional con un gobierno autonómico.
En definitiva, la petición de modificación del régimen lingüístico en la UE formulada por el gobierno español es contraria a la legislación interna española; responde a un proyecto nacionalista excluyente que pretende imponer el catalán como lengua única sobre una población que tiene mayoritariamente el castellano como lengua materna y se basa en una falsa reconstrucción del pasado con la que se intenta legitimar un proceso de sustitución lingüística.
Las lenguas han de ser instrumentos de comunicación y de realización personal. La ampliación de las lenguas oficiales de la Unión Europea debe ser valorada por sus instituciones europeas de manera ponderada, teniendo en cuenta los pros y los contras. En esa decisión no se puede obviar que la instrumentalización espuria que el nacionalismo catalán pretende realizar del uso oficial del catalán es contraria a los principios fundamentales de la Unión Europea. El artículo del Presidente de la Generalitat de Cataluña, Sr. Pere Aragonés, lo confirma.
